La delincuencia, el próximo gran problema de Chávez

Mary Anastasia O'Grady

Hugo Chávez reaccionó con indignación hace diez días cuando el periódico venezolano El Nacional publicó en primera plana una fotografía de una caótica escena de 12 cuerpos desnudos, desparramados en la morgue de Bello Monte en Caracas.

Pero su ira no estaba dirigida a los administradores de la morgue o a los responsables de la seguridad pública en la ciudad, ya que los muertos podrían ser en su mayoría víctimas de asesinato encontradas en las calles.

Chávez estaba furioso con el periódico. Inmediatamente comenzó a atacar a la prensa en general por sus recientes reportajes sobre la violencia en Venezuela, la cual ha alcanzado proporciones épicas. Un tribunal controlado por Chávez pronto emitió un fallo prohibiendo la publicación de imágenes tan gráficas. Luego de una protesta internacional por la censura, el fallo fue enmendado y dirigido únicamente a El Nacional y a otro periódico.

Es una reacción interesante de parte de un hombre fuerte que ha nacionalizado grandes porciones de la economía y tomado el control del congreso, el sistema judicial y el consejo nacional electoral. Chávez es capaz de privar a sus oponentes de sus derechos de propiedad, del debido proceso y de la libertad de expresión, y con éste poder ha logrado efectivamente amordazar a la mayor parte de la disensión. Algunos de sus adversarios están en prisión; muchos han sido inhabilitados para participar en elecciones.

Entonces, ¿por qué causaría alarma una foto de la morgue? Tal vez porque al acercarse las elecciones legislativas del 26 de septiembre, el tema de la delincuencia en los barrios pobres podría reavivar la sensibilidad de los votantes.

Aunque el gobierno ha dejado de publicar estadísticas oficiales sobre crímenes violentos, el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), una organización no gubernamental, ha dicho que se cometieron alrededor de 16.047 asesinatos en 2009. La cifra supera con holgura los 14.589 registrados en 2008 y los 4.550 en 1998, el año en que Chávez fue electo por primera vez.

Ahora resulta que OVV puede haber subestimado la gravedad del problema. El viernes, El Nacional reportó que obtuvo un reporte filtrado por el propio Instituto Nacional de Estadísticas del gobierno, que muestra que 19.113 venezolanos fueron asesinados en 2009. Usando los estimados de población de Venezuela de finales de 2009 del Departamento de Estado de Estados Unidos, eso se traduce en 67 muertes por 100.000 habitantes. (Las cifras de asesinatos en EE.UU. en 2008 del Departamento de Justicia muestran a 5,4 muertes por 100.000 habitantes).

Chávez no puede distanciarse de esta realidad. Poco tiempo después de llegar al poder en 1999, el presidente le dijo a la nación que el robo por parte de los pobres podría ser justificado, y desde entonces se ha vuelto famoso por usar una retórica que fomenta la envidia y el odio en el país. El tráfico de droga también ha prosperado bajo su mandato mientras las fuerzas de seguridad y los tribunales han colapsado. OVV indica que en 91% de todos los casos de homicidio cometidos en 2009 no ha habido arrestos.

El informe del Instituto Nacional de Estadísticas al que tuvo acceso El Nacional también indica que casi 16.000 de las victimas en 2009 provenían de los estratos socioeconómicos más bajos, la principal base de apoyo político de Chávez.

Reportes que he recibido de Caracas indican que los pobres, particularmente las mujeres, comienzan a relacionar al chavismo con su miseria y comienzan a escuchar a la oposición. Si esto es así, no sería descabellado esperar que el Partido Socialista Unido de Venezuela de Chávez experimente un revés en elecciones libres y justas.

Por supuesto que esto es mucho pedir ya que el sistema electoral está amañado. Las misiones internacionales, desde la Organización de Estados Americanos hasta la Unión Europea, no han sido autorizadas para observar el proceso electoral, y desde 2003 Chávez ha impedido las auditorias del registro electoral.

Una "reforma" del sistema electoral liderada por Chávez el año pasado ha intensificado un problema existente de que algunos votos acarrean más peso que otros. Por ejemplo, el escasamente poblado estado Amazonas, que tiene una gran dependencia de dádivas del gobierno y donde es difícil monitorear el fraude, ahora obtiene un escaño "proporcional" por cada 43.000 votantes. El estado antichavista de Zulia obtiene uno por cada 700.000 electores.

El gobierno también controla casi todas las estaciones de televisión y puede forzar a las pocas estaciones privadas a transmitir sus mensajes. Según la asociación de monitoreo electoral, Súmate, durante el primer semestre de éste año Chávez permaneció en televisión un promedio de tres horas al día.

También existe la intimidación. El encuestador venezolano Alfredo Keller señala que según sus sondes, más de 40% del electorado cree que su voto no es secreto. Con tanta gente dependiendo de trabajos de gobierno, es probable que esta percepción genere un efecto, de la misma manera que las amenazas de Chávez de que si su partido tiene un mal desempeño en las elecciones, se pagará caro.

Enfrentando las mismas posibilidades en 2005, la oposición optó por boicotear las elecciones para diputados y los aliados de Chávez obtuvieron todos los escaños. Ahora, la oposición ha decidido competir con el torcido sistema. Se ha unido en gran parte para apoyar a candidatos antichavistas y espera que una población hambrienta de cambio pueda defender sus derechos electorales el día de las elecciones.

Los críticos dicen que estos candidatos quijotescos están legitimando una estafa. Tal vez tengan razón, pero la reacción de pánico del gobierno ante las publicitadas cifras de crimen es muy elocuente. En algún momento, en las elecciones o en otro momento, Chávez sabe que tendrá que enfrentar la derrota de su revolución.