Esclavos especializados

ANIMAL POLÍTICO/ MÉXICO, DF.

Es 25 de enero de 2009, y el ingeniero José Antonio Robledo Fernández habla por teléfono con su novia, mientras se estaciona frente a un servicio de autopartes en Monclova, Coahuila. Es originario de la capital mexicana, pero radica desde hace más de un año en esta ciudad norteña, donde labora para la empresa constructora ICA Flour Daniel.

José Antonio habla un perfecto inglés y tiene experiencia en encarpetado e instalación de antenas, aunque por el momento su responsabilidad es vigilar a las firmas subcontratadas por ICA en este municipio.

Trabajar en Monclova es una oportunidad para reunir dinero y poder casarse. Ignora sus peligros. Ignora que Los Zetas cobran aquí el llamado “derecho de piso” a la empresa que lo ha contratado, y desconoce, también, que algunos de sus compañeros son, en realidad, agentes del grupo delictivo.

Después de estacionar su Xtrail modelo 2004, José Antonio es abordado por tres hombres armados.

-¿Con quién trabajas? -pregunta uno.

-Con ICA -responde el ingeniero civil.

-Dame las llaves y súbete -le ordenan.

La llamada telefónica que José Antonio sostiene con su novia no se ha cortado y ésta escucha, además de esta breve conversación, los golpes que su pareja recibe.

Tres años y diez meses después, aún se ignora su paradero.

El ingeniero José Antonio Robledo Fernández es uno de las decenas de profesionistas y técnicos que, en los últimos cuatro años, fueron plagiados por el crimen organizado, sin razón aparente, sin buscar una compensación económica, y sin que se supiera de su paradero.

Se trata, en la mayoría de los casos, de ingenieros, pero también hay arquitectos, médicos, veterinarios.

Son, en otros casos, empleados de la industria de las telecomunicaciones raptados junto a su instrumental de trabajo, cuando efectúan comisiones en el norte del país, de acuerdo a las denuncias presentadas por sus mismas empresas. Y el común denominador de estas víctimas, aquello que las caracteriza, es su alta formación profesional.

 ‘NO ES CASUAL’ Tan sólo en 2011, la Comisión de Seguridad del Senado tomó conocimiento de una decena de estos casos, empezando por el de Alejandro Alfonso Moreno Baca, un joven de 34 años, ingeniero en sistemas, que desapareció el 27 de enero, cuando conducía por la autopista de cuota Monterrey-Nuevo Laredo; luego, diez más fueron documentados.

“El que desaparezcan personas capacitadas en esas áreas no es algo casual ni accidental -advierte Felipe González González, presidente de la Comisión de Seguridad del Senado y miembro de la de Defensa Nacional, entre septiembre de 2006 y agosto de 2012, justo el período en el que se decretó la guerra del gobierno contra el crimen organizado-; yo lo expresé en distintas reuniones de seguridad, cuando el Ejército y la Marina empezaron a descubrir antenas y sistemas muy sofisticados; estoy seguro que esos especialistas desaparecidos fueron obligados a desarrollar esa infraestructura.”

Efectivamente, en septiembre del año pasado, el Ejército desmanteló una red de telecomunicaciones del crimen organizado en Jalisco y otra en Coahuila, mientras que la Marina desarticuló una más en Veracruz, con 13 antenas activas, aunque el descubrimiento más significativo vino casi un año después de la desaparición de Alejandro Moreno Baca, el 12 de diciembre de 2011, cuando el Ejército descubrió una red clandestina de radiocomunicación al servicio del cártel de Los Zetas, con estaciones en Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, y que constaba de 167 antenas y 155 repetidoras, que enlazaban mil 450 radios, mil 300 celulares, mil 350 aparatos Nextel, todo controlado por 70 computadoras. Las antenas estaban instaladas en cerros y elevaciones de difícil acceso en la zona noreste del país, en algunos casos en puntos hallados a cinco días de marcha a pie, y se abastecían de energía a través de paneles solares.

