Tabla 1 Esfuerzo del gobierno federal contra el narcotráfico 1985-2011

Año     Erradicación de cultivos ilícitos Aseguramientos Detenidos     Total Marihuana Amapola Marihuana Cocaína Goma de Opio Heroína Psicotrópicos (Hectárea) (Toneladas) (Kilogramos) (Unidades) 1985 4,035 1,738 2,297 174 3 200 n.d. n.d. 9,595 1990 17,439 8,778 8,660 595 50 209 212 561,045 18,374 1991 22,045 12,702 9,342 255 50 95 146 206,638 8,762 1992 28,024 16,802 11,222 405 39 167 97 68,740 27,577 1993 29,660 16,645 13,015 495 48 129 62 64,840 17,626 1994 25,166 14,207 10,959 530 22 149 297 46,685 7,020 1995 36,963 21,573 15,389 780 22 223 203 569,789 9,942 1996 37,440 22,769 14,671 1,017 24 196 363 1,108,863 11,309 1997 41,308 23,576 17,732 1,038 35 343 115 117,104 10,737 1998 41,377 23,928 17,449 1,063 23 150 123 1,484,078 10,293 1999 49,098 33,351 15,747 1,472 35 801 260 1,490,512 10,741 2000 46,779 31,061 15,718 2,051 23 469 299 3,418,369 11,439 2001 47,852 28,735 19,117 1,839 30 517 270 8,350,246 9,972 2002 49,933 30,775 19,158 1,633 13 310 283 5,343,064 7,059 2003 56,619 36,585 20,034 2,248 21 199 306 8,414,323 9,011 2004 46,778 30,853 15,926 2,208 27 465 302 21,631,745 18,998 2005 52,466 30,857 21,609 1,796 31 276 462 11,360,933 24,739 2006 47,051 30,162 16,890 1,902 21 124 334 3,364,815 15,952 2007 34,726 23,316 11,410 2,213 48 308 317 2,657,002 22,292 2008 31,850 18,660 13,189 1,684 20 218 296 31,848,106 19,448 2009 31,514 16,704 14,811 2,095 22 816 286 9,106,275 29,096 2010 34,046 18,562 15,484 2,334 10 1,195 374 17,382,106 18,522 2011 31,642 12,820 18,822 1,523 11 1,600 482 235,191 13,287

Fuente: Sexto Informe de Gobierno del Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa.

El gobierno de Felipe Calderón no se destacó por sus números en la erradicación de cultivos de marihuana y de amapola (en México aún no se cultiva coca). Bajo la presente administración el promedio anual de erradicación de cultivos de marihuana ha sido de 18,012 hectáreas, mientras que el promedio anual en la administración de Fox fue 43% superior: 31,328. Además, la tendencia en la erradicación es claramente hacia la baja, como se observa en la gráfica respectiva.

Algo similar ocurrió con la erradicación de cultivos de adormidera o amapola. El promedio anual con Calderón fue de 14,743 hectáreas erradicadas mientras que en el sexenio de Fox el promedio anual fue un 22% superior: 18,789.

Por lo que hace a los aseguramientos, el promedio anual con Calderón fue de  1,970 toneladas de marihuana, cifra ligeramente superior a la del promedio con Fox: 1,938.

Pero en realidad los aseguramientos en la administración de Calderón fueron inferiores en relación con la producción potencial de marihuana: representaron en promedio el 9.79% mientras que con Fox representaron el 18.90%.
 

Tabla 2 Aseguramiento de marihuana y producción (toneladas)
 

 Fuente: De la cifra de aseguramientos es la Presidencia de la República de México y de producción potencial es el National Drug Intelligence Center (de 2001 a 2008. pues de 2009 a 2011 es una estimación del autor).

En apariencias (según los gráficos) los aseguramientos de goma de opio bajo Calderón no tendrían precedentes (al menos desde 1990), mientras que los de heroína serían similares a los de Fox (salvo en 2011 cuando se registra la cifra más alta de aseguramientos en todo el período 1990-2011). Pero la apariencia no se corresponde con la realidad, pues si hubo más aseguramientos es porque había mucha mayor producción, de modo que eso hace inevitable más capturas, sobre todo en retenes.

Como se aprecia en la siguiente tabla, con Calderón la goma de opio y la heroína aseguradas representan un porcentaje de la producción potencial de heroína menor al porcentaje que representaron en las administraciones de Ernesto Zedillo y Vicente Fox. El promedio anual de goma de opio asegurada bajo Calderón fue de 0.201% del total de la producción de heroína frente al 0.407% con Fox y 0.979% con Zedillo. Asimismo, mientras que con Calderón la heroína ya procesada asegurada representó el 1.077% de la producida, con Fox representó el 4.10% y el 5.898% con Zedillo.

Tabla 3 Aseguramientos de goma de opio y de heroína (kilogramos) y
producción potencial de heroína

AÑO Producción potencial heroína Goma de opio Heroína Goma de opio asegurada Conversión a heroína % que aseguramientos representan de producción Heroína asegurada % que aseguramientos representan de producción 1994 6,000 149 14.9 0.248 297 4.95 1995 5,300 223 22.3 0.421 203 3.83 1996 5,400 196 19.6 0.363 363 6.72 1997 4,600 343 34.3 0.746 115 2.50 1998 6,000 150 15 0.250 123 2.05 1999 4,300 801 80.1 1.863 260 6.05 2000 2,100 469 46.9 2.233 299 14.24 2001 9,100 517 51.7 0.568 270 2.97 2002 5,800 310 31 0.534 283 4.88 2003 10,100 199 19.9 0.197 306 3.03 2004 7,300 465 46.5 0.637 302 4.14 2005 7,100 276 27.6 0.389 462 6.51 2006 10,800 124 12.4 0.115 334 3.09 2007 14,900 308 30.8 0.207 317 2.13 2008 32,500 218 21.8 0.067 296 0.91 2009 38,000 816 81.6 0.215 286 0.75 2010 50,000 1,195 119.5 0.239 374 0.75 2011 58,000 1,452 145.2 0.250 695 1.2

Fuentes: De la producción potencial de heroína, las fuentes son tanto los informes mundiales sobre drogas de la Organización de Naciones Unidas para la Droga y el Delito, como el reporte anual The National Drug Threat Assessment del National Drug Intelligence Center, Las cifras de aseguramiento provienen de la Presidencia de la República de México. Nota: En promedio, para producir un kilogramo de heroína se requiere de 10 kilogramos de la goma de opio obtenida de la amapola.

El resultado neto de la caída en la erradicación de amapola y de los aseguramientos de goma de opio ha sido que México tiene hoy la mayor producción de heroína de su historia (50 toneladas) y es el tercer productor mundial de opiáceos, sólo después de Afganistán y Myanmar.

Respecto a los aseguramientos de cocaína, si bien es cierto que en 2007 hubo golpes importantes y el mayor aseguramiento mundial en una embarcación marítima en una sola acción, los resultados de la administración de Calderón fueron más bajos a las de anteriores administraciones. Con Calderón el aseguramiento promedio anual de cocaína fue de 22 toneladas, frente a 24 con Fox, 27 con Zedillo y 42 con Salinas.

Y respecto al aseguramiento de unidades (pastillas) de anfetaminas, pues la diferencia entre el promedio anual con Fox (9.7 millones) y el promedio anual con Calderón 12.3) es poco relevante. Y de nuevo, los mayores aseguramientos son resultado de una mayor producción y disponibilidad en el mercado. O como lo dice el propio National Drug Intelligence Center de Estados Unidos:

“Los altos niveles de producción en México, junto con un incremento en el número de operaciones internas de fabricación se han combinado para hacer a las meta-anfetaminas fácilmente disponibles en los Estados Unidos. La producción de meta-anfetaminas en México es robusta y estable, como lo demuestran los informes recientes de aplicación de la ley, los datos de capturas de laboratorios, un flujo creciente de México, y una tendencia sostenida al alza en la disponibilidad de meta-anfetaminas de México en los mercados de Estados Unidos. Las fuerzas del orden y presentación de informes de inteligencia, así como la incautación, el precio y los datos de pureza, indican que la disponibilidad de meta-anfetamina, en general, está aumentando en los mercados en todas las regiones del país.”^[i]

En suma: Calderón no erradicó más cultivos de enervantes que sus predecesores sino menos, no aseguró más drogas sino menos y no afectó en lo más mínimo el componente mexicano del esquema internacional del narcotráfico. El negocio está intacto y no sólo para una sola organización criminal, sino para casi todas.

Entonces, si los hacedores y propaladores de este mito dicen que el disparo de la violencia en México es resultado del ataque, supuestamente sin precedentes, del gobierno contra el narcotráfico y esta premisa es falsa, entonces es falso todo el planteamiento.

Ahora bien, si hacia afuera, el negocio no se afectó ¿la acción del gobierno de Calderón pudo haber perjudicado el mercado interno de drogas?

El problema para responder esta pregunta es la escasez de datos oficiales y la poca fiabilidad de los mismos. El principal instrumento para medir si el consumo interno crece debería ser la encuesta sobre adicciones y uno esperaría que -dada la emergencia- al menos cada año hubiera un levantamiento de datos. Pero no, en México se hace cada tres años. Y según quienes realizan esta encuesta, entre 2008 y 2011 la prevalencia del consumo se habría mantenido casi igual: 1.4% en 2008 y 1.55% en 2011 (y en 2002 supuestamente 0.8%). En suma: según el propio gobierno, en el frente interno tampoco hubo éxito.

Y basta con salir a las calles de las principales ciudades del país para constatarlo. En México hay miles y miles de puntos de ventas de drogas que operan sin problemas, y no cesan de multiplicarse.

Pero además, la afirmación de que la (inexistente) ofensiva sin precedentes de Calderón contra el narcotráfico fue la causante de la violencia, no tiene sustento ni en la experiencia nacional ni en la universal, ni en –por ende- en la lógica. Para decirlo simple: si un gobierno ataca a los narcos, no se espera como resultado un disparo de la violencia, pues rara vez eso ocurre.

En México entre 1976 y 1978 el gobierno de México desató la mayor operación de erradicación de amapola y producción de heroína que haya habido en el mundo (la Operación Cóndor).Hace 20 años el especialista estadounidense explicó así la gran escasez de heroína en Estados Unidos en el segundo lustro de los años setenta del siglo XX:

“Una combinación de acontecimientos produjo una marcada reducción de la heroína disponible para los consumidores de los Estados Unidos a mediados del decenio de 1970 (....) Las menciones de heroína en admisiones en salas de urgencia [ER], después de aumentar rápidamente entre 1974 y 1976, se redujeron durante los 4 años siguientes. Según un importante estudio, las menciones a la heroína en ER [salas de emergencias o urgencias] cayeron, de un máximo de 11 156 en 1976 a un mínimo de 4 889 en 1979; la declinación fue de casi 60%.

“(....) Otros indicadores también señalaron una reducción en el consumo de heroína. Las admisiones en salas de tratamiento aumentaron, pasando de 14 746 en 1977 a 22 348 en 1980.”^[ii]

¿Que provocó esta escasez? Otro autor, Miguel Ruiz Cabañas lo explicó así:

“A lo largo de la historia, México también había abastecido de 10 a 15% del mercado total estadounidense del opio y la heroína (...) De 1970 a 1975, esta cooperación [entre los gobiernos mexicano y estadounidense] se centró en la erradicación de cosechas en México y en programas de confiscación en la frontera. Entonces, en julio de 1972, el gobierno de Turquía-bajo enorme presión de los Estados Unidos- prohibió el cultivo del opio dentro de su propio territorio. Pocos meses después, modestas cantidades de heroína mexicana empezaron a aparecer en el mercado de los Estados Unidos. De 1972 a 1975, según cálculos del gobierno de los Estados Unidos, la oferta de heroína mexicana aumentó, de 10-15% a 80% del total disponible en los Estados Unidos.

“(....) A finales de los setenta, la Campaña Permanente, por medio de la Operación Cóndor, había tenido un gran éxito. Según datos del gobierno de los Estados Unidos, la oferta de la marihuana  mexicana en el mercado de Estados Unidos se redujo del 75% en 1976 a cerca de 4% en 1981 (de 6 500 a 400 toneladas). La oferta de opio y heroína llegados de México se redujo de 67% del total del total de los Estados Unidos en 1976 a 25% en 1980 (de 40 a 17 toneladas)”.^[iii]

El que la Operación Cóndor causó un enorme quebrando a los capos de entonces y afectó decisivamente al narcotráfico (lo que pasó años después es otra historia), es algo que nadie niega. Y ¿acaso la acción más contundente contra el narcotráfico en México -y que jamás se ha igualado- desató una ola de violencia siquiera cercana a la actual? ¡No! En 1975 se registró en México una tasa de 23 homicidios por cada 100 mil habitantes, mientras que cinco años después bajó a 21 por cada 100 mil habitantes.

En noviembre de 1984 en el rancho El Búfalo en Jiménez, Chihuahua, se dio el mayor decomiso de marihuana en la historia del mundo: fueron aseguradas 8 mil toneladas (equivalente a lo asegurado por el gobierno de Calderón en 4 años y en cientos de acciones distintas) ¿Desató este decomiso una matanza como la que hemos visto en Tamaulipas o Durango? No. El operativo sí tuvo un precio: las vidas de Enrique Camarena, agente de la DEA y de su piloto, el mexicano Alfredo Zavala, asesinados ambos en febrero de 1985. Y por cierto, en ese año la tasa de homicidios en México ya había descendido a 20 por cada 100 mil habitantes.

