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El actor Héctor Bonilla aparece en spots de TV en los que afirma que no pertenece a partido político alguno, pero llama a votar por el de la Revolución Democrática y (aunque no lo dice explícitamente) por el seguro candidato presidencial izquierdista Andrés Manuel López Obrador. Que bueno que el ciudadano Bonilla pueda expresar sus opiniones políticas en televisión, porque al resto de los ciudadanos ese derecho nos fue conculcado con la reforma electoral de 2007. Pronunciarse sobre asuntos políticos en radio y TV es un privilegio que se reservaron para sí los integrantes de la clase política. En México, aunque los politicastros se llenen la boca de palabrería sobre igualdad, no todos somos iguales ante la ley de lo cual ellos se han encargado. Unos, los políticos profesionales (con cargo a los contribuyentes) -que no representan ni el 0.001% de la población- pueden opinar en radio y televisión; los demás no podemos, aunque queramos hacerlo mediante la compra de espacios en los medios. Dicho de manera llana: en México hay ciudadanos de primera y una abrumadora mayoría de ciudadanos de segunda. Y eso no ocurre en un país verdaderamente libre y democrático. ¿Y cómo le hace el ciudadano Héctor Bonilla, quien dice no pertenecer a ningún partido político, para eludir la prohibición que pesa sobre nosotros los casi 85 millones de inscritos en el padrón electoral que no somos políticos profesionales? Mediante el fraude a la ley. Esto es, usando la ley para violar la ley, con chicanas, práctica tan cara a los políticos profesionales y especialmente a los políticos izquierdistas. El espíritu de la reforma electoral liberticida es la exclusión de quienes no pertenecen a las burocracias de los partidos políticos y particularmente a sus núcleos duros oligárquicos. Y esta prohibición se elude mediante el uso de los tiempos que los partidos tienen para difundir sus mensajes y la aparición al final del spot del logo del tramposo instituto político. Obviamente el ciudadano-sin-partido Bonilla se presta a este fraude a la ley, y su falta es triple por cuanto: Ø Su presencia no sirve para abrir el espacio a que se expresen otros ciudadanos, a menos que se presten a un fraude por el estilo y para apoyar a un partido defraudador. Ø Se hace pasar por ciudadano-sin-partido cuando la única manera en que el podría haberse expresado, en el espíritu de la ley vigente, es porque es parte de la oligarquía que excluye a los demás de la expresión política en radio y TV: Ø Porque llama a votar por uno de los partidos que aprobaron la reforma liberticida de 2007 (sólo Nueva Alianza votó en contra). De modo que el señor Bonilla es cómplice de la conculcación de la libertad de expresión de la inmensa mayoría de mexicanos. Ante este fraude no cabe pedir que se calle al señor Bonilla o dicho coloquialmente: ¡o todos coludos o todos rabones! No. Ese es precisamente el error moral de los izquierdistas, el pretender igualar mediante el hacha. No queremos que callen al señor Bonilla ¡exigimos para todos el mismo derecho que él ejerce! Por lo demás, la actuación señor Bonilla resulta consistente con lo que todo izquierdista es: un enemigo absoluto de la libertad…de los otros, por supuesto. Pues como ya lo dijo el mayor genocida de la historia, el camarada Mao (según la magistral biografía de Jung Chang): se niega la libertad a los demás, no a uno. Pero la participación del señor Bonilla en el fraude perredista a la ley, es sólo un ángulo de esta trama. Otro especialmente importante es la actuación de los consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE). El fraude a la ley en que incurre el PRD es doble, porque por un lado presenta a un “ciudadano” sin partido real o ficticio cuando no hay lugar en los spots para ello, sino sólo para los partidos políticos registrados y sus candidatos. Pero tampoco hay espacio para organizaciones que no sean el propio partido. En los spots en cuestión antes del logo del PRD aparece el de “Morena”, el ridículo y racista acrónimo del Movimiento de Renovación Nacional, organización de incondicionales de López que está registrada como una asociación civil y no como un partido político. Investigar y actuar de oficio contra este tipo de maquinaciones es parte de las obligaciones de los consejeros, convertidos en censores tan celosos como Torquemada por la reforma liberticida de 2007. Pero como los consejeros, todos ellos, empezando por el izquierdista Leonardo Valdés son demasiado hipócritas, siempre usan dobles raseros. En 2008, cuando las hordas fascistas de Andrés López cercaron el Senado de la República para impedir la discusión de la iniciativa de reforma de Felipe Calderón en materia energética, grupos ciudadanos expresaron su punto de vista sobre el tema mediante la compra de espacio en TV parta difundir spots. Ante ello y más raudos que hienas que huelen sangre, los consejeros del IFE actuaron de oficio contra esos ciudadanos que ¡oh pecado! ejercieron pacíficamente su derecho a expresarse mientras las turbas de López intimidaban a los legisladores. Los liberticidas del IFE impusieron una multa de ¡3 millones de pesos! (unos 200 mil dólares) a Guillermo Velasco, uno de los ciudadanos que osaron expresarse libremente y que fue el responsable de contratar el tiempo en TV. El caso ahora está en manos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Cabe insistir. No queremos que castiguen a Bonilla por confabularse con el PRD para cometer fraude a la ley. Ya sabemos que Bonilla no será castigado, pero tampoco tiene porqué serlo Guillermo Velasco, ni ningún ciudadano por ejercer su derecho a la libertad de expresión. Además, la reforma liberticida de 2007 debe ser abrogada cuanto antes o cuando menos esperemos no podremos expresarnos ni aquí, en Internet. |