Opinar se volvió un grave delito en Venezuela
Hugo Mario Cárdenas López, reportero de El País.
Varios periodistas y directores de medios han sido
capturados por lanzar críticas contra el régimen. La
internet, en la mira.
La escalada de ataques contra los medios de comunicación
independientes y el derecho constitucional de opinar y
disentir en Venezuela, constituye, según analistas, una
reacción desesperada del presidente Hugo Chávez, “que ya ve
venir encima la horrible noche”.
A seis meses de las elecciones para el Congreso, donde por
primera vez tambalea el dominio absoluto que ha mantenido
sobre todas las instituciones del Estado, Chávez nunca se
había encontrado en una situación tan adversa.
Con un descenso histórico en su popularidad, que apenas roza
el 46%, el país se sigue resintiendo de graves heridas
sociales como la inseguridad, la tasa de homicidios, el
colapso del sistema eléctrico, la amenaza de
desabastecimiento de agua y el aumento vertiginoso del costo
de vida, derivado de la devaluación ordenada por a comienzos
de año.
Heridas sobre las cuales sus más connotados detractores han
hurgado desde los medios de comunicación, dedicados a
retratar una realidad que tiene fuera de su juicio al
Mandatario bolivariano, según lo señala el alcalde de
Caracas, Antonio Ledezma.
“No hay duda que Chávez con su talante autoritario cree que
los problemas de luz, el agua, la inseguridad y la salud son
creados artificiosamente por los medios. Por eso estas
medidas de intimidación y la lapidación de la libertad de
personas como Oswaldo Álvarez Paz, ex embajador en Colombia
y ex gobernador del estado Zulia, detenido por decir en
televisión que la administración Chávez viola los derechos
humanos, lo que revela el nerviosismo y el miedo del
Gobierno”, señala Ledezma.
Imagen internacional
Igualmente, esta semana fue capturado por el delito de
“conspiración, instigación pública a delinquir y difusión de
información falsa”, Guillermo Zuloaga, presidente del canal
Globovisión, por criticar el Gobierno durante la reunión de
la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, y está detenido
el periodista Gustavo Azocar, crítico de Chávez, quien es
juzgado en San Cristóbal.
Se suma a todo ello el intento por despojar al congresista
Wílmer Azuaje de su inmunidad parlamentaria, también por
disentir del presidente de Venezuela, Hugo Chávez.
"La oposición tiene que actuar en democracia y el
gobierno, en dictadura. El Gobierno puede opinar lo
que quiera, pero la oposición la satanizan y sobre
ella se ejerce el terrorismo judicial”. Alberto F.
Ravell, ex gerente del canal Globovisión. "A los
opositores nos quieren desarmar el ánimo, pero no
nos van a extinguir el coraje ni la voluntad de
triunfar en septiembre, por lo que es importante que
se siente la voz de la comunidad internacional”.
Antonio Ledezma, Alcalde de Caracas. El informe de
la SIP concluyó que la prensa independiente enfrenta
un inminente peligro de colapsar y desaparecer ante
el sabotaje económico del gobierno de Chávez. |
Para el columnista Roberto Giusti, del diario El Universal
de Caracas, hay otras razones por las que el Gobierno, para
evitar seguir cayendo en las encuestas, “trata de silenciar
las críticas y termina es agudizando el proceso de
descomposición de la administración Chávez”, que afronta un
escándalo por presunto apoyo a las Farc y al grupo vasco
ETA.
“Tras el golpe de Estado del 2002, Chávez, por un error
tremendo de algunos sectores civiles y militares, se
convirtió, sobre todo para los europeos, en el salvador de
la democracia venezolana, lo que no era cierto. Ahora están
viendo cuál es la naturaleza del régimen de Chávez, a quien
creían el campeón de la justicia social y el adalid del
antinorteamericanismo. Ahora ven que la mal llamada
revolución bolivariana es represión, miseria, crisis e
ineficacia”, dijo Giusti.
Estrategias
Pero los ataques no han sido sólo contra personas. El
gobierno de Hugo Chávez se las ha ingeniado para asfixiar
económicamente las empresas y trata de impedir la
conformación de redes sociales a través de la internet.
Tal como lo denunció la SIP hace una semana, “el gobierno de
Chávez hace desaparecer los anunciantes privados mediante
expropiaciones ilegales y estatización de importantes
empresas”, para que nadie paute en los medios de
comunicación que son críticos y llevarlos a la quiebra.
Así mismo, “devalúa el llamado bolívar fuerte y utiliza el
control oficial de cambio de divisas para limitar el
otorgamiento de dólares necesarios para el papel y otros
insumos para periódicos, que no se producen en Venezuela y
cuyo precio ahora es el doble como resultado de la
devaluación”.
El ex gerente del canal Globovisión, la mayor piedra en el
zapato de la revolución bolivariana, Alberto Federico Ravell,
dijo que en Venezuela se puede opinar, “pero se debe pagar
un precio muy alto”.
“Lo más grave de todo es la autocensura. El Gobierno está
amedrentando a los medios de comunicación con una pistola en
la cabeza diciéndoles: ‘pórtate bien o te quito la concesión
o pórtate bien o te meto preso a tu director, como está
ocurriendo”, le dijo Ravell a El País.
La más reciente polémica se centró en el deseo manifiesto
del presidente Hugo Chávez por hacer aprobar una ley que le
permita al Estado ejercer control sobre los contenidos de
internet.
Precisamente, muchos sectores de opinión en Venezuela
advirtieron que ese fue el propósito con el que llegó a
Caracas hace algunos meses el general cubano del G2 Ramiro
Valdés, para tratar de controlar el “foco de perturbación”
que ha encontrado el Gobierno en internet.
No obstante, Ravell señala que Venezuela está cada vez más
cerca de un régimen democrático y más distante del modelo
cubano porque el presidente Chávez perdió el discurso, la
capacidad de convocatoria y está perdiendo en todas las
encuestas.
Lo propio ocurre, según analistas, en el plano internacional,
toda vez que a raíz de las últimas medidas antidemocráticas
y su afán por silenciar a la oposición se ha levantado una
gran ola de organismos internacionales como la OEA, la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, Reporteros sin Fronteras
y Human Rights Watch que están advirtiendo al mundo una
práctica que ya no existe en las democracias del mundo: el
delito de opinión.
Excepto en regímenes totalitarios como Cuba, Irán y
Bielorusia, cuyas dictaduras mantienen estrecha relación con
el Gobierno venezolano.
Caso Zuloaga
A Guillermo Zuloaga, gerente de Globovisión, le ordenaron la
captura por decir en la reunión de la Sociedad
Interamericana de Prensa, SIP, que en Venezuela existe el
delito de opinión.
Diputados afines al presidente Hugo Chávez aseguraron que el
Gerente de Globovisión traicionó la patria.
ONG internacionales dice que se creó una misión para
reprimir y sancionar las voces críticas