La segunda operación de erradicación y decomiso de drogas más importante en el mundo fue la desarrollada en Colombia entre 2002 y 2010, bajo el gobierno de Álvaro Uribe.

Respecto a la segunda parte del mito, la que culpa a Estados Unidos de la violencia, porque los grupos criminales obtienen en ese país la mayor parte de las armas que usan, el razonamiento es tan ridículo como el culpar a México de las muertes en accidentes automovilísticos en el país vecino porque los vehículos involucrados son fabricados y exportados por México.

Quienes han sostenido semejante patraña –desde Felipe Calderón hasta Javier Sicilia- arguyen que la violencia se disparó tras de que en el 2004 concluyó la prohibición a la venta de fusiles de asalto en Estados Unidos, vigente desde 1994. Ante ello, lo primero que hay que preguntarse es: ¿por qué el levantamiento de la prohibición desató la violencia en México y no en el país vecino? La pegunta es retórica, sólo se hace para subrayar el absurdo de querer explicar la violencia por la venta de armas, cuando que lo único decisivo en el nivel de violencia en una jurisdicción es si el Estado tiene o no la capacidad de controlar a los grupos criminales, pues en ambas naciones hay prohibición de drogas y por ende mercado clandestino.

Otra pregunta pertinente es: ¿por qué en los años anteriores a 1994, cuando tampoco estuvo prohibida la venta de fusiles de asalto, no se desató una matanza como la actual? La respuesta es que antes el Estado mexicano sí tenía la capacidad de impedir que la violencia de los narcos se disparara y ahora no.

Pero además, resulta bastante fuera de lugar el atribuir la violencia al levantamiento de la venta de fusiles de asalto en Estados Unidos en el 2004, cuando que la reciente ola de violencia se inició en el 2008 ¡cuatro años después del levantamiento de la prohibición!

Y quepan unas palabras acerca de la especie acerca de que la ola de violencia en México, del 2008 a la fecha, fue provocada por el gobierno de Estados Unidos, para beneficiar a los productores y vendedores de armas de ese país. Sólo hagamos cuentas.

Entre el 2008 y 3l 2012, poco más de 60 mil fueron las muertes que se atribuyen a los grupos criminales, en su abrumadora mayoría en razón de sus disputas territoriales ¿Cuántos fusiles de asalto AK-47 y AR-15 se necesitan para matar a ese número de personas? Vamos exagerar en el cálculo, digamos que se necesita un fusil para matar a 3 personas (además de intimidar a muchas otras). Entonces debieron adquirirse 20 de mil de esas armas, cuyo precio en el mercado negro ronda los 2 mil dólares, lo que da un total de 40 millones de dólares, más, digamos, 10 millones de dólares en balas.

O sea que el “complejo industrial-militar” de Estados Unidos se hizo de la fabulosa suma de 10 millones de dólares al año por supuestamente alentar una guerra al sur del río Bravo, aunque ello amenace la seguridad nacional estadounidense ¿Quién puede creer semejante disparate?

Mito cinco: La violencia se disparó porque Calderón atacó frontalmente a los narcos en lugar de pegarles donde más les duele: en sus activos.

Izquierdistas menos extremistas y sujetos de filiación ideológica difusa creen que si se quita el dinero a los narcos, estos dejarán de tener capacidad para ejercer violencia.

Algo parecido creyeron también colaboradores de Calderón, aunque por supuesto no aceptan el reproche de que esta administración haya sido supuestamente muy belicosa en lugar de seguir la presunta estrategia de “terciopelo” de actuar contra el lavado de dinero. Una iniciativa de ley de Calderón –propia de la novela 1984- buscó prácticamente prohibir todas las operaciones comerciales de inmuebles y vehículos con dinero en efectivo y registrar casi todos los cambios con divisas. Se aprobó pero en términos menos draconianos.

Al respecto me permito reproducir la toma de posición del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal AC, la cual es muy elocuente y suscribo al 100%:

¿FUNCIONARÁ LA ESTRATEGIA DE “PEGARLE AL CRIMEN ORGANIZADO DONDE MÁS LE DUELE”?

NO.

La idea de que si se actúa contra el “lavado” de las ganancias del crimen organizado (sobre todo las provenientes del narcotráfico) se revertirá la violencia que asola al país, es completamente equivocada, por las siguientes razones principales:

1)    En ninguna parte del mundo en momento alguno las acciones contra el lavado de dinero han tenido como resultado la aniquilación de la capacidad económica de los narcotraficantes (en la que supuestamente se sustenta su capacidad de violencia). En Estados Unidos y en Europa que han hecho comparativamente mucho más que México en la materia, no han logrado ni remotamente el propósito de desarticular la capacidad económica del narcotráfico, ni la capacidad de violencia de los grupos criminales.

2)    Para impedir que los grupos criminales pudieran disfrutar de sus ganancias habría que tomar dos tipos de medidas: impedir el flujo de los activos criminales en los circuitos de la economía legal y/o impedir el tráfico mismo.

3)    Impedir el acceso del dinero proveniente del narcotráfico (de la mayor parte al menos) es imposible en una economía abierta. La única manera de lograr tal control es mediante la implantación de un régimen totalitario que controla hasta el más pequeño detalle de la economía de un país y los intercambios con el exterior. Pero aún en los regímenes totalitarios han persistido los mercados negros. Lo único que se lograría con controles como los que el gobierno pretende implantar o unos más radicales sería la destrucción de la economía, pues la economía criminal además de ubicua está mimetizada con la economía legal. El remedio sería peor que la enfermedad.

4)    Intentar la supresión de la producción y el tráfico de drogas se ha intentado en el mundo por casi un siglo y sin ningún resultado global y permanente. Ha habido algunas acciones con resultados temporales y geográficamente muy delimitados, pero sólo eso. La única manera en que el narcotráfico fuera suprimido por la vía de la represión es mediante el establecimiento de un régimen totalitario y lo más probable es que tendría que ser de carácter permanente y…mundial. El remedio sería mucho peor que la enfermedad.

5)    La idea de “pegarles donde más les duele” como forma para parar la violencia, se basa en una premisa principal falsa y que es esta: la capacidad de violencia del narcotráfico y el crimen organizado se sustenta en sus ganancias “fantásticas”. Si esta premisa fuera cierta, en los principales mercados de drogas en el mundo, que se localizan en las naciones desarrolladas, tendría que haber más violencia que en naciones como México, pues las ganancias en esos mercados y que se quedan entre criminales avecinados en esos países son muy superiores a las ganancias de organizaciones dedicadas a la producción y/o exportación de drogas, cuyos jefes están avecinados en naciones no desarrolladas. La realidad es todo lo contrario a la suposición: en las naciones ricas la violencia es considerablemente menor ¿Por qué?

6)    Porque sin negar la importancia del dinero (con el mismo se compran conciencias, armas y ejércitos de matones), la capacidad de violencia de los grupos criminales depende primordialmente de que los Estados de las jurisdicciones en donde operan sean capaces o no de mantener a raya las acciones violentas del crimen organizado. En las naciones donde se localizan los principales mercados de drogas y donde más dinero sucio hay, los jefes de los grupos criminales saben que si exceden determinado nivel de violencia ponen en riesgo precisamente sus negocios y sus ganancias criminales, es decir equivale al suicidio. Si en los países no desarrollados o en determinados de ellos hay relativamente más violencia, ello se debe a la debilidad institucional de los respectivos Estados, no al dinero sucio en sí.

7)    La noción de que el dinero sucio explica la violencia se basa en otras premisas falsas y suposiciones que rayan en la fantasía. Una de esas mitificaciones es que las ganancias de las organizaciones criminales superan los recursos de los Estados, lo cual es completamente falso. Aún con el cálculo más exagerado sobre las narco-ganancias en México, estas no van más allá del 2.5% del PIB, mientras que el Estado dispone cada año del 25% del PIB, esto es, 10 veces más. La otra suposición fantástica es que los narcos o los delincuentes organizados dedican la totalidad o la mayoría de sus rentas a la violencia. Esto es absurdo en sí mismo, pues si así fuera el narcotráfico perdería su atractivo central que es precisamente el permitir ganar dinero para usarlo en algo distinto a la narco-violencia.

8)    El ejemplo más claro de que es posible reducir sustancialmente la violencia e incluso la producción y el tráfico de drogas, sin implantar un régimen totalitario ni mucho menos y sin tener que ser un país rico, es Colombia. Ciertamente ahí las acciones contra el lavado de dinero son comparativamente mucho más significativas que las de México. Pero por cierto, en Colombia no se les ha ocurrido el disparate de prohibir operaciones comerciales en efectivo.

9)    Finalmente que indicar que otro mito de reciente cuño sobre el lavado de dinero es el que sostiene que al actuarse sobre el dinero sucio ello redundará en una baja de la violencia, pues se trata de acciones administrativas. Quienes promueven semejante despropósito parecen no darse cuenta de la contradicción entre presentar la lucha contra el lavado de dinero como “pegarle a los narcos donde más les duele” y esperar reacciones menos violentas de los delincuentes organizados. Si de veras el bolsillo es lo que más les duele a los narcos, ¿cómo se puede esperar que sus reacciones sean menos violentas?

Mito seis: La violencia se disparó porque Calderón atacó a los narcos en lugar de primero reformar las policías locales capturadas por los grupos criminales.

Este mito, como el anterior, es de endeble sustentación y se ubica en el terreno de lo hipotético, del pudo haber sido, pero…Mas su refutación es posible.

El hecho es que el intento del gobierno federal de someter a los grupos criminales se complicó, porque estos controlan numerosas corporaciones policiales locales en su integridad. Antes los capos se conformaban con tener en su nómina a jefes policiales federales y a algunos locales del primer nivel, pero ahora en sus nóminas han llegado a estar todos los agentes de la policía de decenas de municipios.

¿Cuál es el sentido de gastar tanto dinero en sobornos?, ¿no sería más económico tener sólo a los máximos jefes en la nómina? El propósito es no depender de los volubles jefes policiales formales y hacerle saber a todos los agentes quienes son los verdaderos jefes, a los cuales obedecer ciegamente.

Sin que esto sea una defensa a ultranza de la conducta seguida por el gobierno de Calderón, no se puede suponer –salvo con mucha ingenuidad- que movilizar al ejército en municipios y entidades federativas completas fue una opción, entre otras. Si en lugar de la movilización de fuerzas castrenses se hubiera optado por la supuesta idílica reforma previa de las policías locales, la situación sería mucho peor; simplemente se habría entregado del control de amplias zonas del país a los grupos criminales.

Y con esta afirmación con incurrimos en el mismo sesgo especulativo de los promotores de este mito. Es un hecho que en los municipios en los que más ha tardado en darse la intervención militar es donde más vertiginosamente creció la violencia y la reforma de las policías locales fracasó.

Además, ¿quién puede suponer que la reforma previa iba darse sin confrontarse con los grupos criminales precisamente por todo el dinero que han invertido en capturar a las policías locales? Sólo a quien la realidad no le importa.

Mito siete: La violencia se disparó porque Calderón prefirió las balas y la sangre en lugar de combatir las causas sociales del narcotráfico y la delincuencia.

Desde la obra “Criminalidad y condiciones económicas” (1916) de Willem Adrian Bonger, la izquierda ha sostenido el discurso ideológico que atribuye la delincuencia al capitalismo y en particular a la pobreza, el desempleo y a la desigualdad en los ingresos.

Y por cierto el marxista Bonger no era tan burdo en su planteamiento como sus sucesores, pues él no pretendía la existencia de una determinación directa entre pobreza y crimen. Bonger planteaba una mediación, la del espíritu egoísta que es inherente al capitalismo. Claro que Bonger -como la mayoría de los izquierdistas (y como la mayoría de las personas)- entendía el egoísmo de forma torcida y de modo muy distinto a como lo entendían desde Adam Smith hasta Ayn Rand (en su colección de ensayos “La virtud del egoísmo”).

Si el egoísmo – según la raíz etimológica- es la búsqueda del interés propio no puede ser de entrada la fuente del crimen, porque entonces todos seríamos criminales y cometeríamos crímenes de todo momento, pues todos (o casi todos) y siempre (o casi siempre) vemos por nuestro propio interés. Esa búsqueda es inherente al ser humano y de hecho a todo animal. Prescindir de la búsqueda del interés propio haría imposible existencia de la civilización y de la humanidad misma.

El capitalismo es por definición la búsqueda del interés propio mediante el respeto a los derechos naturales de los demás a la vida, la propiedad y la libertad. El mercado –que es la esencia del capitalismo- ha encontrado la manera de conciliar la búsqueda del interés propio de cada quien, mediante los intercambios voluntarios de bienes y servicios y la división del trabajo (la cooperación social). Lo que ha permitido el enorme progreso de la humanidad en los últimos dos siglos, es la búsqueda del interés propio, con lo cual cada uno nos sólo nos beneficiamos a nosotros mismos sino a los demás, de mejor manera que si todos nos dedicáramos al auto-sacrificio y a la caridad, como bien decía Smith.

El problema no es la búsqueda del interés propio, sino el pretender satisfacerlo mediante el abuso de nuestros semejantes. La búsqueda del interés propio mediante el abuso de los demás (es decir mediante el uso de la coerción), es lo que Rand definía como “hedonismo”. Son precisamente el socialismo y su versión fascista donde prevalece la noción del interés propio sacrificando a los demás, no en el capitalismo.

