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Editorial: Elecciones sin presidenciables en Nicaragua El próximo 6 de noviembre se realizarán las elecciones nacionales en Nicaragua, y al igual que en el resto de América Latina, lo más destacable es que la oposición no llevan un candidato presidenciable, que pueda evitar la reelección de Daniel Ortega. Por lo que no vale la pena analizar los diferentes candidatos, sino la realidad política nacional y los errores históricos de la democracia nicaragüense, que hacen que el FSLN sea la principal fuerza política en los próximos comicios. Como muchos se empeñan en atribuir esos resultados a la fragmentación de la oposición política, dividida entre el PLI (Partido Liberal Independiente) y el PLC (Partido Liberal Constitucionalista) como las principales fuerzas políticas opositoras, demos un vistazo a sus dos candidatos. El candidato del PLI Fabio Gadea, tiene en contra entre otras cosas su edad, no acorde con los procesos políticos de los nuevos tiempos, para atraer el voto de los jóvenes e intelectuales. Por el otro lado, Arnoldo Alemán del PLC, con una baja reputación por sus de corrupción y apropiación indebida, que lo ha involucrado en un pacto político con Daniel Ortega.
Un análisis superficial de los candidatos, además de su falta de
carisma presidenciable, no tienen un programa de gobierno que
convenza a la población. Hay que conocer muy bien las motivaciones
políticas y sociales del pueblo nicaragüense para involucrarse en
una campaña política. Incluso, tener presente las acciones y medidas
implementadas anteriormente por presidentes supuestamente demócratas
como Violeta Barrios y Enrique Bolaños. La primera se involucró en
un turbio proceso de privatización y desmontó y vendió todo el
sistema ferroviario de Nicaragua, dejando prácticamente el país
incomunicado, privado de su principal vía de transportación y
comercio y Enrique Bolaños fue bloqueado en el Congreso, que no pudo
a penas gobernar. Al llegar Daniel Ortega al poder supo capitalizar muy bien las inquietudes sociales, principalmente las relacionadas con los servicios de salud pública, lo que declaró gratuitos convirtiéndose en una de sus principales reivindicaciones sociales. Hay que señalar que muchos programas sociales y estrategias económicas y de mercado se deben a la subvención otorgada por Hugo Chávez, el actual presidente de Venezuela. La inversión de Venezuela bajo el programa del “ALBA” en Nicaragua es millonaria, más de 12 empresas operan fuera del control del Parlamento Nacional, y son controladas por miembros del partido de gobierno. Si a eso les sumamos el “bono solidario”, (que entrega unos 50 dólares mensuales aproximadamente a alrededor de 400.000 trabajadores públicos) el “bono agropecuario” que entrega pie de crías de aves, puercos y una vaca. Programas de créditos blandos y semillas para los pequeños productores y programa de construcción y entrega de viviendas denominado “llave en mano”, podemos asegurar, que no por casualidad Daniel Ortega encabeza las encuestas de los candidatos a la presidencia de Nicaragua. Pero eso no es todo, la maquinaria política del Frente Sandinista opera desde la base, y es el único partido que tiene un secretario político a nivel de municipio. Los Consejos de Poder Ciudadano (CPC) creados por el gobierno del FSLN, como modelo de gestión municipal sandinista, se encargan de protagonizar el clientelismo político, en un país de una alta cultura asistencialista. El modelo vigente de participación ciudadana, respaldado por la Ley 475, contempla: en la base los Comités de Desarrollo Comarcales (CDC) y de Barrios y las Asociaciones de Pobladores; a nivel municipal los Comités de Desarrollo Municipales (CDM) y las Mesas de Concertación; a nivel departamental los Comités de Desarrollo Departamental (CDD) y los Comités de Desarrollo Regional en la Costa Caribe; y a nivel nacional el CONPES y los Consejos Sectoriales. Sin embargo, esta propuesta no se implementó en las alcaldías sandinistas, así como muchas de estas alcaldías tampoco facilitaron el fortalecimiento del modelo institucional vigente y respaldado en la Ley 475. No se puede analizar el proceso electoral nicaragüense sin tener en cuentas las contradicciones legales, incluso su modo de votación y consideraciones de los votos. Pero lo más grave es el irrespeto a sus propias leyes y las maniobras jurídicas, tanto del aparato judicial como legislativo. Nicaragua jurídicamente no es una nación, cuando sus instituciones legales funcionan por decreto. Y para colmo, a este empañado proceso electoral, se le suma la anulación de la capacidad de votar a un gran número de ciudadanos, cuando el CSE aún no ha distribuido unas 30.000 cédulas de identidad ciudadana, de necesidad obligatoria para votar. Uno de los grandes retos que enfrentaría un gobierno diferente al de Daniel Ortega es que no podría mantener su política de “contención de la pobreza” a través de una serie de subsidios casi totales por parte del Estado a amplios sectores