Felipe González, que fungió como secretario de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, en el sexenio que concluye, y quien presidió la de Seguridad contra el Terrorismo del Parlamento Latinoamericano, abunda: “No veo yo cómo iba a ser algo casual (la desaparición de técnicos). Por ejemplo, ninguno de los ingenieros en sistemas desaparecidos fue hallado, pero el año pasado hombres armados detuvieron un autobús de pasajeros y obligaron a bajar a dos personas que dijeron trabajar en una empresa de sistemas; el problema es que no eran técnicos, sino cobradores, y ellos sí aparecieron rápidamente, aunque asesinados”.

 MáS, Y MáS, Y MáS En el año 2010, familias de víctimas de desaparición provenientes de todo el país crearon la organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fundec), que ha documentado, entre enero de 2007 y julio de 2012, un total de 256 personas desaparecidas involuntariamente en dicha entidad.

No se trata, sin embargo, de todas las víctimas reportadas en el estado, sino únicamente de aquellas que fueron secuestradas sin que se solicitara rescate y que no contaban con antecedentes penales o vínculos con la delincuencia organizada, es decir, “ciudadanos inocentes”.

En 2011, y ante la reiterada denuncia de casos en otras entidades de la república, Fundec se convirtió en Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (Fundem), que desde entonces ha tomado registro, además de las 256 víctimas de Coahuila, de 80 casos más en otros puntos del país.

De estos casos, se informó, 25% corresponde a profesionistas y el resto a empleados, comerciantes y obreros, todos en edad productiva.

Además del caso del ingeniero José Antonio Robledo, Fundec tiene documentadas, entre otras, las desapariciones involuntarias de la ingeniera industrial Dora Elba Solís Parrilla; de la mercadóloga Martha Dene Guerrero Guevara; del ejecutivo bancario Dan Jeremeel Fernández Morán (desaparecido por militares que, tras ser detenidos, fueron asesinados por un comando armado que ingresó a instalaciones judiciales para ejecutarlos, así como para liberar a nueve integrantes del Cártel del Golfo); del estudiante del Tecnológico de Saltillo, Antonio de Jesús Verástegui Escobedo y de su padre; de los veterinarios Isaías Uribe Hernández y Juan Pablo Alvarado Oliveros (cuyo rapto motivó al Senado a aprobar un punto de acuerdo para exhortar a las autoridades federales a apoyar en su búsqueda); del agente importador Víctor Adrián Rodríguez Moreno, así como del profesor de biología Javier Burciaga Vázquez y, diez meses después, de su hermano Luis Carlos.

Por otra parte, familiares de otros 25 profesionistas han reportado su rapto a manos de comandos armados lo mismo en Veracruz que en Colima, Guadalajara, Nuevo León y Zacatecas. Son arquitectos, ingenieros, técnicos de Pemex, especialistas financieros, médicos, abogados, de cuya desaparición reconoce tener noción Nelly Montealegre, fiscal federal para la Trata de Personas, “por notas que se han publicado”, aunque, con una sonrisa inocente, la joven funcionaria también admite no contar con una sola investigación al respecto.

 ‘LES ESTORBAN’ Es 27 de enero de 2009, han pasado 48 horas desde el secuestro del ingeniero José Antonio Robledo, y sus padres, Guadalupe Fernández y José Antonio Robledo Chavarría, ya han presentado denuncias en la capital de Coahuila y en el municipio de Monclova. Tres días más tarde lo harán también ante la Procuraduría General de la República.

El trato en cada oficina de gobierno es el mismo. “Hay mucha ineficiencia y apatía de las autoridades -dice Guadalupe-; en Monclova, incluso la agente del Ministerio Público nos da a entender que poco le importa la suerte de mi hijo”.

Pese a ello, en esos primeros días desde el secuestro, ahí están, “con la esperanza de regresar con nuestro hijo”.