Pero ya se trate de la noción original de Bonger como la de sus sucesores, la idea de que la pobreza es el determinante del delito, generada por los socialistas y que han hecho suya casi todas las clases políticas del mundo (y mucha gente que no es socialista), es una falacia absoluta. Pobreza, desempleo o “desigualdad en la distribución del ingreso” jamás han determinado al crimen y jamás lo harán. Esta patraña sólo tiene un propósito: culpar al capitalismo de males que han acompañado a la humanidad desde siempre y hacer creer que mediante el socialismo la delincuencia disminuirá o desaparecerá.

Los delincuentes no son personas obligadas por fuerzas sociales -que los superan- a delinquir. Los delincuentes son personas con libre albedrío que hacen una mala elección moral (la peor de todas) para satisfacer sus necesidades.

No entramos aquí a la refutación completa de esta concepción. La mejor refutación y cuya validez no es sólo para México sino de alcance universal, se encuentra en la obra “¿Pobreza = delio?”.^[i]

Aquí cabe hacer una breve reflexión sobre un asunto específico: la afirmación de que como supuestamente aumentó la pobreza en los últimos años (en los que la Presidencia de la República la tuvo el Partido Acción Nacional), entonces ello disparó el narcotráfico y la violencia.

Para empezar la premisa de que la pobreza aumentó en los últimos años es falsa, a pesar de que el propio gobierno de Calderón, en un auténtico harakiri, haya sostenido esa falsedad. Todos los indicadores revelan una disminución de la pobreza y aumento de los niveles de bienestar, resultado de que al menos se mantuvieron políticas macroeconómicas mínimamente sensatas.

Pero aun suponiendo que la pobreza hubiera crecido, nadie ha podido demostrar que el nivel de pobreza sea superior al que prevalecía en los años ochenta o setenta, para no ir más atrás. Si la pobreza fuera el determinante de la violencia, entonces hace 30, 40 o más años tendría que haber habido más violencia que ahora, pero la verdad es exactamente lo opuesto.

Mito ocho: Ante el uso de las fuerzas armadas los narcos no han tenido otra que responder con más violencia.

Esta es la visión de muchos izquierdistas, entre ellos Javier Sicilia, cuyo hijo fue privado de la libertad y asesinado el 27 de marzo de 2011 junto con otras personas por sicarios del narcotráfico, tras de un incidente en un bar.

En un discurso dirigido a las fuerzas armadas, durante una marcha celebrada el 6 de abril de 2011, Sicilia expresó:

“Ahora los han sacado a la calle [a los soldados] a combatir a lo que las policías pertenece. No los queríamos ahí, pero ahí los han puesto provocando con ello una escalada en la violencia al incitar al crimen organizado a enfrentarse a ustedes con armas más poderosas”.

Es decir, si Felipe Calderón no hubiera recurrido al ejército para enfrentar a los narcos, estos no habrían tenido que conseguir armas más poderosas para defenderse y no habrían tenido que ser más violentos, incluso al extremo de privar de la libertad y de la vida a unos muchachos que se divertían en un bar en el municipio de Temixco, conurbado con Cuernavaca, capital del Estado de Morelos.

Ese juicio está plagado de falsedades y razonamientos absurdos. Primero, en otros momentos en la historia moderna de México el gobierno recurrió al ejército para reprimir a los narcos con mayor violencia y crueldad que bajo Calderón, sin que ello hubiera provocado una narcoviolencia como la presente.

En la ya mencionada “Operación Cóndor” en la segunda mitad de la década de los setenta, el ejército y la policía cometieron una serie de graves abusos como las ejecuciones extrajudiciales, la tortura y represalias contra familiares inocentes.

Segundo, siempre los agentes del Estado enfrentaron a los narcos con armamento más poderoso y mucho mayor poder de fuego (salvo en el caso de policías locales), sin que ello por sí mismo motivara a los narcos a entrarle a una “carrera armamentística” con el Estado. Por eso el Estado es el Estado, porque reclama el monopolio de la violencia y en su proceder no hay nada como pretender enfrentar a quienes desafían dicho monopolio en términos de “igualdad”, como si el pleito fuera un duelo entre “caballeros”.

Tercero, mucho antes de que Calderón recurriera al ejército, los narcos ya acumulaban arsenales fabulosos. El 24 de mayo de 1993 fue asesinado el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo en el aeropuerto de Guadalajara, Jalisco en un supuesto enfrentamiento entre sicarios de las bandas rivales de Joaquín Guzmán (quien era mucho menos poderoso que ahora) y los hermanos Arellano Félix. Como parte de la farsa de persecución legal contra los supuestos implicados, la Policía Judicial Federal allanó decenas de inmuebles en los que encontró cientos de armas, sobre todo fusiles de asalto y lanzagranadas. Se trataba de lotes de “desechos de guerra” adquiridos en Centroamérica. Desde entonces los narcos continuaron acumulando arsenales.

Cuarto, ni la escalada en la narcoviolencia ni el uso por parte de los narcos de armas más poderosas tiene que ver con que Calderón haya movilizado al ejército en distintos puntos del país. La gran mayoría de los más de 60 mil muertos de 2008 a la fecha no son resultado del enfrentamiento entre soldados y narcos, sino entre narcos. Y por cierto, un elevado número de víctimas ni siquiera murió a balazos, sino en infernales sesiones de tortura, a golpes o asfixiados.

Quinto, culpar a Calderón de la muerte del hijo de Sicilia porque movilizó al ejército es completamente absurdo. El hijo de Sicilia no murió en el fuego cruzado entre militares y narcos, sino que fue asesinado por sicarios que se creían tan poderosos e impunes como para matar a quien se les pegara la gana por las razones más nimias. Los gobernantes que dejaron que los grupos criminales acumularan ese poder son los responsables indirectos en el lamentable asesinato del joven Sicilia y de otras víctimas inocentes. Esas autoridades pensaban que había que hacer precisamente lo que sugiere Javier Sicilia: dejar tranquilos a los narcos, sin importar cuanto mal cometieran.

Por más que critiquemos la política de Calderón, no se puede sino reconocer que tenía razón cuando en uno de los encuentros públicos que tuvo son Sicilia dijo: se me puede reclamar por no hacer más y de manera más eficaz, no por hacer, no por intentar algo distinto a lo que precisamente llevó a la muerte de Juan Francisco Sicilia y de otras personas inocentes como él.

Mito nueve: El gobierno de Calderón es responsable de genocidio pues ha ocasionado más de 60 mil muertes, pues soldados y policías se enfrentan en calles y caminos con supuestos narcos sin importarles matar a inocentes y/o soldados, policías y grupos paramilitares tolerados han cometido miles de ejecuciones extrajudiciales con propósitos de “limpieza social” y/o Calderón “ordenó agredir sistemáticamente a migrantes centroamericanos que se dirigen a los Estados Unidos de Norteamérica” (y el asesinato de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas).

La mayoría de estas acusaciones contra Calderón se encuentran contenidas en la promoción de “Juicio penal internacional en contra de Felipe Calderón, Joaquín Guzmán Loera, Genaro García Luna, Guillermo Galván Galván, Francisco Saynez Mendoza y demás autoridades, militares y narcotraficantes responsables de crímenes de guerra en México”, que un grupo de activistas izquierdistas presentó ante la Corte Penal Internacional en noviembre de 2011.

Los promotores de la acusación son principalmente activistas ligados a la “Teología de la Liberación”, agrupados en torno a la revista Proceso, que es un órgano de propaganda que se hace pasar como medio informativo. Además de lo dicho en el citado documento mediante artículos, declaraciones y libracos, este grupo ha lanzado toda suerte de acusaciones delirantes contra Calderón.

Tanto el pliego de la denuncia como los otros escritos están plagados de mentiras, tergiversaciones, exageraciones y calumnias, que si siquiera se busca hacer pasar por verosímiles.

Lo que mueve a los autores de esta acusación no es la genuina preocupación ante las violaciones a derechos humanos cometidas por militares y policías, que por supuesto se han disparado en los últimos 6 años, sino un propósito puramente político de utilizar organismos de “justicia internacional” para aniquilar a los adversarios políticos. También hay un ingrediente de venganza, pues los partidarios de la Teología del Totalitarismo jamás le perdonaron a Calderón el haber derrotado en las urnas al candidato presidencial izquierdista Andrés López en 2006, con lo que México se salvó –al menos por seis años- de caer en la órbita del “socialismo del siglo XXI”. Y dentro del afán de venganza también hay un pequeño componente personal. Aunque esconda la mano, el señor Javier Sicilia no es ajeno a esta acusación, pues al parecer para él es más fácil culpar a la política de Calderón de la muerte de su hijo que a los repugnantes criminales que en realidad lo asesinaron.

Los acusadores de Calderón no sostienen, como otros izquierdistas y críticos del Presidente de México, que debido a su política contra los narcos provocó una matanza entre ellos, sino que da a entender que él la ordenó, planificó, dirigió y ejecutó mediante agentes del Estado. El documento de la denuncia comienza así:

“Felipe Calderón declaró el inicio de una ‘guerra’ contra el narcotráfico, el 11 de diciembre de 2006, que ha resultado en la muerte de más de 40,000 seres humanos en los últimos 4 años. Para ello se ha valido de las fuerzas policíacas, el Ejército y Marina mexicanas.”

La acusación es simple: mediante policías y militares Calderón hizo asesinar a 40 mil personas (ahora la cifra rebasa las 60 mil). Pero esta afirmación lapidaria se contradice con otra aseveración, apenas líneas adelante en el documento:

“Vivimos un conflicto armado prolongado que enfrenta autoridades gubernamentales y grupos armados organizados así como a estos grupos entre sí, combatiendo por el control territorial para el tráfico de drogas. Sin embargo, aún en las guerras existen límites y en ésta se han rebasado de forma catastrófica.”

Pero tras de introducir este matiz, los acusadores no se toman la molestia de explicar porque la supuesta declaración de “guerra” de Calderón contra grupos criminales - que según la ley estaba obligado a combatir- llevó a la matanza entre ellos. Menos aún intentan explicar quienes mataron a la mayoría de las víctimas que señalan, recurso tramposo para que quede nebulosa la autoría de la hecatombe.

Creada la nebulosa de la autoría de la gran mayoría de los asesinatos, se deslizan señalamientos ciertos, pero desprovistos de contexto, para que el público poco enterado se trague el cuento de que la hecatombe fue perpetrada por el gobierno de Calderón:

“El ejército mexicano ha asesinado a civiles e incluso a niños completamente ajenos al conflicto, en retenes militares y durante operativos. Ha torturado y asesinado a civiles sabiendo que no guardan relación con el conflicto y además ha intentado encubrir estos hechos para no castigar a los responsables como en el caso de los estudiantes asesinados en el TEC de Monterrey el 19 de marzo de 2010 (recomendación No. 45/2010 Comisión Nacional de los Derechos Humanos).”

El aumento acelerado de violaciones a los derechos humanos, muchas de ellas muy graves, es un hecho indiscutible. Lo que es una falsedad absoluta es la tramposa yuxtaposición entre ese hecho y la matanza de miles de personas, como para hacer creer que la los 40 o 60 mil muertos fueron “civiles e incluso a niños completamente ajenos al conflicto”, asesinado por el ejército mexicano.

Por supuesto que en la actuación del ejército hay acciones muy loables como el rescate de miles de personas que habían secuestradas, que eran objeto de malos tratos y torturas y cuyas vidas corrían serio peligro. Es también cierto que en muchas localidades la intervención militar era el único medio de reducir la violencia y restaurar el orden. Pero a la par de esto, militares, marinos y policías federales han cometido en estos años muchas atrocidades que bajo ninguna condición puede ser, ya no digamos justificadas, sino minimizadas o soslayadas y que deben merecer castigo, sin miramientos.

Y, quepa la digresión, este aumento en las violaciones de los derechos humanos de los militares y marinos ya sea contra personas inocentes o incluso contra delincuentes, no es algo inherente a que se haya recurrido a una fuerza pública cuya misión regular no es la de policía. Como ya se ha explicado, recurrir a los militares no fue siquiera una opción: era eso o un caos peor al sufrido por México. Y los abusos no eran inexorables a la intervención castrense si los mandos militares y su comandante supremo, el presidente Calderón, hubieran tomando las previsiones necesarias –aun cuando se estuviera en medio de una emergencia -, pues después de todo la característica esencial de un ejército -que lo distingue de cualquier otro cuerpo- es la disciplina, es la obediencia a las órdenes.

Pero, de vuelta al meollo, es una completa falsedad atribuir las decenas de miles de muertes de esta ola de violencia al ejército y presentar a las víctimas como – en su mayoría- civiles inocentes. La gran mayoría eran delincuentes, lo cual por supuesto no justifica en modo alguno su asesinato, pero sí lo explica (la gran mayoría de esos delincuentes asesinados eran distribuidores de drogas al menudeo que no cayeron en enfrentamientos, pues rara vez estaban armados).

¿De qué tamaño es la responsabilidad del ejército en muertes ya sea de inocentes o de delincuentes? Muy por debajo de las decenas de miles de muertes que tramposamente se le atribuyen. El ejército admite haber dado muerte a 47 personas inocentes.[ii] La cifra puede ser mayor, pero nadie ha documentado un número superior a esas muertes (que jamás debieron ocurrir).