sociales. No en vano su programa de gobierno contempla las relaciones bilaterales con Cuba y Venezuela, porque a pesar de que han sido modelos fallidos en sus respectivos países, su participación directa en Nicaragua tiene una percepción diferente para la población. Pero hasta el propio gobierno de Ortega, si sale reelegido, pudiera tener serios problemas si se complica el estado de salud de Chávez y saliera de la presidencia de Venezuela. La intromisión del subsidio venezolano hace complejo el escenario político de Nicaragua y de otras muchas naciones del área bajo el protectorado del ALBA. Eso permite que en Nicaragua la inmensa mayoría de los sectores populares hablan y creen en la Revolución sandinista, ella persiste en el imaginario de la gente, aún se le respeta y sus colores rojos y negros son símbolo de cambio. Y eso de palpa en las comunidades rurales, donde bajo unos índices de extrema pobreza, se espera paciente la llegada del “bono agropecuario” como su tabla de salvación. El modelo sandinista actual, devenido de los lineamientos del Socialismo del Siglo XXI no es más que una dictadura institucional, que permite ciertas libertades que no comprometen el poder político central, principalmente la cúspide del poder. Esas libertades, incluso económicas, permiten que los miembros del gobierno-estado sean los principales dueños del sector empresarial del país. Sin embargo, la población no lo percibe así, y los sigue viendo como los humildes reivindicadores sociales de la revolución sandinista. No es menos cierto que el programa de gobierno de Daniel Ortega es el más ambicioso, que cuenta con la cooperación de Irán y Venezuela, como sus principales financistas. En una breve síntesis se resume así: “Priorizar la creación de más fuentes de empleo y paliar la pobreza, que ha aumentado y afecta a miles de nicaragüense. A raíz de la crisis económica global, fomentar la inversión y la cooperación externa, redefinir el modelo de desarrollo, que el gobierno ha tratado a través programas sociales, seguir con los programas Hambre Cero, Usura Cero, Calles para el pueblo, Casas para pueblo. Mantener las relaciones con Hugo Chávez y Cuba, seguir la defensa de la soberanía del Río San Juan, y ampliar más las exportaciones y negociar la reducción de la deuda externa y brindar confianza a los organismos cooperantes”. En este plan de gobierno lo más importante son, la relación con los organismos cooperantes y la inversión extranjera. Empresarios españoles e italianos que participan en el Encuentro Empresarial Nicaragua Europa 2011 se interesan por los proyectos de la carretera costanera y el ferrocarril que uniría al proyectado puerto de Monkey Point (Mar Caribe) y Corinto (Océano Pacífico). También el séptimo Consejo Ministerial de Petrocaribe —que concluyó este martes en Managua— dio luz verde a la construcción de una refinería en Nicaragua, cuyo acuerdo petrolero lo maneja la empresa Albanisa. Entre 2007 y el primer semestre de 2011, el Gobierno del presidente Daniel Ortega manejó fuera del presupuesto nacional 1,944.5 millones de dólares, según reportes del Banco Central de Nicaragua (BCN). Petrocaribe fue creado el 29 de junio del 2005 a partir del acuerdo de cooperación energética suscrito por 14 países, en una reunión de jefes de Estado y de Gobierno del Caribe, que se celebró en la ciudad de Puerto La Cruz (Venezuela). Este mecanismo prevé financiar en condiciones favorables la factura petrolera, cuyo 50 por ciento es pagado en 90 días y el resto en un plazo de hasta 25 años, con dos de gracia, y un interés del uno por ciento. Rafael Ramírez, Presidente de Petrocaribe, afirmó en la clausura del séptimo Consejo Ministerial de Petrocaribe que: “el compromiso en todas estas iniciativas, el compromiso en Petrocaribe, el compromiso en el ALBA, parte de un fundamento ideológico” y de igual forma Daniel Ortega concluyó: “… es una iniciativa de la Revolución Bolivariana. Esto, creo que hay que tenerlo bien claro... Sin Revolución Bolivariana ¡no hay Petrocaribe! Sin Revolución Bolivariana... ¡no hay ALBA! ¡Así de sencillo! Es decir, este tipo de proyectos son resultados de hechos históricos, de avances en la Región Latinoamericana y Caribeña. Y porque se produce la Revolución Bolivariana en Venezuela, con nuestro Hermano Compañero, querido Comandante-Presidente Hugo Chávez”. Este escenario latinoamericano de soborno político, rompe el viejo concepto de la democracia, que tenía como principal fuerza institucional, las elecciones. Ahora vemos que la mayoría puede ser manipulada en detrimento de los derechos y libertades de las minorías y de las suyas propias, con los supuestos programas sociales. El cambio en la correlación de fuerza hacia la democracia real en Latinoamérica, a falta de una verdadera formación presidenciable con voluntad democrática, es la salida de Hugo Chávez del entorno político, y su salida en estos momentos depende solamente de su condición de salud. Octubre, 30 del 2011
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