Confían en que se trata de un plagio típico, creen que en cualquier momento recibirán una llamada exigiendo el pago de rescate, y esperan. Sin embargo, recuerda Guadalupe, llega un momento en el que, de forma abrupta, tenemos que salir de Monclova, el 5 de febrero de 2009, cuando los visita en su hotel Joaquín Benito del Ángel, jefe de seguridad de ICA en dicho municipio, acompañado por dos sujetos que afirman ser integrantes de Los Zetas en la región.

“Nos dijeron que no fuéramos a la Policía (al día siguiente teníamos pactada una entrevista con el entonces subprocurador de Justicia del estado, Jesús Torres Charles), que ellos estaban controlando a la Policía ministerial tanto en Monclova como en Saltillo, que ellos nos iban a ayudar y que el contacto sería el jefe de seguridad de ICA -narra Guadalupe-. Ellos tenían información de todo lo que habíamos ya tramitado ante las autoridades; estuvimos hablando como 15 minutos con esos hombres, y en cuanto terminó la plática y ellos se retiraron, nosotros salimos huyendo del hotel y nos fuimos directamente a Saltillo para ver al subprocurador Torres Charles, al que le contamos todo; estábamos muy espantados, pero él se negó a que esa información fuera agregada a la denuncia de secuestro: ‘corre peligro la vida de su hijo, no lo arriesguen’, nos decía”.

Don José, papá del ingeniero desaparecido, reflexiona: “En algunos momentos nos hemos dado de frentazos mi esposa y yo, pensando que tal vez hubiera sido mejor negociar con ellos, con los delincuentes, en vez de querer hacer las cosas por la vía legal, por la vía institucional… Torres Charles llegó a ser fiscal general del estado y asesor jurídico del actual gobernador Rubén Moreira (PRI), y en febrero de 2012 fue separado de la administración pública al saberse que su hermano, Humberto Torres Charles, agente de la Fiscalía General de Coahuila, recibía 300 mil pesos mensuales del crimen organizado a cambio de brindarles protección”.

La PGR ofrece una recompensa de tres millones de pesos a quien proporcione información que lleve a la captura del Humberto Torres Charles, mientras que mantiene presa y sometida a juicio a Claudia González López, exdelegada de esa misma institución federal en Coahuila, por sus presuntos vínculos con Los Zetas.

“En la PGR nos dijeron que había otros empleados de ICA desaparecidos -señala Guadalupe-; se trata de cinco ingenieros; y en 2011 se nos acercó la familia de un soldador argonero, raptado también en Monclova, y también empleado de ICA Fluor Daniel; pero luego no pudimos mantener el contacto, la familia tiene mucho miedo; sabemos de otro caso de un ingeniero de ICA secuestrado en Michoacán, y en la empresa nos informaron que, antes de mi hijo, otro técnico ya había sido desaparecido”.

-¿Qué papel ha jugado ICA, les ha brindado algún apoyo?

-Nuestro hijo tenía un año y tres meses trabajando para esa empresa… ellos se lo llevaron a Monclova, y cuando desapareció, no nos dijeron nada; si nos enteramos fue porque su novia estaba hablando con él por teléfono cuando fue atacado.

36 PERSONAS Con alguna profesión fueron plagiadas.

400 ANTENAS Y repetidoras desmantelaron las autoridades.

3AÑOS Y diez meses lleva desaparecido José Antonio.

Las operaciones

Acciones contra el crimen.

⇒ Destruyen este año instalaciones clandestinas de telecomunicación en Sonora (7 antenas y 20 repetidoras), Chihuahua (una antena y una repetidora) y en Veracruz (13 antenas), Tamaulipas (2 antenas y una repetidora), así como en la carretera Monterrey Nuevo-Laredo, la misma donde fue raptado el ingeniero Moreno Baca (donde se descubrió una antena de 50 metros y una repetidora).

30 octubre, 2012