Pero además de esto, hay muchas otras violaciones a garantías individuales, que van desde las desapariciones forzadas e involuntarias, las ejecuciones extrajudiciales y la tortura hasta los malos tratos, los allanamientos sin orden judicial y la operación de retenes que violan los derechos al libre tránsito y a la inviolabilidad personal. Por eso hay más de un centenar de recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por abusos del ejército y la marina.[iii]

El ejército admitió en diciembre de 2011 que hasta  entonces y desde diciembre de 2006, mató a 2,321 delincuentes en enfrentamientos armados.[iv] A este ritmo el saldo fue muy cercano a los 3 mil al concluir el sexenio. Estas muertes en principio no figuran en las cifras de homicidios, según las convenciones internacionales sobre estadística de mortalidad y justicia penal, pues se trata de privaciones de la vida justificables en atención a los principios de orden público, protección de la sociedad y uso racional de la fuerza (en tanto no se trate de ejecuciones extrajudiciales, de asesinatos a sangre fría de delincuentes que ya no oponían resistencia letal).

Y ciertamente en esto último está el problema. Es cierto que los sicarios no son personas normales que se rinden fácilmente en un enfrentamiento; es cierto también que los sicarios caídos son -junto con los que no han sido detenidos o ultimados- los responsables materiales de la hecatombe de los más de 60 mil muertos. Pero hay duda razonable acerca de si una parte de esos criminales desalmados de veras murieron durante enfrentamientos con el ejército y otros agentes del orden o fueron ejecutados extrajudicialmente. Muchos partes militares se antojan inverosímiles, pues resulta que en muchos enfrentamientos de sicarios con militares, todos los matones, TODOS, decidieron seguir disparando hasta que las balas castrenses los alcanzaron y que ninguno, NINGUNO, se rindió.

Por supuesto que hay mucho que investigar y clarificar sobre esas muertes y hay que castigar las ejecuciones extrajudiciales. Pero por más que se estiren las cifras de inocentes asesinados por las fuerzas armadas o de los sicarios ejecutados extrajudicialmente, los números no dan ni para el 2% de las más de 60 mil vidas que ha cobrado esta ola de violencia.

Pero la mendacidad y mala fe de quienes denunciaron a Calderón ante la Corte Penal Internacional no tiene límites, por lo hasta aquí expuesto como por un par de asertos más de su infame escrito. Citamos el primero:

“El ejército también ha encubierto y dejado impune la violación sexual de mujeres cometida por soldados durante operativos de búsqueda de delincuentes, con lo que ha fomentado el empleo de esta práctica en su guerra contra el narcotráfico (Caso Fernández Ortega y otros. Vs. México así como Caso Rosendo Cantú y otra Vs. México Corte Interamericana de Derechos Humanos).”

La acusación contra Calderón se basa en supuestos hechos ocurridos durante su mandato como Presidente de la República, el cual inicio en diciembre de 2006. Pero el caso Fernández Ortega y otros. Vs. México trata de violaciones a derechos humanos cometidas por militares ¡en marzo de 2002 y el Caso Rosendo Cantú y otra Vs. México en febrero de 2002! Los “acusadores” no pueden ser más deshonestos.

La segunda perla del escrito de denuncia no tiene nombre:

“Además Calderón ha ordenado agredir sistemáticamente a migrantes centroamericanos que se dirige a los Estados Unidos de Norteamérica. Es tan evidente que se trata de una política del Gobierno panista –concebida desde Washington- que incluso se ha comenzado a legislar para convertirla en una obligación a cargo de las autoridades. Ya han comenzado a hacerse públicas las consecuencias de esta política de Estado. En abril de 2011 se encontró una fosa común con 72 personas migrantes en Tamaulipas y casos semejantes se han repetido reiteradamente. La CNDH documentó la participación de autoridades públicas en los secuestros contra migrantes desde 2009 (Informe Especial sobre los casos de Secuestro en Contra de Migrantes). Recientemente personas centroamericanas denunciaron que fueron ‘vendidas’ por agentes del Instituto Nacional de Migración al grupo delictivo de Los Zetas (La Jornada, 10 de mayo 2011). Estos delitos pueden ser tipificados como crímenes de lesa humanidad.”

¿De dónde sacan estos sujetos mendaces que “Calderón ha ordenado agredir sistemáticamente a migrantes centroamericanos que se dirige a los Estados Unidos de Norteamérica”? De su imaginación, pues no exhiben prueba alguna, aunque simulan que lo hacen al mencionar el caso mundialmente conocido del asesinato de 72 migrantes en su mayoría centroamericanos a manos de Los Zetas en el municipio de San Fernando, Tamaulipas en agosto de 2010.

Estos calumniadores profesionales actúan con tal desparpajo que hasta confunden esa atroz masacre con el hallazgo de fosas clandestinas en el mismo municipio en abril de 2011, donde yacían los restos de 193 personas. En este segundo caso, la gran mayoría de las víctimas eran mexicanos, incluyendo decenas de campesinos que viajaron a la frontera norte con el propósito de internarse en Estados Unidos y a quienes Los Zetas confundieron con “halcones” (espías) de los grupos rivales.

Los autores de esta masacre, que no eran militares ni policías federales, sino sicarios, fueron detenidos y están presos (unos más murieron en enfrentamientos con la fuerza pública). Y en las investigaciones de las dos masacres no surgió ningún indicio, NINGUNO, de que los crímenes hayan sido ordenados por el gobierno de Calderón.

Es cierto que el gobierno de Calderón fue negligente en la protección de los migrantes víctimas de toda suerte de abusos por parte de Los Zetas y otros grupos criminales (desde 2008 han sido secuestrados unos 50 mil). Pero acusarlo de haber ordenado esos secuestros de migrantes, su tortura o asesinato, no es sino una calumnia y razón suficiente para la Corte Penal Internacional hubiera desechado desde un principio la denuncia.

Pero los calumniadores izquierdistas no se han limitado a construir y propalar sus mentiras a través de la citada denuncia, sino por diversos medios. Ellos mienten y exageran sin la menor reserva. Prueba de ello es la siguiente joya, con la que inicia uno de los libracos que el aparato de propaganda de la Teología del Totalitarismo hace circular:

“¿Cómo medir los efectos de la guerra contra el narco declarada por Felipe Calderón?

“En el norte de México podemos encontrar algunas respuestas. Con 50 mil muertos, 20 mil desaparecidos, millón y medio de desplazados, la guerra ha causado una estela de terror y dolor.”[v]

¿De dónde saca la autora de este libraco que hay “20 mil desaparecidos”?, ¿en dónde está lista?, ¿en dónde están los familiares buscando a las supuestas víctimas de desaparición forzada e involuntaria? La organización más activa en la denuncia y búsqueda de desaparecidos (Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila), que apoya el obispo comunista de Saltillo, Coahuila, Raúl Vera, tiene una lista de 258 desaparecidos en ese estado, uno de los más afectados por la violencia.[vi]

Estamos ante el típico truco de los propagandistas ultraizquierdistas de una invención en busca de “pruebas”, aunque estas tardaron en “aparecer”. Al momento de concluir este escrito (diciembre de 2012), una de las ONG de la Teología del Totalitarismo dio a conocer una supuesta base de datos de desaparecidos, que serían 20,851 y que provendrían de registros oficiales mantenidos en secreto, pero que se filtraron al periódico Los Angeles Times.[vii]

Pero cuando analiza la base de datos (que se puede descargar de la página http://propuestacivica.org.mx), resulta que se trata de una tomada de pelo. Y hay dos indicios claros de esta farsa burdamente montada: las cifras de entidades con mayor número de supuestas desapariciones y el perfil de las supuestas víctimas.

Supuestamente el 57% de los “desaparecidos”, corresponderían al Distrito Federal, capital de la República Mexicana y los estados de México y Jalisco. Pero el Distrito Federal es una de las entidades federativas menos afectadas por la violencia al igual que el Estado de México. Y en Jalisco la magnitud de la violencia ha sido inferior que en Sinaloa, Durango, Chihuahua, Baja California o Tamaulipas, estados que supuestamente tienen menos desaparecidos que aquellas tres entidades.

Y ¿dónde están las 7,137 familias de sendos desaparecidos en el Distrito Federal? Pues no están. Y ¿cómo pueden operar los fantasmagóricos “escuadrones de la muerte” del gobierno, supuestamente capaces de privar de la libertad a más de 7 mil personas en la capital del país sin que nadie se haya dado cuenta de estos “levantones”? Pues porque simplemente esos “escuadrones” no existen, son pura fantasía.

Y respecto al perfil de las supuestas víctimas las inconsistencias no pueden más extravagantes. Resulta que, según la “base de datos”, el 29% de los desaparecidos, serían ¡niños entre los 10 y los 17 años de edad!, que seguramente andaban metidos de sicarios (el PRD tuvo alguna vez la desfachatez de hablar de 25 mil niños-sicarios en México, sin tomarse –claro está- la molestia de demostrar su mentira[viii]).

Lo que esto nos revela es que la “base de datos”, si de veras proviene de oficinas gubernamentales, no es de víctimas de desaparición forzada e involuntaria, sino de “personas ausentes”, de aquellas cuyo paradero sus allegados desconocen. Se trata de personas que abandonaron a sus familiares y evitan todo contacto, individuos que migraron a Estados Unidos, sujetos con trastornos mentales, adictos y también víctimas de desaparición forzada (pero cuyo número es mucho menor al de las exageraciones de esta sarta de mentirosos izquierdistas). Por eso es tan elevado el porcentaje de menores de edad y por eso en las entidades federativas más pobladas hay más casos que en las menos pobladas.

Y ¿de dónde saca la autora del libraco antes referido que hay “millón y medio de desplazados”? Pues ella ni siquiera cita sus fuentes, pero el origen de esta patraña no es otra que la empresa Parametría SA de CV, que en realidad debía llamarse Charlatanería SA de CV.

Un informe de junio de 2011 basado en una encuesta realizada por Charlatanería SA, afirma:

Además de los muertos, la lucha contra el narcotráfico en México ha causado que miles de personas hayan abandonado sus hogares por amenazas a su integridad, derivadas del clima de violencia en sus comunidades.

(…)

De quienes se movieron de residencia en México en los últimos 5 años, el 17% manifestó haberlo hecho por causas relacionadas con la violencia. El número representa el 2% del total de personas de 18 años o más en el país.

La amenaza a la integridad personal y familiar por causas violentas se ubicó como la tercera opción de migración en el país, de acuerdo con la encuesta de Parametría. Apenas 4 puntos menos que la falta de medios de subsistencia como razón para la movilidad.

Al tomar como referencia los datos del Instituto Federal Electoral sobre la población mayor de 18 años (82 millones 419 mil 351 ciudadanos),[3] el 2% obtenido en la encuesta equivale a 1 millón, 648 mil, 387 ciudadanos víctimas de desplazamiento forzado. Aunque no se cuenta con información que detalle si cada uno de estos desplazados se cambió de residencia solo o con su familia.

De acuerdo con Inegi, de 2005 a 2010 “3.3 millones de personas de 5 o más años de edad vivían en junio de 2005 en una entidad diferente a la de su residencia en junio de 2010”,[4] de éstas no sabemos los motivos de su migración.

A pesar de que no existe un dato oficial sobre el desplazamiento forzado, algunos números pueden arrojar luz sobre el fenómeno. Por ejemplo, el saldo migratorio por estados ofrecido por Inegi y que mide el número de personas que abandonan y que se establecen en un estado del país.

A excepción de Nuevo León, las entidades con mayor número de homicidios relacionados con la lucha contra el narcotráfico (Chihuahua, Guerrero, Sinaloa y Durango) tienen un saldo negativo de migración en el periodo 2005-2010. Es decir, en 5 años fueron más las personas que salieron de esas entidades que las que llegaron a establecerse.

Cabe detenerse en desmontar las patrañas y tergiversaciones del texto citado, pues ayuda a entender cómo se construyen los mitos. Y para el caso resulta irrelevante si los señores y señoras de Charlatanería SA de CV actúan movidos por cálculos políticos, ofuscación ideológica, culto a la ciencia-basura (la pretensión de sustituir la ciencia con encuestas) o puro y simple cretinismo.

Primero, comencemos por derribar la trivialización del término “desplazado interno” que Charlatanería SA de CV y otros han intentado. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) define así a los desplazados internos:

Los desplazados internos (IDPs por sus siglas en inglés) son personas atrapadas en un círculo interminable de violencia que, como una reacción natural ante las amenazas, huyen de las zonas de conflictos o persecuciones civiles, como los refugiados.

Su número es alto, aproximadamente 26,4 millones alrededor del mundo. La diferencia con los refugiados radica en que cuando un civil que huye cruza la frontera internacional de su país, él o ella se convierte en un refugiado y como tal recibe protección internacional y ayuda; pero si una persona en circunstancias similares es desplazada dentro del país, se convierte en desplazado interno.

La ayuda internacional dirigida a los desplazados internos plantea un sinnúmero de dificultades, sin embargo en la actualidad el ACNUR asiste a 15,5 millones de ellos en 26 países.

Los desplazados internos no son personas que decidieron cambiar de residencia, sino personas que huyeron dejando atrás todo: casas, tierras, medios para ganarse la vida y en general aquello que no puedan cargar en su manos. Estas personas sufren un proceso veloz y drástico de pauperización: si eran pobres, de pronto lo son mucho más de lo que habían imaginado. A los lugares donde huyen no hay viviendas esperándolos, ni trabajos, ni nada. Los desplazados internos como los refugiados son, por su hacinamiento, por su miseria, por su miedo, demasiado visibles como para que a los habitantes de un país les pasen desapercibidos. Además, los desplazados no huyen individualmente, sino en grupos de familias completas, de comunidades completas. Dejan tras de sí aldeas fantasmas, pueblos fantasmas, ciudades fantasmas. Sólo mediante la ayuda internacional esas personas logran sobrevivir.

