ADOLFO RIVERO CARO

La lucha por los derechos humanos ha sido una de las banderas políticas más importantes de los últimos 50 años. Aunque hayan sido una de las características esenciales de la civilización occidental, los intentos alemanes de genocidio durante la Segunda Guerra Mundial impulsaron la conveniencia de que la nueva organización mundial dejara formalmente establecidos esos derechos como universales. Posteriormente, el proceso de descolonización trajo muchas decenas de nueva naciones a la organización de las Naciones Unidas. La mayoría no estaba preparada para la democracia. Eso significó que en Naciones Unidas iba a haber una mayoría de estados no democráticos y sin ningún compromiso cultural con los derechos humanos universales. Esto le facilitó un enorme respaldo político a Rusia y a su vasto imperio mundial comunista. Sin embargo, nadie se atrevió a desafiar los principios mismos de los derechos humanos. Y, cuando estos cobraron una particular importancia política tras los acuerdos de Helsinki de 1975, la disidencia de los países comunistas los levantó como bandera.

En esta lucha, la disidencia esgrimió fieramente los principales derechos políticos. Uno de los derechos fundamentales, sin embargo, se utilizó relativamente poco. Se trata del artículo 17 de la Carta: ''Toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectivamente'', y ''Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad''. Recientemente, mi amigo Ricardo Bofill me decía que habíamos hecho poco énfasis en este derecho fundamental. Hemos protestado contra abusos tan dolorosos como quitarles a los que se van de Cuba sus anillos de compromiso y otras prendas personales, pero no hemos destacado suficientemente lo que significa quitarle una empresa a su legítimo dueño. Protestar contra la violación de la propiedad de los medios de producción parece una reivindicación menor y hasta un tanto mezquina. Pero, aunque comprensible, se trata de un grave error. No es un fenómeno casual.

La propiedad privada ha perdido su respetabilidad intelectual desde hace un siglo. Esa tendencia empezó a principios del siglo XIX pero, con la publicación del Manifiesto comunista (1848) la guerra contra la propiedad privada se hizo pública, y respetable. Según Tom Behell --autor de The Noblest Triumph, Property and Prosperity thorough the Ages-- inicialmente la guerra contra la propiedad privada se disfrazó como subestimación. En los 12 tomos del estudio de la historia de Toynbee, por ejemplo, la idea de la propiedad privada no juega ningún papel importante. A mediados de los años 30, en Estados Unidos no se pensaba que los derechos de propiedad merecieran protección constitucional. El profesor Richard Pipes de Harvard reportó que para los años 80, casi no había habido trabajo empírico ni teórico sobre la psicología de la posesión aunque, desde un siglo antes, William James había dicho que las implicaciones psicológicas de la propiedad eran considerables. En el t erreno de la economía, los populares libros de Paul Samuelson y otros ignoraban las cuestiones sobre la propiedad o las relegaban a un párrafo bajo la increíble rúbrica de ''ideología capitalista''. En efecto, todo era parte de la ola anticapitalista que recorrió buena parte del siglo XX y cuyos efectos culturales seguimos sufriendo.

La propiedad privada siempre ha estado indisolublemente vinculada con la libertad política. Desde las formas más antiguas de monarquía --como en el Egipto faraónico, por ejemplo-- hasta el siglo XVIII en Europa occidental, la tierra era propiedad del rey, que la concedía en usufructo. Y lo mismo era válido para la monarquía absoluta de Francia y la de España. La excepción fue Inglaterra. Fue la Carta Magna en 1215 dC la que estableció el derecho de los barones a su propiedad. Y el principio fue irradiando a todo el resto de la sociedad. De ahí que fuera la cuna de nuestras libertades.

Ha sido una ilusión anticapitalista que las nacionalizaciones sean ''progresistas'' y ''revolucionarias''. En realidad no son sino un retroceso a formas antiquísimas de propiedad estatal para beneficio de unos pocos privilegiados. Y también pueden ser el inicio de una dictadura totalitaria, como parece ser el caso de Chávez en Venezuela. Atención. Muchos gangsters han descubierto que es mejor asaltar un país que asaltar un banco. Los trabajadores de las empresas amenazadas de ''nacionalización'' deben movilizarse para combatir esas pretensiones. Esa lucha, sin embargo, también tiene que ser cultural. No podemos estar de acuerdo con las ideas de Chávez y luego lamentar sus consecuencias.

Las grandes batallas del futuro pudieran estar donde menos lo imaginamos. Es interesante que en Cuba la disidencia esté discutiendo la conveniencia de que los trabajadores por cuenta propia se organicen en grupos o cooperativas de ayuda mutua y autodefensa amparados en el artículo 17 de la Declaración universal. El Partido Obrero Campesino, radicado en Manzanillo, dirigido por Alberto Moreno Fonseca, ha planteado la realización de un congreso campesino en diciembre del 2007 dirigido a presentarle a la nación las demandas del campesinado. El derecho a la propiedad privada constituye un elemento fundamental de sus reivindicaciones. Esta iniciativa cuenta con el apoyo de Antonio Alonso, el presidente de la Alianza Nacional de Agricultores Independientes de Cuba. Algunos disidentes, por su parte, están incorporando las violaciones al artículo 17 a sus denuncias sobre las violaciones de derechos humanos que se presentan en Ginebra. Todo esto es alentador. Hoy, como ayer, la lucha por la propiedad privada es parte indisoluble de la lucha por la libertad.