Acabemos con la gran estafa
del seguro social

El IMSS en lugar de ser una institución al servicio de los asegurados que la sostienen, opera -por el contrario- al servicio de sus propios empleados, a costa del bienestar de los asegurados.

Los sistemas de seguridad social, dicho sea de manera simplificada, tienen dos componentes principales: la atención médica y el retiro. Y presenta dos pecados originales: primero, en lugar de que el aseguramiento sea producto de un acuerdo voluntario entre los involucrados como corresponde en una sociedad libre, es producto de la coacción del Estado, el cual además administra el sistema; segundo, pretende dar contraprestaciones iguales a todos, independiente de la aportación de cada beneficiario.

Esto ha ido cambiando en México y en el mundo, como resultado de la revolución pensionaria que se inició en Chile. Desde 1992, con la creación del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) se ha ido abriendo paso un sistema de cuentas individualizadas, conforme a la cual cada individuo dispondrá al final de su vida de un ingreso según se haya esforzado y ahorrado.

Pero aún hay pagos a jubilados y pensionados según el viejo esquema, según la ley del IMSS de 1973. Pero además ha persistido el sistema estatal de atención a la salud a través del IMSS (y del ISSSTE para los burócratas).

Aunque en general se fueron desvinculando el retiro y los servicios médicos (el Seguro Social fue derivando en mero servicio médico), en el caso específico de la relación del IMSS con sus empleados, el retiro depende de las finanzas de la institución (el pago de las jubilaciones y pensiones que hacía el IMSS a los pensionados que no son sus empleados, es un pasivo asumido por el gobierno federal que ya no figura en la contabilidad de la institución).

En 2011 el IMSS gastó 274,379 millones de pesos. Ese gasto se financió con las cuotas obrero-patronales que aportaron 187,851 millones de pesos (68.39% del total), con la “aportación del gobierno federal” (¡por Dios, cual aportación del gobierno, es de los contribuyentes al fisco!) de 54,702 millones de pesos (19.92% del total) y el resto tiene fuentes diferentes a las dos anteriores.

Los 274,379 millones de pesos se gastaron así (cifras en millones de pesos):

Fuente: IMSS; Informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión sobre la situación financiera y los riesgos del Instituto Mexicano del Seguro Social 2011-2012; en: http://www.imss.gob.mx/estadisticas/Documents/20112012/informecompleto.pdf

Si se suman la nómina de los empleados del IMSS en activo, los pagos a los ex trabajadores que ahora están jubilados y pensionados y los recursos que deben destinarse a un ahorro para en el futuro pagar a un número mucho mayor de jubilados de la institución (el tercer concepto en la tabla), resulta que los costos laborales absorben el 62% del gasto.

En cambio, para medicinas y materiales de curación se destina el 14.3% del gasto, porcentaje menor al del pago de jubilados y pensionados de la propia institución. Esas es una de las causas de la crónica escasez de medicinas.

Ahora bien, en apariencia las finanzas del IMSS no andan tan mal, parecen estar balanceados los ingresos con los egresos. Pero no es así. Lo que pasa es que del cálculo se excluye el pago de los jubilados y pensionados que no fueron empleados del IMSS. En 2011 las personas en tal calidad fueron 2,660,200 y recibieron 106,712 millones de pesos ("pensiones en curso de pago" según la ley del IMSS de 1973), dinero proveniente del bolsillo de los contribuyentes (Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011).

Si esa cantidad se considerara, como debería ser, en las finanzas del IMSS, éstas tendrían un déficit de más de 100 mil millones de pesos. Para que no lo existiera, el costo laboral tendrá que reducirse a cuando menos la mitad de su monto actual. Pero lejos de eso, lo que los priistas y demás políticos estatistas quieren es aumentar las cuotas obrero-patronales, es decir, exprimir más a quienes se suponen son los beneficiarios del IMSS.

Para dar una idea de cómo el IMSS está orientado a sostener los privilegios de la minoría, que son sus empleados, considérese primero el salario anual promedio de cada uno de ellos: 443,006 pesos, que resulta de dividir el monto total de la nómina (125,924 millones de pesos) entre el número de empleados (284,249). Su salario promedio en 2011 fue cinco veces el salario promedio (90,155 pesos al año) de los asegurados que cotizan al IMSS.