Cuando un país tiene cientos de miles de desplazados internos enfrenta una grave crisis humanitaria. Cuando los desplazados rebasan el millón, está ante un desastre humanitario. Además, en la actualidad eso da lugar a una respuesta más o menos rápida de organismos internacionales, como estamos observando en Siria, donde la guerra civil ha cobrado 40 mil vidas y desplazado a 1.2 millones de sus 20 millones de habitantes.

Según Charlatanería a mayo de 2011 había en México “1 millón, 648 mil, 387 ciudadanos víctimas de desplazamiento forzado”. Pero la cifra podría ser superior según la cándida admisión de desparpajo de la citada empresa dedicada al lucrativo negocio de la superchería: “Aunque no se cuenta con información que detalle si cada uno de estos desplazados se cambió de residencia solo o con su familia”.

¿Por “no se cuenta con información”? Porque a los geniales candidatos a doctores en ciencia política de Charlatanería SA de CV ¡no les ocurrió preguntar algo tan obvio y necesario! Lo cual lleva a preguntarse: ¿de las carpas de qué circos esta empresa recluta a quienes diseñan sus encuestas de fantasía?

En México las familias se integran por cuatro miembros en promedio. Si cada uno de los entrevistados que Charlatanería -por arte magia- convirtió en desplazados internos, huyó con sus familiares, entonces no hay en México la cifra de “1 millón, 648 mil, 387 ciudadanos víctimas de desplazamiento forzado” que la empresa de la superchería sacó de la chistera, sino de ¡6,593,548! Esto es, casi el 6% de la población de México.

En su más reciente informe ACNUR señala que atendió a 3,888,309 de desplazados de Colombia, 2,339,460 de Sudán, 1,709,278 de la República Democrática del Congo, 1,356,845 de Somalia y 1,332,382 de Irak. Pero incluso ACNUR atendió a desplazados de países con cifras mucho menores: 29,776 de Uganda, 28,450 de la Federación Rusa y 3,400 de Kirgistán Y ¿cuántos desplazados de México atendió ACNUR? ¡A ninguno![i] Pero esto le tiene sin cuidado a los clowns de Charlatanería, para quienes la realidad es lo de menos.

Para intentar dar una apariencia de validación a los resultados de su fantástica encuesta, Charlatanería – cabe volver a citar- refiere datos de migración y de homicidios de fuentes oficiales: “A excepción de Nuevo León, las entidades con mayor número de homicidios relacionados con la lucha contra el narcotráfico (Chihuahua, Guerrero, Sinaloa y Durango) tienen un saldo negativo de migración en el periodo 2005-2010. Es decir, en 5 años fueron más las personas que salieron de esas entidades que las que llegaron a establecerse.”

Pero Charlatanería miente. Es falso que de las entidades federativas de México “con mayor número de homicidios relacionados con la lucha contra el narcotráfico”, tengan un saldo negativo de migración, salvo Nuevo León. Tampoco fue negativo el saldo en otras entidades igualmente afectadas por la violencia como se puede apreciar en la siguiente tabla, a saber: Baja California, Coahuila, Morelos, Nayarit y Tamaulipas.

Pero además hay entidades con un saldo negativo de migración más significativo a pesar de que no figuran entre las de mayor violencia, como es el caso del Distrito Federal, Chiapas, Tabasco o Veracruz (la ola de violencia alcanzó a este estado hasta 2011).

Pero aún en el caso de las entidades federativas en las que coinciden los altos niveles de violencia y el saldo negativo de migración, esto nos dice poco o casi nada sobre el supuesto desplazamiento masivo interno. Durango que tuvo un saldo negativo en 2010, lo tuvo mayor en 2005 y 2000, cuando la ola de violencia no había estallado; Guerrero también tuvo saldo negativo en 2005 y en 2000 (en este año mayor al de 2010); Michoacán también tuvo saldo negativo en 2000 y 2005 y Sinaloa tuvo un saldo negativo en 2005 mayor al de 2010.

Por lo demás resulta absurdo considerar jurisdicciones tan amplias como las entidades federativas, cuando que la violencia se ha centrado en una minoría de los municipios de los estados más afectados. Quienes cambian de residencia o salen literalmente huyendo, como es el caso de los verdaderos desplazados internos y los refugiados, se van sólo si la violencia ocurre en el lugar específico en donde viven, no en lugares vecinos.

En todo caso habitantes de Tijuana podría haber huido de esa ciudad en la que se centró la violencia en el Estado de Baja California, pero no tendría razón para hacerlo los de los municipios de bajacalifornianos de Tecate, Mexicali y Ensenada y de hecho no lo hicieron (en Tijuana el saldo neto migratorio es positivo, si bien sí hubo personas personas que huyeron a Estados Unidos ante la violencia (la cifra exacta se desconoce), para luego retornar muchas de ellas.

Saldo neto migratorio por entidad federativa según el lugar de residencia
cinco años antes, en 2000, 2005 y 2010
 

 Fuente: INEGI

Entonces, un esfuerzo serio de investigación sobre los desplazados no habría pretendido sustituir con encuestas los muchos métodos y técnicas que figuran en el repertorio de las ciencias sociales y menos con una basada en una muestra de 500 entrevistados y de representatividad nacional, ni siquiera estatal.

Pero ya que la encuesta se hizo y ante lo absurdo de los resultados (por Dios ¿en dónde están el 1 millón, 648 mil, 387 de “ciudadanos víctimas de desplazamiento forzado” que nadie ve y sólo los de Charlatanería de SA de CV y los mitómanos de izquierda?), entonces el medio para verificar si los resultados eran consistentes y plausibles, consistía en -al menos- considerar las variaciones en el número de habitantes entre 2005 y 2010, según los datos del conteo de población y el censo de población, respectivamente, en los municipios más afectado por la violencia de los grupos criminales (que no por “homicidios relacionados con la lucha contra el narcotráfico”, como insidiosamente denominan los mitómanos de Charlatanería).

En la siguiente tabla se presenta el resultado del ejercicio que en tal sentido realizamos, con base en los datos demográficos del INEGI y en los datos sobre homicidios atribuibles al crimen organizado de la PGR (que ésta denomina por “rivalidad delincuencial”) del período que va de enero de 2007 a diciembre de 2010. Nos concentramos en los municipios en lo que hubiera habido en el período 50 homicidios o más, del tipo señalado.

Pues en tal categoría se encontraron 107 municipios de México, en los ocurrieron 25,383 de los 34,550 homicidios de este tipo registrados por la PGR en el periodo 2007-2010 (esto es, el 73.47% del total) y en los cuales viven poco más de 38 millones de habitantes (alrededor del 34% de la población total del país).

En la tabla figuran las columnas con las siguientes categorías: número progresivo  que corresponde a cada municipio, producto de la ordenación de mayor a menor según su tasa de incidencia de homicidios atribuidos al crimen organizado (CO) por cada 100 mil habitantes; el nombre del municipio; el nombre de la entidad federativa a la que pertenece el municipio; la tasa anual promedio de homicidios dolosos atribuibles al crimen organizado; la cifra absoluta de homicidios registrados atribuibles al crimen organizado; la cifra de habitantes en 2005; la cifra de habitantes en 2010 y la diferencia porcentual de población entre 2005 y 2010.

Municipio Entidad Tasa anual promedio de homicidios CO Homicidios CO Habitantes 2005 Habitantes 2010 Var. % hab. 1 Guadalupe Chihuahua 445.34 139 9,148 6,458 -29.41 2 Mier Tamaulipas 424.74 96 6,539 4,762 -27.18 3 Praxedis G. Guerrero Chihuahua 266.66 71 8,514 4,799 -43.63 4 Juárez Chihuahua 121.66 6,437 1,313,338 1,332,131 1.43 5 Ascensión Chihuahua 117.54 109 22,392 23,975 7.07 6 Miguel Alemán Tamaulipas 110.71 113 24,020 27,015 12.47 7 San Ignacio Sinaloa 93.72 86 23,355 22,527 -3.55 8 Pungarabato Guerrero 91.84 135 36,466 37,035 1.56 9 Badiraguato Sinaloa 82.67 103 32,295 29,999 -7.11 10 Santiago Papasquiaro Durango 76.87 133 41,539 44,966 8.25 11 Cosalá Sinaloa 76.79 53 17,813 16,697 -6.27 12 Petatlán Guerrero 76.01 136 44,485 44,979 1.11 13 San Fernando Tamaulipas 75.23 173 57,756 57,220 -0.93 14 Zirándaro Guerrero 72.04 56 20,053 18,813 -6.18 15 Navolato Sinaloa 70.59 383 135,681 135,603 -0.06 16 Pueblo Nuevo Durango 69.60 134 47,104 49,162 4.37 17 Vicente Guerrero Durango 69.49 58 20,614 21,117 2.44 18 San Miguel Totolapan Guerrero 69.04 76 27,033 28,009 3.61 19 Coyuca de Catalán Guerrero 66.63 112 41,975 42,069 0.22 20 San Dimas Durango 64.11 50 19,303 19,691 2.01 21 Urique Chihuahua 63.83 51 19,566 20,386 4.19 22 Camargo Chihuahua 62.01 119 47,209 48,748 3.26 23 Mocorito Sinaloa 59.96 108 44,217 45,847 3.69 24 Ojinaga Chihuahua 59.00 56 21,157 26,304 24.33 25 La Unión de Isidoro Montes de Oca Guerrero 58.89 60 25,230 25,712 1.91 26 Madera Chihuahua 57.59 71 32,031 29,611 -7.56 27 Culiacán Sinaloa 57.19 1,890 793,730 858,638 8.18 28 Salvador Alvarado Sinaloa 56.23 175 76,537 79,085 3.33 29 Nuevo Casas Grandes Chihuahua 54.95 125 54,411 59,337 9.05 30 Sinaloa Sinaloa 54.82 190 85,017 88,282 3.84 31 Guadalupe y Calvo Chihuahua 54.58 115 51,854 53,499 3.17 32 Nogales Sonora 53.41 442 193,517 220,292 13.84 33 Meoqui Chihuahua 51.63 88 41,389 43,833 5.90 34 Hidalgo del Parral Chihuahua 50.34 212 103,519 107,061 3.42 35 Jiménez Chihuahua 49.55 81 40,467 41,265 1.97 36 Técpan de Galeana Guerrero 46.70 112 57,848 62,071 7.30 37 Arcelia Guerrero 46.40 59 31,401 32,181 2.48 38 Chihuahua Chihuahua 44.83 1,415 758,791 819,543 8.01 39 Gómez Palacio Durango 43.72 553 304,515 327,985 7.71 40 Angostura Sinaloa 40.03 70 42,445 44,993 6.00 41 Xalisco Nayarit 37.50 69 42,893 49,102 14.48 42 Quechultenango Guerrero 36.71 50 33,367 34,728 4.08 43 Ajuchitlán del Progreso Guerrero 36.34 55 37,475 38,203 1.94 44 Lerdo Durango 34.97 189 129,191 141,043 9.17 45 Playas de Rosarito Baja California 30.80 101 73,305 90,668 23.69 46 Apatzingán Michoacán 30.79 147 115,078 123,649 7.45 47 Mazatlán Sinaloa 30.75 518 403,888 438,434 8.55 48 Elota Sinaloa 30.21 54 46,462 42,907 -7.65 49 Rosario Sinaloa 28.42 55 47,394 49,380 4.19 50 Tijuana Baja California 28.06 1,667 1,410,700 1,559,683 10.56 51 Atoyac de Álvarez Guerrero 25.88 62 58,452 61,316 4.90 52 Taxco de Alarcón Guerrero 25.87 105 98,854 104,053 5.26 53 El Fuerte Sinaloa 24.46 93 92,585 97,536 5.35 54 Delicias Chihuahua 23.57 125 127,211 137,935 8.43 55 Valle Hermoso Tamaulipas 22.73 57 62,193 63,170 1.57 56 Acapulco de Juárez Guerrero 21.92 661 717,766 789,971 10.06 57 Torreón Coahuila 21.53 524 577,477 639,629 10.76 58 Coyuca de Benítez Guerrero 20.35 58 69,064 73,460 6.37 59 Zihuatanejo de Azueta Guerrero 20.20 90 104,609 118,211 13.00 60 Guasave Sinaloa 19.42 216 270,260 285,912 5.79 61 Caborca Sonora 18.82 57 70,113 81,309 15.97 62 Lázaro Cárdenas Michoacán 18.28 125 162,997 178,817 9.71 63 Chilpancingo de los Bravo Guerrero 18.20 166 214,219 241,717 12.84 64 Iguala de la Independencia Guerrero 18.04 97 128,444 140,363 9.28 65 Tepic Nayarit 18.00 258 336,403 380,249 13.03 66 Cuauhtémoc Chihuahua 17.62 102 134,785 154,639 14.73 67 Durango Durango 17.58 390 526,659 582,267 10.56 68 Uruapan Michoacán 17.32 206 279,229 315,350 12.94 69 Ahome Sinaloa 16.16 260 388,344 416,299 7.20 70 Tecate Baja California 13.53 52 91,021 101,079 11.05 71 Cuernavaca Morelos 12.46 178 349,102 365,168 4.60 72 Nuevo Laredo Tamaulipas 10.75 159 355,827 384,033 7.93 73 Reynosa Tamaulipas 10.13 230 526,888 608,891 15.56 74 Morelia Michoacán 9.20 260 684,145 729,279 6.60 75 Zitácuaro Michoacán 9.07 53 136,491 155,534 13.95 76 Cajeme Sonora 8.15 128 375,800 409,310 8.92 77 Ciudad Valles San Luis Potosí 7.70 50 156,859 167,713 6.92 78 Tampico Tamaulipas 7.65 92 303,924 297,554 -2.10 79 Matamoros Tamaulipas 6.83 130 462,157 489,193 5.85 80 Monterrey Nuevo León 6.54 297 1,133,814 1,135,550 0.15 81 Celaya Guanajuato 4.92 87 415,869 468,469 12.65 82 Coacalco de Berriozábal México 4.52 51 285,943 278,064 -2.76 83 Benito Juárez Quintana Roo 4.09 101 572,973 661,176 15.39 84 Victoria Tamaulipas 4.07 50 293,044 321,953 9.87 85 Venustiano Carranza Distrito Federal 3.87 68 447,459 430,978 -3.68 86 Ensenada Baja California 3.81 67 413,481 466,814 12.90 87 Hermosillo Sonora 3.77 112 701,838 784,342 11.76 88 Nezahualcóyotl México 3.69 166 1,140,528 1,110,565 -2.63 89 Aguascalientes Aguascalientes 3.65 111 723,043 797,010 10.23 90 Tultitlán México 3.61 72 472,867 524,074 10.83 91 Mexicali Baja California 3.60 129 855,962 936,826 9.45 92 Zapopan Jalisco 3.42 164 1,155,790 1,243,756 7.61 93 Guadalupe Nuevo León 3.36 92 691,931 678,006 -2.01 94 Veracruz Veracruz 3.24 69 512,310 552,156 7.78 95 Ecatepec de Morelos México 3.17 212 1,688,258 1,656,107 -1.90 96 Cuauhtémoc Distrito Federal 3.04 64 521,348 531,831 2.01 97 Tlaquepaque Jalisco 2.95 69 563,006 608,114 8.01 98 Naucalpan de Juárez México 2.39 79 821,442 833,779 1.50 99 Guadalajara Jalisco 2.34 145 1,600,940 1,495,189 -6.61 100 Tlalnepantla de Baz México 2.15 58 683,808 664,225 -2.86 101 Tlalpan Distrito Federal 2.11 53 607,545 650,567 7.08 102 Gustavo A. Madero Distrito Federal 2.06 98 1,193,161 1,185,772 -0.62 103 Iztapalapa Distrito Federal 1.79 130 1,820,888 1,815,786 -0.28 104 León Guanajuato 1.25 68 1,278,087 1,436,480 12.39 105 General Plutarco Elías Calles Sonora 94.41 53 12,416 15,652 26.06 106 Juárez Nuevo León 12.83 103 144,380 256,970 77.98 107 Tlajomulco de Zúñiga Jalisco 6.36 81 220,630 416,626 88.83

