Editorial: El dilema de las leyes

Los Estados Unidos tienen un gran dilema. Un país de leyes, supuestamente, y no puede hacerlas cumplir. No cuenta con un sistema de identificación nacional y los que existen, como la licencia de conducción y el Social Security no se pueden exigir su posesión a todos los ciudadanos por igual, porque afecta al denominado perfil racial. La tarjeta del Social Security, el único registro oficial de población a nivel federal es vulnerable al fraude y no se hace nada por modernizarla. En los Estados Unidos hay millones de personas que no se conocen su identidad y localización. Las cifras que se manejan de personas ilegales en el país son hipotéticas e incontrolables, ya que cada día entran cientos de personas más ilegalmente.

El problema de la inmigración ilegal en los Estados Unidos no se puede resolver con nuevas leyes. Si ni siquiera las existentes se pueden hacer cumplir. Toda solución tendría que pasar por identificar a los inmigrantes ilegales, algo que los intereses ocultos que se parapetan en la inmigración, para desnaturalizar la nación norteamericana, no van a permitir.

Y lo más triste de todo este dilema de las leyes, es que la ley primera de la Nación, La Constitución cada cual la interpreta según convenga.  A pesar de ser una de las constituciones más concretas y menos voluminosas de América. Tal vez esa sea la causa de que se haya convertido en un refugio jurídico para encubrir las ilegalidades reales que suceden en este país.

Tenemos el caso de la frontera, que sigue sin control. Además de las drogas y el tráfico humano, ahora se suma el tráfico de combustible.  En los primeros cuatro meses del año el robo de combustible ha alcanzado cerca del millón de barriles a la empresa mexicana Pemex, y la mayor parte se ha comercializado con empresas norteamericanas. Ese volumen de operaciones necesita de una gran logística.

Ante una oposición que no presenta argumentos sólidos, permite con el apoyo de los medios se creen mitos, como que sin la fuerza de trabajo los inmigrantes ilegales se pierden las cosechas, que realizan los trabajos que los norteamericanos no quieren realizar o que cuidan los hijos de los patronos norteamericanos. Estos argumentos si son racistas, ya que descalifican a los inmigrantes, al situarles como privilegios, sus limitaciones culturales y profesionales, catalogándolos como portadores de una fuerza de trabajo rústica y barata y dispuestos al servicio de servidumbre.

 El drama es tan grave, que desafían las leyes existes, para reclamar una condición que se atribuyen como derecho. Lo triste que para radicalizar el drama abandonan sus hijos en este país cuando son deportados y a eso lo llaman separación familiar. No hay razón humana que justifique el abandono de un hijo a voluntad propia.

Fíjense si lo de la fuerza de trabajo imprescindible es un mito, que el desempleo en los Estados Unidos actualmente es alrededor de un 10 por ciento y millones de personas se encuentran recibiendo compensación laboral. Y en sectores como la construcción, que bien pudieran ocupar estas tareas agrícolas. Lo que pasa es que estos desempleados que reciben compensación laboral en una gran mayoría realizan trabajos no declarados, para compensar el déficit salarial. Así pueden recibir otros beneficios como cupones de alimentos y servicios médicos gratuitos.

Sin embargo, los legisladores complican cada día más el sistema legal de los Estados Unidos. Ahora el Congresista Mario Diaz-Balart retoma el tema de los viajes a Cuba y las remesas familiares. Las medidas propuestas ya se aplicaron y no aportaron resultados positivos algunos. En el 2010 más de 63 mil norteamericanos, según cifras oficiales,  viajaron a Cuba y ninguno ha confrontado problemas legales. La promulgación de una ley que no se pueda implementar, jurídicamente es inmoral. Todo esto demuestra que los Estados Unidos están atrapados por sus propias leyes.

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