Toluca • El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que visitó México hace un año, refirió en su reporte publicado el 20 de diciembre del 2011:

“Un elevado número de secuestros y delitos con similitudes a las desapariciones forzadas son cometidos por grupos del crimen organizado.

Sin embargo, no todas las personas desaparecidas habrían sido secuestradas por grupos del crimen organizado actuando de forma independiente; por el contrario, la participación del Estado en las desapariciones forzadas también está presente en el país. El Grupo de Trabajo recibió información concreta, detallada y verosímil sobre casos de desapariciones forzadas llevadas a cabo por autoridades públicas o por grupos criminales o particulares actuando con el apoyo directo o indirecto de algunos funcionarios públicos.”

En este párrafo una redacción poco afortunada da a entender que hay una política de Estado para cometer esos crímenes de lesa humanidad, lo cual en realidad el citado informe no sostiene. Lo que sí hay es la participación de agentes del Estado en algunas desapariciones, por cuenta propia o por decisión de sus jefes inmediatos.

En realidad, el principal reproche que debemos hacer al Presidente de la República y las autoridades locales respectivas, es su omisión ante el grave problema de las desapariciones, además de no tomar las suficientes medidas para evitar que en ellas participen agentes del Estado.

El Senado de la República acaba de aprobar por unanimidad Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, la cual el Ejecutivo federal debe publicar en los próximos días. Sin embargo, su artículo transitorio segundo da un plazo de hasta seis meses para que las autoridades emitan leyes, reglamentos y demás disposiciones para iniciar el registro y mientras tanto ¿¡qué!?

Qué bueno que al fin, vaya a haber un registro centralizado, sobre desaparecidos, pero lo más importante y urgente es rescatar a los desaparecidos que aún estén vivos.

Hay indicios de que algunos desaparecidos están sometidos a esclavitud, para cumplir diversas tareas a favor de los grupos criminales. Entonces, ¿qué diablos esperan los gobernantes para rescatar a esas personas?