El análisis de esta información arroja los siguientes resultados:

·         Los tres municipios con mayores de tasas de homicidios presentan al mismo tiempo un elevado porcentaje de pérdida de habitantes. Entre los tres suman una pérdida de 8,182 habitantes entre 2005 y 2010.

·         Esas personas en principio bien podrían corresponder a la definición de desplazados internos en períodos de cuando menos semanas. Los medios de comunicación documentaron ampliamente como los grupos criminales expulsaron a los habitantes de Mier, Tamaulipas y de Praxedis G. Guerrero, Chihuahua, porque les estorbaban en su confrontación armada. El caso de Guadalupe, Chihuahua está menos documentado, pero podría ser muy similar al de los otros dos, dada su colindancia con Juárez, Chihuahua.

·         De los 107 municipios sólo en 21 la población disminuyó entre 2005 y 2010. La suma de la pérdida de habitantes de esos municipios es de 264,845 ¿Se trata acaso de la cifra  total de probables desplazados internos? No.

·         Diez de esos 21 municipios presentan tasas de homicidios inferiores a 10 por cada 100 mil habitantes, de modo que la pérdida de población no puede atribuirse a la violencia. Por ejemplo Guadalajara vio disminuir su población entre 2005 y 2010 en 105,751 habitantes, pero entre 2000 y 2005 perdió 45,379, cuando la ola de violencia distaba mucho de haber empezado. Los otros municipios en el mismo caso de Guadalajara (baja tasa de homicidios hasta 2010 y disminución de la población) son Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Tlalnepantla de Baz, Guadalajara, Ecatepec de Morelos, Guadalupe, Nezahualcóyotl, Venustiano Carranza, Coacalco de Berriozábal y Tampico. La pérdida de habitantes de estos 10 municipios es de 244,594.

·         Si esa cifra se resta a la 264,845 de los 21 municipios con pérdida de población del universo de 107, entonces quedan 16,696 habitantes como candidatos probables a la categoría de desplazados internos. Es decir, las estimaciones de Charlatanería SA de CV son 99% falsas, ¡sólo 99%!

·         Además, la mayoría de los municipios del país más afectados por la ola de violencia presentan un aumento y no una disminución en el número de sus habitantes entre 2005 y 2010. Tal es el caso de: Juárez, Chihuahua, Camargo, Delicias y Parral en Chihuahua; Durango, Lerdo y Gómez Palacio en Durango; Torreón en Coahuila; Tijuana en Baja California; Culiacán y Mazatlán, en Sinaloa; Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros en Tamaulipas; Tepic y Xalisco en Nayarit; Acapulco en Guerrero; Cuernavaca en Morelos y Monterrey en Nuevo León.

Estos son los hechos. Lo demás, puras patrañas.

No son pocos los fabricantes de mitos de izquierda, pero algunos tienen la psicosis más desbocada que otros (y el humor involuntario más vibrante), como es el caso del sedicente periodista José Reveles, quien en uno de sus libracos dice lo siguiente:

“Por desgracia, en todo esto hay un negro trasfondo: el del avance de un fenómeno de violencia que rebasa los falsos y propagandísticos llamados a la unidad, ‘a no confrontarse en tiempo de crisis y apoyar las decisiones del gobierno’. Se trata de la proliferación incontenible de grupos paramilitares que cometen crímenes contra personas inocentes en todo el país. Hablemos, pues, de la aparición del paramilitarismo y de algunas de sus manifestaciones.

“Entre otros hechos violentos atribuibles a grupos sin control, hoy podemos contar, cuando menos, cuatro ejecuciones masivas en albergues de rehabilitación para adictos de Ciudad Juárez. Así también, en Sinaloa aparecieron varios comandos ejecutores de ‘desechables’ lo mismo que en Guerrero, Chiapas, Michoacán, Quintana Roo y Tabasco estados que registran grupos irregulares.

“Eduardo Correa, académico e investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, advierte que

el paramilitarismo es una estrategia militar de contención a la protesta y al levantamiento popular; comienza por la propaganda, la sociedad lo observa sin barreras en sus formas de actuación más descarnadas; al principio es una guerra exclusivamente entre ellos, los guerreros del narcotráfico, pero sorpresivamente se pasa a acciones de limpieza social, donde los que caen son los ‘desechables’, es decir, los niños de la calle, las prostitutas, los travestis, los ‘ñeros’ que deambulan o los jefes de pandillas [ ...] después siguen los periodistas, los académicos del pensamiento crítico, los sindicalistas, los dirigentes campesinos, estudiantiles, populares. Se trata de legitimar [a los paramilitares] para después golpear sistemática e implacablemente al conjunto de las organizaciones de la sociedad civil que pudieran generar formas de poder en coyunturas nacionales difíciles.

“Para desgracia de nuestro país, hoy han empezado a multiplicarse, como hongos en un ambiente húmedo, ese tipo de grupos violentos, no identificables porque sus integrantes se cubren el rostro con pasamontañas. Podrían ser militares, policías federales o cuerpos privados de seguridad. Nadie lo sabe. Precisamente por esto, su grado de impunidad es absoluto.

“Algunos de estos grupos se autodenominan ‘mata Zetas’, ‘soplan vientos’ ‘escuadrón de la muerte', ‘aztecas’, ‘artistas asesinos’, ‘comando justiciero’ o ‘Ia línea’. Emplean múltiples sobrenombres y en esencia son lo mismo: grupos paramilitares mexicanos que surgen a la manera de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), esas fuerzas irregulares en las que se apoyó Álvaro Uribe para llegar a la Presidencia de su país.

(…)

“Hay que recordar que la mismísima Familia Michoacana comenzó siendo un grupo paramilitar, aunque luego terminaría convertida en un cártel más del narcotráfico.”[i]

“Es lo mismo que ocurrió durante la ‘guerra sucia’, que México padeció en los años setenta y ochenta, cuando policías, soldados y grupos paramilitares, como los famosos Halcones, cometían fechorías, atracaban bancos, colocaban artefactos explosivos y hasta coches bomba para culpar a los grupos guerrilleros o a los dirigentes estudiantiles y así poder ir tras de ellos, en una guerra de exterminio que lo único que parecía buscar eran justificaciones.” [ii]

¡Que récord de patrañas en tan pocas líneas! Vamos a confrontarlas con los hechos (la bala de plata para los mitos):

1)    Los autores de las masacres contra adictos en centros de rehabilitación, como de otras masacres contra personas inocentes, han sido claramente identificados y en muchos casos han sido detenidos y están presos no sólo con base a sus confesiones, sino sobre todo con base en la evidencia física. Se trata de los sicarios de este o aquel cártel del narcotráfico. En ningún caso ha surgido evidencia o al menos indicios verosímiles de que los autores sean integrantes de grupos paramilitares con motivaciones ideológicas o políticas. De hecho no hay la menor evidencia de que grupos de ese tipo existan en México, salvo –claro está- si consideramos a los grupos terroristas de izquierda. Menos aún existe evidencia o indicios de que los fantasmagóricos grupos paramilitares estén integrados por agentes del Estado o tolerados por estos (como en su momento sí fue el caso de, por ejemplo, la Triple A de Argentina).

2)    Pese a toda la mitología creada por la izquierda la idea de grupos paramilitares dedicados a la “limpieza social” en América Latina, salvo por algunos casos aislados, no se corresponde con la realidad. Los grupos paramilitares de “derecha” se enfrentaron contra los grupos paramilitares de izquierda y contra integrantes de lo que supusieron eran parte de las bases de apoyo de sus enemigos. Y por cierto, en Colombia no fueron estos grupos los que iniciaron las masacres de civiles, sino precisamente los carniceros de las FARC y el ELN, y de ellos aprendieron sus enemigos.

3)    Ninguno de los grupos denominados “‘mata Zetas’, ‘soplan vientos’ ‘escuadrón de la muerte', ‘aztecas’, ‘artistas asesinos’, ‘comando justiciero’ o ‘Ia línea’” son paramilitares con móviles políticos o ideológicos, sino bandas de sicarios de un cártel o del otro, que han sido claramente identificados desde el surgimiento de cada cual. Sólo los ignorantes con ínfulas de expertos en el tema del narcotráfico, pueden desconocer que desde inicios de la década anterior el grupo principal de sicarios del Cártel de Juárez era conocido como La Línea (al grado de que integrantes de esta figuran como autores del secuestro y asesinato de un centenar de jovencitas)

Asimismo, sólo lo muy ignorantes desconocen que La Línea se valió de la pandilla de Los Aztecas (que existía desde los años ochenta), o que el Cártel de Sinaloa en su disputa por la “plaza” recurrió a la pandilla rival de Los Aztecas, los Artistas Asesinos o que “Matazetas” o “Gente Nueva” son los nombres, entre otros, que adoptan los sicarios del Cártel de Sinaloa. No hay aquí más misterio que el que los mitómanos de izquierda quieren crear.

4)    Y por cierto, es completamente falso que Álvaro Uribe haya llegado al poder gracias al apoyo de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Uribe llegó al poder en 2002 gracias al sufragio de 5,862,655 ciudadanos colombianos (el 53% de los votantes) y se religió en 2006 gracias al respaldo de 7,397,835 ciudadanos colombianos (el 62% de los votantes). Uribe combatió hasta desarticular a las AUC, encarceló a sus líderes y no dudó extraditarlos a Estados Unidos. Claro, los izquierdistas odian a Uribe por el terrible pecado de haber combatido e infligido una derrota estratégica a los asesinos de las FARC.

5)    La Familia Michoacana jamás fue un “grupo paramilitar”. Sus fundadores eran parte de la organización criminal conocida con Cártel del Milenio o de Los Valencia, con presencia en varios puntos del corredor del Pacífico y no sólo en Michoacán. Hacia 2004 esta organización criminal estaba muy golpeada tras la detención de sus principales líderes y con la misma rompieron quienes se conocerían como La Familia. Para apoderarse del control de Michoacán los de La Familia entraron en alianza con el Cártel del Golfo y en especial con el grupo de sicarios que para entonces aún formaban parte del Cártel, Los Zetas.

En 2006 vino la ruptura entre La Familia y Los Zetas y se desató la violencia que en diciembre de ese año llevó a Felipe Calderón a movilizar al ejército en Michoacán. La decisión de La Familia dee presentarse con un disfraz político y publicar inserciones pagadas en periódicos, fue sugerida por Julio César Godoy, el medio hermano de quien después sería el gobernador del estado por el PRD, Leonel Godoy.

6)    Respecto a que “grupos militares” integrados o agentes del Estado para cometer atracos, secuestros y atentados con explosivos es un invento del mitómano Reveles y se trata de una mentira muy mal construida, pues no puede mencionar un solo caso concreto de lo que asegura ocurrió, por la sencilla razón de que no hubo ni un solo caso.

