Adolfo Rivero

Desde hace 214 años, el Senado aprueba o rechaza a los candidatos del Presidente por mayoría simple. Cuando Byron White, magistrado del Tribunal Supremo, se retiró en 1993, el presidente Clinton nombró a Ruth Bader Ginsburg. Ginsburg había servido como asesora legal de American Civil Liberties Union, una organización ''liberal'' (socialista) que había mantenido que las leyes matrimoniales tradicionales eran inconstitucionales, que la Constitución garantizaba el derecho a la prostitución, que los Boy Scouts, Girl Scouts, Día de las Madres y Día de los Padres eran instituciones discriminatorias y que la edad del consentimiento sexual debía bajarse a los 12 años... El Senado la aprobó 96-3. No sólo eso. Confirmó por abrumadora mayoría a Ginsburg y a Stephen Breyer, después de que éstos, en repetidas ocasiones, mantuvieran la tradición y la ética judicial al negarse a responder preguntas sobre cómo votarían en casos específicos. Los candidatos republicanos, sin embargo, son tratados de forma muy diferente. ¿Por qué una diferencia tan grande entre la actitud republicana y la demócrata en relación con los candidatos a las judicaturas federales? La respuesta es clara: porque, para los demócratas, no hay nada más importante que los jueces. Es su única esperanza de transformar la sociedad americana.

Desde hace muchos años el ala izquierda del Partido Demócrata (los ''liberales'') pretende revolucionar Estados Unidos. No se trata de reformas, de los cambios naturales que cualquier sociedad va reconociendo como necesarios a través de los años. No. Se trata de cambiar radicalmente los fundamentos de la nación americana. Esto comprende desde quitarles a los americanos el derecho a portar armas hasta cambiar el concepto mismo de sexo o de matrimonio; desde renunciar a la idea de una nacionalidad americana hasta querer aniquilar sus raíces cristianas. Los comunistas nunca pretendieron una revolución cultural tan vasta y tan profunda. Ni a Marx ni a Lenin se les ocurrió nunca criticar la civilización occidental o plantear que el descubrimiento de América había sido una tragedia histórica.

Estos revolucionarios saben que sus ideas no son populares. Saben que nunca conseguirán elegir gobiernos dispuestos a cambiar radicalmente esta nación. Abrazar estas ideas o simplemente coquetear con ellas los ha llevado a la derrota electoral una y otra vez. Ahora bien, si estos liberales no pueden hacer triunfar sus ideas revolucionarias en las elecciones, ¿qué alternativa les queda? Imponerlas a través de los jueces.

Para los fundadores de la Constitución Americana los legisladores, los representantes del pueblo elegidos por éste, son lo que hacen las leyes. La aprobación de la ley requiere un proceso de negociación, de concesiones mutuas entre las fracciones en el parlamento. Ahora bien, las leyes son principios generales que tienen que aplicarse a una infinidad de casos concretos. ¿Está ese caso concreto comprendido dentro de la ley? El papel del poder judicial es interpretar la ley siendo fiel a su letra y a su espíritu original. ¿Qué dijo el legislador? ¿Cuál era su intención? Un juez honesto fallará acorde con lo que diga la ley, independientemente de sus opiniones personales sobre la misma. Pero siempre ha habido jueces que han querido interpretar arbitrariamente la ley para hacerla ajustar a sus propias opiniones políticas. Pretenden legislar desde los tribunales. Son los llamados ''jueces activistas''. Estos pueden ser activistas de derecha o de izquierda.

Lo importante, por consiguiente, no es lo que decidan (pueden fallar en contra de sus opiniones personales) sino cómo lo decidan. Los que respetan el sentido original de la ley, les guste o no, son llamados originalistas. Desde hace algún tiempo, sin embargo, ha surgido la filosofía judicial de que la ''Constitución es un organismo vivo''. Es decir, que su sentido cambia con el pasar del tiempo y la aparición de nuevas circunstancias. Aunque la letra de la ley dice una cosa, las condiciones han cambiado tanto que la ley significa otra cosa de lo que dice. Evidentemente, ésta es la filosofía del activismo judicial. Las facciones políticas que quieren conservar la sociedad americana se atienen naturalmente a la concepción originalista. Las facciones políticas que quieren cambiarla radicalmente prefieren la filosofía de la Constitución como un organismo vivo porque les permite legislar desde los tribunales. En el actual Tribunal Supremo hay representantes de ambas tendencias.

Cuando el presidente Bush presentó la candidatura de John C. Roberts Jr., al Tribunal Supremo, dijo: ''Va a aplicar estrictamente la Constitución y las leyes, no a legislar desde el tribunal''. Precisamente por eso los demócratas van a tratar de hundir su candidatura.