Asimismo, el pago anual que a cada ex empleado del IMSS correspondió por concepto de jubilaciones y pensiones fue en promedio en 2011 de 189,663 pesos (que resulta de dividir 41,836 millones de pesos entre 220,581 jubilados y pensionados), el cual es casi cinco veces el monto del pago anual (40,114) que en el mismo año recibieron 2,660,200 pensionados y jubilados que no son empleados del IMSS.

Y, por cierto, el pago anual promedio de los jubilados y pensionados del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSTE) es 120 mil pesos: tres veces más que el de los pensionados y jubilados que no son empleados del IMSS. Esto termina por demostrar como el sistema estatal de seguridad social está diseñado para favorecer a minorías organizadas -que utilizan la violencia del Estado- a costas del bienestar de la mayoría desorganizada.

Y ni que decir de otros privilegios de los que los empleados disfrutan. Mientras que la mayoría de los empleados en el país se retiran a los 65 años de edad, los del IMSS lo hacen a los 52 años.

Problema adicional es que de mantenerse el esquema actual, en 10 o 12 años más del 100% de los ingresos del IMSS se destinaran a pagar la nómina y a los jubilados y pensionados: ¡no habrá ni un peso para medicinas!

El IMSS es un hoyo negro de recursos de los asegurados y los contribuyentes, que les representa una pésima relación costo-beneficio, muy por debajo de lo que podría obtenerse si por la misma cantidad de dinero el servicio médico fuera prestado por particulares.

Ante este hoyo negro, los kapos fiscales que fungen como líderes empresariales, proponen reformas superficiales para mantener en esencia el esquema de expolio. La propuesta que queda por debajo incluso ante las opciones consideradas por ex directivos del IMSS, quienes plantearon la posibilidad de despedir a todos los empleados, pagarles la liquidación según la ley laboral (no según el Contrato Colectivo que es muy oneroso) y recontratarlos bajo un esquema menos leonino para los intereses de los asegurados.

Pero ni siquiera esta segunda opción es la indicada. Lo que se requiere es suprimir al IMSS por completo y sustituirlo por un esquema privado que es el acorde a los intereses de los asegurados y a su derecho a la libertad de elección. El nuevo esquema y el proceso de transición hacia el mismo a partir del estado actual, debería tener las siguientes características indispensables:

1) Recuperar para los servicios médicos la esencia del sistema de retiro, es decir, basarse en cuentas individualizadas según la aportación de cada quien y la libertad para contratar seguros de gastos médicos y en general servicios con quien cada quien desee.

2) Declarar la quiebra del IMSS y no liquidar con dinero, lo que significaría una enorme erogación que terminarían por pagar los contribuyentes, sino mediante la entrega a los empleados de un parte de las instalaciones, equipos e inventarios de la institución. Esto es exactamente lo que procede cuando quiebra cualquier empresa y sus

activos son utilizados para el pago de liquidaciones. Una parte de los activos serviría para pagar a los jubilados y pensionados; otra parte de los activos podría ser vendida a los particulares. Los empleados que conservaran los activos podrían constituir empresas privadas de servicios médicos, para competir en el mercado por los consumidores.

3) Imponer temporalmente restricciones a las empresas de servicios médicos constituidas por ex empleados del IMSS, para impedir la creación de monopolios. Nos oponemos tajantemente a las políticas y organismos anti-"monopolios" porque no están orientadas contra los monopolios (concesiones exclusivas otorgadas por el Estado a sí mismo o a particulares), sino a combatir a las empresas que han tenido éxito en la competencia. Esas políticas no fomentan la competencia, sino la mediocridad, al penalizar el éxito en el mercado. Pero en este caso específico si procedería imponer restricciones temporales o de lo contrario se privatizaría un monopolio. Un monopolio así podría significar la materialización de las fantasías que los falsos anti-monopolistas gustan atribuirles a las empresas privadas, las cuales simplemente tienen una posición preminente en el mercado, debido a su alta competitividad. Cabe insistir en que las restricciones serían temporales.