Ningún líder estudiantil de izquierda fue acusado por ningún atraco, secuestro o atentado con explosivos. Todas esas acciones en su momento fueron revindicadas por quienes las cometieron, por organizaciones terroristas de izquierda, desde el Partido de los Pobres hasta la Liga Comunista 23 de Septiembre y la Unión del Pueblo, entre otras. Quienes militaron en esas organizaciones siguen reivindicando esas acciones como “revolucionarias”. El único caso de detonación de un carro-bomba ocurrió en 1994 en la ciudad de México tras la sublevación del EZLN en Chiapas y fue revindicada por el Partido Revolucionario Unión del Pueblo (antes Unión del Pueblo y ahora –desde 1996- Ejército Popular Revolucionario).

7)    Toda estas fantasías fabricadas por Reveles corresponden con la visión egocéntrica de los grupos terroristas mexicanos que suponen que todo el universo gira en torno a ellos. Si hay una matanza entre narcos ello rompe con su visión egocéntrica y “no puede ser”: detrás de la matanza no puede estar sino el Estado burgués con el fin último de militarizar el país y preparar una ofensiva “fascista” para así frenar a la revolución socialista encabezada por la vanguardia revolucionaria (de psicópatas narcisistas armados) que –como todos sabemos- segundo a segundo y desde siempre está a punto de estallar…pero nunca estalla…

Mito diez: La matanza en México y su propagación a Centroamérica fue producto del endurecimiento de la política prohibicionista mediante el uso del ejército, que Calderón aplicó pero por instigación de Washington, mientras Estados Unidos no hace nada contra las drogas. Para acabar con la violencia hay que despenalizar el narcotráfico, como se hizo con el alcohol.

Este mito no fue creado por la izquierda, sino por partidarios de la causa de la libertad, quienes sin advertirlo han hecho suyo el discurso izquierdista.

El 28 de mayo de 2012 en la página de Internet de Cato Institute se publicó el artículo “La guerra estadounidense contra las drogas llega a Honduras”, bajo la firma de Ted Galen Carpenter, quien afirma:

El aumento de la actividad de los cárteles en Centroamérica es un resultado directo de la vigorosa ofensiva militar contra estas organizaciones en México durante la presidencia de Felipe Calderón. Esa ofensiva ha sido un fiasco para México, dando como resultado la muerte de más de cincuenta mil personas en los últimos cinco años y medio y transformando partes del país en completas zonas de guerra.

Uno de los efectos clave de la ofensiva, sin embargo, ha sido presionar a los cárteles para que busquen lugares más seguros para sus operaciones. Este incentivo ha provocado que varias de las organizaciones de tráfico hayan ampliado sus operaciones considerablemente en los países vecino de América Central, donde las instituciones gubernamentales, las fuerzas de seguridad y la sociedad civil son significativamente más débiles que en México. Si este ha sido un efecto imprevisto o pretendido por el gobierno de Calderón es incierto. La columnista de The Wall Street Journal, Mary Anastasia O'Grady, sospecha que es la segunda posibilidad. Según O'Grady, "México busca elevar el costo del tráfico para que los flujos vayan a otros lugares". Se podría añadir que también se busca que mucha de la violencia que acompaña el tráfico de drogas vaya a otra parte.

Pero incluso si no es una táctica deliberada por parte del gobierno de México beneficiarse a cuesta de otros países, el impacto es el mismo.

Las aseveraciones de Carpenter son erróneas, carecen de elemental coherencia y lógica y se contradicen con los hechos. La conclusión de que el aumento de la violencia en Centroamérica “es un resultado directo de la vigorosa ofensiva militar contra estas organizaciones [los cárteles] en México durante la presidencia de Felipe Calderón”, parte de dos premisas mutuamente excluyentes: primera, que dicha ofensiva militar de Calderón es un poderoso incentivo (negativo) para que los narcotraficantes mexicanos decidan llevar su negocio y su violencia a otra parte (Centroamérica) y, segunda, que dicha ofensiva es un “fiasco”. Las dos cosas no pueden ser al mismo tiempo.

Si –siguiendo la lógica de Carpenter- la ofensiva militar es un “fiasco” ¿entonces para qué tendrían los narcotraficantes mexicanos que mudarse a Centroamérica? Es sencillamente absurdo y eso sin salirnos de las propias premisas que Carpenter fija.

El problema de Carpenter, como de muchos no izquierdistas pero que han hecho suyo el discurso izquierdista, es que han tomado de la izquierda la manera errónea de razonar y el desprecio por los datos empíricos.

Los hechos fundamentales que Carpenter prefiere ignorar o soslayar son:

·         El gobierno de Calderón – en lo esencial- no hizo contra el narcotráfico y contra los narcotraficantes más de lo que hicieron sus predecesores.

·         El negocio del narcotráfico en México está básicamente intacto y la mayoría de las principales organizaciones que se dedican a este negocio siguen operando, como lo hacían hace 6 años.

·         Las organizaciones criminales se han expandido a Centroamérica y muchos lugares del mundo no porque les fuera mal en México, sino por lo contrario: porque les ha ido bien, tanto como para –precisamente- prosperar hacia afuera.

·         Si la violencia de los grupos criminales mexicanos ha crecido en Centroamérica  (y no, por ejemplo, en Europa, a donde también se han extendido) es por razones parecidas a que haya crecido la violencia en México: la debilidad del Estado.

Si la política de Calderón fue un fiasco, fue porque no cumplió sus objetivos explícitos según el discurso de la segunda parte de su administración, es decir, respecto al propósito de contener y reducir la violencia en México.

Un problema adicional con la argumentación de Carpenter, como con la de otros partidarios de la libertad, es que en lugar de tratar de comprender un problema complejo han preferido quedarse con el simplismo y el dogmatismo. Prefieren el atajo de decir: hay violencia, luego, la prohibición tiene la culpa y si le ponemos fin, dejará de haber violencia.

Pero este argumento simplón es que no explica porque antes la prohibición de las drogas no causó en México una ola de violencia como la de los últimos años, a pesar de que la prohibición ya tiene un siglo de vida. Tampoco explica porque no hay una violencia como la de México en el resto del mundo en donde también impera la prohibición y sobre todo en los mercados más robustos de drogas, como Europa y Estados Unidos.

Carpenter no advierte que el discurso de que la violencia parará con el fin de la prohibición es así de endeble, pero otros partidarios de la libertad que comparten la misma visión dogmática sí lo advierten y entonces, para seguir sosteniéndole recurren a…falsear la realidad. Por ejemplo en un artículo de Ivan Eland reproducido en julio de 2012 en la página del Instituto Independiente, el autor hace las siguientes afirmaciones:

¿Será Enrique Peña Nieto, el nuevo presidente de México del corrupto y autoritario Partido Revolucionario Institucional (PRI), menos duro con los traficantes de drogas? Esperemos que así sea.

Durante su campaña, el señor Peña Nieto prometió dar batalla contra los asesinatos, la extorsión, el secuestro y otros delitos violentos pero dijo poco respecto de perseguir a los traficantes de drogas. Durante su inigualable reinado de 70 años que terminó en 2000, el PRI fue acusado de hacer tratos con los sindicatos del crimen para mantener la paz. Pese a que dichos acuerdos eran corruptos, tal vez la corrupción sea mejor que la militarizada guerra contra las drogas respaldada por los Estados Unidos de Felipe Calderón, el actual presidente mexicano. La fatiga con esta costosa guerra, que ha matado a más de 50.000 civiles mexicanos en los últimos años, jugó un papel importante para que los mexicanos trajesen de regreso a un corrupto y autocrático PRI al que habían echado del cargo 12 años antes.

Pero cualquier presidente de México debe prestar atención a los deseos del coloso del norte, y Washington ya sospecha de que Peña Nieto morigerará la presión sobre los traficantes de drogas y dejará de combatir a los caciques de los carteles.

Por supuesto, la mayor parte de los mexicanos estaría feliz si Peña Nieto hiciese exactamente eso. A instancias de los Estados Unidos, el empleo por parte de Calderón de las fuerzas armadas mexicanas y sus duras tácticas contra los capos de la droga ha llevado meramente a la masacre de civiles mexicanos sin hacer mucha mella a largo plazo en el flujo de drogas hacia los Estados Unidos.[iii]

Eland habla de un problema que desconoce, pues sólo con base en la ignorancia puede hacer afirmaciones tan falsas como que “ “empleo por parte de Calderón de las fuerzas armadas mexicanas y sus duras tácticas contra los capos de la droga ha llevado meramente a la masacre de civiles mexicanos”.

Eland da a entender que agentes del Estado asesinaron a 50 mil “civiles mexicanos”, lo cual es una completa falsedad. Como ya se explicó, la gran mayoría de los asesinatos fueron cometidos por integrantes de los grupos criminales contra sus rivales y en menor medida contra agentes del Estado y civiles inocentes y ajenos al narcotráfico. Eland es absolutamente incapaz de demostrar que los narcotraficantes asesinados por decenas de miles lo fueron por la policía y el ejército, porque eso es una mentira.

La otra gran falsedad es sostener que la violencia es producto del combate de Calderón a los narcotraficantes cuando que los gobiernos priistas en lugar de combatirlos transaba con ellos. Y la falsedad radica en varios puntos:

·         No es verdad que antes los gobernantes priistas pactaran con los narcos. Como lo ha dicho Luis Astorga, de los pocos investigadores serios y realmente conocedores el tema en México (¡en un mar de charlatanes!):

"Tienen la idea de que antes, durante los gobierno priistas, había pactos [pero] no hubo pactos, hubo sometimiento.

"Es decir, las reglas del juego las imponía el Estado, ese Estado postrevolucionario autoritario, y ese Estado tenía la capacidad de contener a los grupos criminales, particularmente a los traficantes. Los traficantes en ese esquema tenían tres opciones si no querían jugar con esas reglas del juego impuestas por el Estado: salir del negocio, irse a la cárcel o morir. Y ese Estado tenía esa capacidad de ejercer acciones en contra de quienes no querían jugar con esas reglas del juego"[iv]

·         En efecto, el antiguo régimen no permitió, al menos hasta el gobierno de Miguel de la Madrid, que los narcos hicieran lo que se les pegara la gana. No permitió que la violencia entre traficantes rebasara cierto nivel y durante décadas, los ajustes de cuentas difícilmente rebaban los 200 asesinatos por año en todo el país. Y por supuesto que los viejos políticos priistas no procedían así por “amor a la Patria”, sino porque en su esquema autoritario de poder no cabían los grupos autónomos ejerciendo la violencia, desafiando el monopolio de la violencia del Estado. Esa doctrina implícita se conocía como “principio de autoridad”. Y por supuesto que los gobernantes se beneficiaban del narcotráfico, con un porcentaje de las ganancias que ellos mismos fijaban, pero no por eso dejaban a los narcos hacer lo que quisieran.

·         Con los gobiernos priistas de Carlos Salinas y Ernesto Zedillo esa política cambió. Los gobernantes empezaron a tolerar la violencia entre narcos, que se mataran en forma creciente y decidieran mediante el uso de la fuerza la asignación de plazas, rutas y quien serían los jefes de cada organización. Es decir los gobernantes priistas de entonces no sólo fueron tan corruptos como los de antes, sino que además fueron extraordinariamente torpes como sembrar la semilla del Estado fallido, al ceder en el monopolio estatal de la violencia.

·         Vicente Fox y sus colaboradores fueron tan corruptos como sus predecesores, al recibir fuertes sobornos de los diferentes grupos de narcotraficantes, pero esa corrupción, de la cual Eland hace apología, no impidió que entre 2001 y 2006 ocurrieran 10 mil asesinatos asociados a disputas entre narcos. Diez mil son menos que 60 mil, pero ¡hombre, son muchos muertos! Si fuera cierta la receta de Eland de que en tanto no se dé la despenalización más vale la corrupción que el combatir a los narcos, entonces esos 10 mil asesinatos no debieron haber sucedido, ¡pero sucedieron! Otra prueba más de Eland no tiene ni la más remota idea de lo que ha venido pasando en México y se atreve a opinar desde la más supina ignorancia.

·         ¿Por qué creció la violencia bajo Fox si continuó el festín de la corrupción? Por tres razones:

ü  Primera, porque Fox no sólo continuó con la política de Salinas y Zedillo de dejar que los narcos se mataran entre sí, sino que además fue absolutamente negligente hacia la derivación de los grupos de narcotraficantes hacia otros giros criminales como el tráfico y trata de personas, el robo de combustible de PEMEX, el secuestro y la extorsión.

ü  Segunda, porque varios de los gobernadores priistas (el PRI siguió gobernando un veintena de las 32 entidades federativas del país, aunque el PAN tuviera la Presidencia de la República), profundizaron su acuerdos corruptos –siguiendo la receta de Eland- con los grupos de narcos (sobre todo los menos favorecidos por Fox), permitiéndoles a estos criminales algo que los viejos políticos no se hubieran atrevido (por razones políticas y no morales): extenderse hacia otros giros criminales en perjuicio de la población en general y empezar a capturar a las corporaciones policiales de manera completa (desde los jefes hasta el último agente en cada esquina). Y por cierto, esos políticos ultra-corruptos que les han permitido todo a los grupos criminales y que reciben participación no sólo de las ganancias del narco, sino de extorsiones y secuestros, entre otros delitos, ¡son los que ahora han recuperado el poder político central de México y en quienes Eland llama a confiar!

