Guy Sorman
Paris

Se llaman Rizgan Amin, Ary Shaheen y Raed Juni. Son los jueces iraquíes que juzgaron a Saddam Hussein y lo condenaron a muerte, conforme a las leyes de Irak. Cualquiera que sea nuestra opinión respecto del proceso y su desenlace, estos hombres han mostrado un coraje físico y moral poco común. Encararon a Saddam sin vacilar, delante de las cámaras, arriesgando su vida y su honor.

Por largo tiempo, los asesinos a sueldo los acecharán. Otros procurarán denigrarlos tildándolos de lacayos de Estados Unidos. Sin embargo, si nos atenemos a las imágenes vislumbradas por televisión, esos jueces no parecían temer a nadie ni estar a sueldo de nadie. Se diría que esos magistrados impasibles estaban fundando un nuevo orden, un Estado de Derecho.

¿Sus nombres figurarán mañana en los manuales escolares iraquíes entre los fundadores de una nueva república? Es posible. Las guerras no son eternas, lo peor no siempre es inevitable, ni aun en Irak. Un día, los historiadores se abocarán a reconstruir una historia de Irak coherente y lineal: la colonia británica, la monarquía parlamentaria, la dictadura y, finalmente, la república. En esa historia futura, la muerte del dictador aparecerá como el sacrificio fundacional de la nueva república, así como, en 1958, la muerte del rey fue el sacrificio fundacional de la dictadura.

Sin duda, más allá del Estado de Derecho, los jueces iraquíes pensaron en esa sangre derramada que, en todas las civilizaciones, cierra una época para abrir otra. Más allá del derecho, hay que tener en cuenta que, para esos jueces, la muerte de Saddam fue una necesidad histórica. Tal vez, dentro de Irak, hasta fue indispensable para que los soldados de la guerra civil comprendieran que los tiempos habían cambiado de veras.

Fuera de Irak, los comentaristas pocas veces o nunca repararon en estas circunstancias históricas y locales. Me refiero en especial a los norteamericanos y europeos, numerosos pero no mayoritarios (los sondeos sobre la muerte de Saddam arrojaron resultados más bien aprobatorios), que impugnaron el proceso y reprobaron la ejecución.

El proceso habría sido invalidado por la presencia de un ejército extranjero. Habría sido apresurado porque Saddam no tuvo tiempo para responder por todos sus crímenes. Habría debido celebrarse ante un tribunal internacional. Adoleció de imperfecciones jurídicas que en Estados Unidos habrían determinado su anulación. En vez de Saddam, se debería haber juzgado a los gobiernos que ayer lo proveyeron de armas: el francés, el alemán, el norteamericano, el saudita.

Y bien, todas estas críticas son fundadas. Nadie pone en duda los cargos contra Saddam. Nadie niega que hizo ejecutar a 148 pobladores de Dujail porque eran chiitas. Nadie niega que eso fue un genocidio. Nadie discute que Saddam y sus abogados tuvieron tiempo de sobra para defenderse y defenderlo en público.

Por tanto, nadie debería discutir que el solo hecho de que ese proceso se haya llevado a cabo en un Irak en guerra, pese a la presencia de tropas extranjeras, ha sido un avance espectacular en materia de derecho, sin precedente en el mundo árabe.

El verdadero interrogante que afrontaron los iraquíes fue si debían anteponer la búsqueda de la perfección jurídica a la promoción del Estado de Derecho, pese a las condiciones adversas. Así lo vieron, y no de un modo más teórico, porque, en Bagdad, éstos no son tiempos para dejarse llevar por los estados de ánimo.

Los comentarios idealistas desde Europa y Estados Unidos me recuerdan esta frase de Charles Péguy: "Los moralistas tienen las manos limpias porque no tienen manos".

¿Cuantos critican despectivamente el proceso y la ejecución de Saddam son, en verdad, moralistas y tienen las manos tan limpias? Lejos de ello. En este bando, hay quienes odian a Bush o a Estados Unidos hasta tal punto que cualquier hecho atribuible a Bush, ya sea en forma directa o indirecta y remota, les parece de por sí condenable. Para estos opositores a la intervención norteamericana en Irak (tienen derecho a serlo y yo lo fui desde el primer día) y a toda intervención de Estados Unidos en los asuntos mundiales (aquí discrepamos), la ejecución de Saddam simplifica el debate.

Ya no necesitan entrar en discusiones bizantinas; basta recordar que, por principio, se oponen a la pena de muerte. La controversia se agota al imponerse los principios. Es un triunfo no negociable, un dulce pasaje de la realidad compleja al simbolismo puro. En París, Le Monde , el diario de los partidarios del orden establecido, proclama en su editorial: "Por principio, nos oponemos a la pena capital". Un principio no se negocia. Olvidemos, pues, a estos iraquíes complicados y sus circunstancias.

En el otro extremo del planeta, descubro un comunicado del gobierno argentino en el que condena la ejecución de Saddam invocando "los derechos humanos" y, al mismo tiempo, condena los crímenes que él cometió "invocando esos mismos derechos humanos".

Para ese gobierno que, hasta ahora, nunca se había interesado por Irak (pero cuyo antinorteamericanismo es un negocio), los derechos humanos de Saddam equivalen, pues, a los de sus millones de víctimas. Esta extraña equivalencia moral habría colocado en un mismo nivel a Stalin y las víctimas del gulag, a Hitler y las víctimas del Holocausto. Hay casos en que la hostilidad a Estados Unidos cae en la estupidez.

(Si quisiera caer en el debate fácil, les recordaría a ese gobierno y a cuantos dicen oponerse "por principio" a la pena capital que en China hay cuando menos diez mil ejecuciones por año -por lo general, sin proceso ni abogados- en medio de un silencio ensordecedor. Soy el único que firma peticiones sobre esta cuestión.)

¿Era preciso ejecutar a Saddam Hussein? Personalmente, habría preferido que lo condenaran, a perpetuidad, a exhumar los cuerpos de las fosas comunes y enterrarlos, con sus propias manos, conforme al rito islámico que él reclamó al final de su vida. Pero no soy iraquí, mi familia no fue exterminada por Saddam, no estoy en guerra y no puedo decidir en nombre de los iraquíes. Antes de juzgarlos desde nuestra cómoda posición, tratemos de comprenderlos.


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Tomado de La Nacion
Traducción: Zoraida J. Valcárce.
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