Si entre 2000 y 2011 el gasto público en general en el país creció en un 77% en términos reales (descontada la inflación) y el gasto específico de los estados aumentó en 83%, el correspondiente a los municipios se fue hasta el 108% entre 2000 y 2010.

El crecimiento del dispendio fue mucho mayor en los municipios de ocho estados (Yucatán, Coahuila, Quintana Roo, México, Zacatecas, Tlaxcala, Oaxaca y Veracruz), todos ellos gobernados por el PRI:

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Por lo que hace a los rubros de gasto, las erogaciones que más crecieron en los municipios fueron: el servicio de la deuda pública (279%), obra pública (152%) y los servicios personales (115%). Estos últimos en el nivel municipal aumentaron considerablemente en comparación con los estatales (51%) y superaron el crecimiento de los subsidios (99%), que en el nivel estatal subieron 115%.

El aumento de los gastos personales tiene que ver con la expansión de la burocracia municipal para aumentar el número de operadores políticos, pero sobre todo con el servirse con la cuchara grande a la hora de pagarse salarios. Conocidos son los sueldos exorbitantes que los presidentes municipales se han asignado a sí mismos y a sus incondicionales, en años recientes.

El caso más indignante es el del alcalde priista de Tlalnepantla, México, Arturo Ugalde Meneses, quien se asignó un sueldo mensual de 750 mil pesos, cuando que el sueldo del Presidente de la República es de 232 mil.

Por eso el servicio de la deuda de los municipios subió entre 2000 y 2010 en un 279% en términos reales y su deuda alcanzó para marzo de 2012 los 44,859 millones de pesos.

De esa deuda el 58% corresponde a sólo 5 estados: Jalisco, México, Nuevo León, Baja California y Veracruz. Asimismo, 10 de los 960 municipios que están endeudados, acaparan la tercera parte del total: Guadalajara, Tijuana, Monterrey, Zapopan, Benito Juárez, Nuevo Laredo, León, Mexicali, San Nicolás de Los Garza y Tlaquepaque.

Este endeudamiento responde tanto a la corrupción (expansión de obra pública a precios inflados con las respectivas “comisiones”), como a la ferocidad al alza de la competencia política.

De mantenerse el ritmo de gasto público local, en una década el Estado mexicano requerirá apoderarse del 36% de los ingresos de los contribuyentes, como es el promedio en la OCDE. Eso significará que los contribuyentes de mayores ingresos serán despojados de cuando menos el 60% de lo ganado con su esfuerzo.

Es iluso suponer que la clase política por iniciativa propia se auto-contendrá en esta orgía de dispendio. El Congreso Local de Michoacán acaba de aprobar un aumento de más del 50% en el endeudamiento y el año pasado los socialistas de la Suprema Corte de Justicia rechazaron el tímido intento del congreso de Tamaulipas por limitar los salarios de los alcaldes. Sólo la resistencia de los contribuyentes frenará el colosal atraco en progreso.