ü  Tercera, porque la tolerancia gubernamental a la violencia entre narcos, hizo comprender a estos que ya no eran más subordinados de los políticos, que entonces podían tratarlos a de tú a tú e inclusive invertir los papeles y tratarlos como lacayos. Los capos de los grandes grupos criminales comprendieron que mediante su propia capacidad de violencia podía obtener lo que quisieran.

·         El gobierno de Felipe Calderón, no sobra insistir, no hizo contra los narcotraficantes más de lo que hicieron sus predecesores a lo largo de casi 10 décadas. Ni siquiera el uso del ejército es novedad: a las fuerzas armadas se ha recurrido desde cuando menos el gobierno de Luis Echeverría. Y por lo que hace a la corrupción, a recibir sobornos de los narcotraficantes, el gobierno de Calderón fue tan corrupto como sus predecesores. No sólo protegió a Joaquín Guzmán, el principal capo del país (y del mundo), sino a otros. El corrupto ex Secretario de Seguridad Pública, Genaro García, no se contentó con proteger a Guzmán sino a sus principales rivales Los Zetas, razón por la cual el combate contra este grupo se le quitó a García y a sus colaboradores y pasó a manos de los marinos (pues en García, el principal colaborador de Calderón, el gobierno estadounidense no confiaba).

Asimismo, durante el gobierno de Calderón se profundizaron todavía más los acuerdos corruptos de los gobernadores con los grupos criminales. Estos se hicieron del control absoluto de decenas de corporaciones policiales locales o consolidaron el poder que ya tenían. Además, estos gobernadores protegieron otras actividades criminales y se favorecieron económicamente de ello, ya se tratara de los gobernadores priistas de Tamaulipas y Veracruz o del gobernador izquierdista de Michoacán, Leonel Godoy.

Entre esas actividades criminales toleradas, destaca el secuestro masivo de inmigrantes centroamericanos en los últimos 4 años, de los cuales unos 50 mil fueron privados de la libertad y liberados hasta que sus pobrísimos familiares pagaron los rescates exigidos. Estas personas han sido víctimas de tortura, violación y –centenares de ellas- de asesinato ¿Qué puede decirles Eland a las víctimas directas e indirectas de estas atrocidades?, ¿qué la corrupción que hizo esto posible está bien y mal combatir a los victimarios?

Entonces, contra la fantasía de Eland, la realidad es que la corrupción, lejos de ser garantía contra la violencia, es su principal fuerza impulsora.

Otra persona partidaria de la causa de la libertad que ha hecho suyo el discurso izquierdista sobre la violencia en México y quien, con tal de sostenerlo, tampoco en falsear los hechos, es Mary Anastasia O'Grady, columnista de The Wall Street Journal, quien en un artículo de febrero de 2011 escribió:

“México tiene la mala suerte de situarse al lado de este lucrativo mercado. Tampoco ayuda que una vez que las drogas cruzan la frontera parecen llegar a los consumidores con facilidad. Como me dijo el entonces alcalde electo de Ciudad Juárez, Héctor Murguía, en una entrevista realizada en su casa el año pasado: ‘Necesitamos preguntarle a Estados Unidos cómo son un país en calma a pesar del alto nivel de consumo’. O, para decirlo con menos delicadeza, quizás los jefes de los carteles lo arriesgan todo en la frontera porque saben que desde Mc Allen, en Texas, hasta Seattle, tienen el camino despejado.”

“(…) ¿Por qué debería pedírsele a los mexicanos que den sus vidas porque los estadounidenses tienen un apetito voraz por estas sustancias? Calderón ha hecho poco para plantear esta pregunta. En cambio, dice que la guerra se justifica porque ahora el consumo es un asunto a considerar en México. Pero los datos mexicanos no respaldan tal afirmación, como el ex ministro de Relaciones Exteriores de México, Jorge Castañeda, escribió en un trabajo publicado el 6 de marzo por el Instituto Cato. ‘Los usuarios de drogas se han incrementado de 307.000 a 464.000 en los últimos siete años (entre 2002 y 2008), lo que en un país de 110 millones de habitantes no equivale a un enorme problema de droga’, escribió Castañeda.”[v]

Al respecto comenté en el escrito titulado “¿Cómo vencer la violencia en México?”[vi]:

Esta visión se sustenta en varias falacias, de las que aquí cabe destacar cuatro: que a los narcotraficantes no son perseguidos en Estados Unidos; que el gobierno de Calderón ha desatado la más grande lucha jamás habida contra el narcotráfico y que en México el problema de consumo es insignificante, mientras el apetito de los estadounidense por las drogas no deja de crecer.

Resulta sorprendente que alguien informado pueda sostener que en Estados Unidos se tolera a los narcotraficantes. Precisamente uno de los argumentos más frecuentes de quienes se oponen a la guerra a las drogas en el país vecino, es que millones de personas se hayan visto privadas de la libertad por narcotráfico, un delito sin víctima (y que por ende no es un verdadero crimen). En Estados Unidos cada año alrededor de 1.6 millones de personas son detenidas con relación a las drogas y hay poco más de 1.5 millones de individuos en prisión (la población carcelaria más grande del planeta), de los cuales más del 20% lo están por narcotráfico

En 2010 había en México 23,190 reos sentenciados por delitos del fuero federal, en su mayoría por narcotráfico, cifra que representa una tasa de 21 internos por cada 100 mil habitantes. En ese mismo año había en Estados Unidos aproximadamente 365 mil reos sentenciados por narcotráfico, cifra que representa una tasa de 121 internos por cada 100 mil habitantes: 6 veces más que en México ¿Puede alguien sostener entonces que el país vecino se tolera el narcotráfico, mientras que la carga de su combate se traslada a México?

Si con tales tasas de encarcelamiento el narcotráfico subsiste no es ello evidencia de que Estados Unidos simule la guerra a las drogas, sino que tal guerra, además de intrínsecamente inmoral es un completo fracaso.

Pero además O'Grady cita a Jorge G. Castañeda, como una autoridad frente a la cual ya casi queda nada para argumentar en contra. Tanto el ex canciller de Vicente Fox como el ex presidente se han convertido en los nuevos mejores amigos de Cato Institute. Si un extranjero quisiera saber algo de México y sólo consultara la página en Internet de esa institución, en donde se ensalza y promociona a Castañeda y Fox, podría suponer que ellos son algo así los mayores exponentes de la causa de la libertad en México. Y por supuesto no son, ni menores ni mucho menos mayores.

Quienes iniciaron la mitología izquierdista sobre la violencia en México fueron Jorge G. Castañeda y Rubén Aguilar, con el libraco “El narco: la guerra fallida”, publicado en 2009. No entro a la refutación de ese escrito. Recomiendo en cambio la refutación que se hace en “México: ¿rumbo al Estado fallido”, de José Antonio Ortega Sánchez, publicado por Planeta en 2010.

Castañeda y Aguilar son dos aventureros políticos con pasado totalitario. El primero estuvo a punto de convertirse en los años ochenta en algo así como el gerente regional de la dictadura castrista para Centroamérica, en el operador que coordinaría a los grupos terroristas, entre otros  al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional de El Salvador, del cual fue vocero Aguilar en plena guerra civil. Castañeda no hizo realidad su sueño de ser el Che Guevara de Centroamérica, ni Aguilar el de ser una suerte de Raúl Castro en El Salvador. Es más, los dos terminaron siendo parte del gobierno de “derecha” del presidente mexicano Vicente Fox, pero ellos no reniegan de su pasado y se dicen orgullosos del mismo.

Para el caso, lo que importa es que Castañeda y Aguilar argumentan en “La guerra fallida” en favor de la legalización de las drogas. Pero su argumentación es curiosa y casi insólita. Por supuesto que su argumentación no es moral, pero tampoco desde el enfoque de la eficiencia. Ellos dicen, en pocas palabras, que hay que legalizar las drogas ¡porque en México no hay un problema de consumo, la violencia es un invento mediático y la derivación de los narcos hacia la extorsión, también!

Pero Castañeda y Aguilar le dieron a la izquierda, quizás sin proponérselo, un argumento de peso para su discurso: atribuir la presunta “guerra” de Calderón contra los narcos a que como él – supuestamente- percibía que su triunfo electoral en 2006 no había sido legítimo, con la movilización del ejército trataba de ganar popularidad y “legitimarse”.

Cuando Castañeda y Aguilar publicaron su libraco la violencia no estaba en su peor momento aún, pero era evidente que crecía vertiginosamente, hecho que ellos prefirieron soslayar. Después, cuando era insostenible negar la realidad, pues cambiaron le médula de su discurso y han argumentado en favor de la legalización ¡debido al disparo de la violencia! ¿A quién diablos le importa la coherencia? Al menos a ese par, no.

Pero lo que importa realmente de la campaña de Castañeda y Fox en contra de las acciones de Calderón y en favor de la legalización del narcotráfico, es que se trata de una cortina de humo para ocultar la grave responsabilidad del gobierno de Fox en la escalada de violencia. Finalmente ¿quién es el agente más activo de esa violencia en México si no Joaquín Guzmán? y ¿quién lo puso en libertad y lo convirtió, gracias a la protección, en el máximo capo, si no Fox?

Que lamentable que Cato Institute tenga aliados como estos y se preste a su juego y que lamentable es que haya hecho suyo el discurso izquierdista sobre la violencia en México.

Carpenter, O'Grady, Ivan Eland y otros partidarios de la libertad han visto en la ola de violencia en México la oportunidad para promocionar el fin de la prohibición. Pero hay un error de origen en esta argumentación y que no es infrecuente en este campo ideológico (del cual reivindico ser parte): utilizar argumentos de eficiencia en lugar de argumentos morales en favor de la libertad, en este caso del derecho de todo individuo adulto a decidir que consumir, que comprar o que vender mientras no viole derechos de terceros.

Los argumentos de eficiencia son frágiles; los morales, fuertes, imperturbables.

Aquí hemos demostrado que no hay una relación causa-efecto entre la ilegalidad de las drogas y la violencia. Si es así ¿con que nos quedamos para argumentar en favor de poner fin a la prohibición? Con nada. Ese es el problema con la argumentación de eficiencia y no moral en favor de una causa.

Además, si la violencia es el argumento en favor de la despenalización, entonces, en estricta lógica habría que legalizar las drogas en México, Colombia o Centroamérica pero no en Estados Unidos o en Europa, donde la violencia es mucho menor.

La razón para legalizar las drogas es moral, es un asunto de principios. Jamás debieron ser prohibidas y deben dejar de serlo cuanto antes, aunque el fin de la prohibición vaya a contribuir muy muy poco a reducir la violencia, como yo sostengo.

Entonces, ¿qué ha pasado realmente en México?

Si la represión legal del gobierno del ex presidente Felipe Calderón contra los narcotraficantes no provocó la ola de violencia en México, entonces ¿qué fue lo que sí la causó?

La causa principal es la debilidad y disfuncionalidad del Estado mexicano en aquello en lo único que no conviene que el Estado sea débil y disfuncional: en su tarea de controlar la violencia, en ejercer sobre ésta el monopolio (limitado).

Esto a su vez es producto de la extrema corrupción de la clase política mexicana, que ha tolerado no sólo que los grupos criminales se masacren entre sí, sino que extiendan su violencia y depredación contra las personas inocentes y ajenas al narcotráfico, principalmente mediante la extorsión, los secuestros, los despojos y los robos.

La crisis de seguridad pública que México padece no comenzó con Calderón. Se vino gestando desde los años setenta del siglo XX con la corrupción creciente de la policía hasta que se tornó sistémica, generalizada. El hampa hasta entonces era desorganizada, pero los oficiales corruptos de la policía se encargaron de organizarla, lo cual fue elevando los índices criminales y todo este proceso fue tolerado por los gobernantes.

Por otro lado, desde siempre los gobernantes protegieron a los narcotraficantes, pero en una relación donde los primeros tenían el control. Hasta la presidencia de Miguel de la Madrid los gobernantes no permitieron que la violencia entre narcotraficantes rebasara determinado nivel. Tampoco les toleraron que tomaran el control de corporaciones policiales completas o que además del narcotráfico se dedicaran a extorsionar a las personas ajenas a ese negocio ilícito.

Pero esto empezó a cambiar con el gobierno de Carlos Salinas, quien inició la tolerancia a que los narcos se mataran entre ellos. Esa política se fue profundizando con los gobiernos de Ernesto Zedillo, Vicente Fox y el propio Felipe Calderón, en al menos la primera mitad de su mandato. Igualmente se fue tolerando que los capos capturaran corporaciones policiales completas y se extendieran a otros giros criminales. De estos los responsables han sido varios gobernadores, la mayoría de ellos priistas.

Estos actos corruptos de los gobernantes locales son mucho más graves que la mera protección de los narcotraficantes que prevaleció durante la mayor parte del antiguo régimen, pues los sobornos que han recibido no sólo provienen de una actividad ilícita pero sin víctimas, sino además de otros delitos que sí las tienen y que han cobrado muchas vidas de inocentes.

Por si fuera poco, los gobernantes locales no se han conformado con esas prácticas extremas de corrupción de recibir sobornos lo mismo del narco que de la extorsión, sino que se han convertido en socios criminales de los capos, como ha sido el caso en Tamaulipas, Coahuila, Veracruz o Michoacán. Por ejemplo, la participación de los capos como socios de los políticos en la obra pública o la proveeduría de bienes y servicios a los gobiernos -negocio lícito muy rentable gracias la corrupción (sobreprecios, licitaciones simuladas, incumplimiento de especificaciones)- es una lata de gusanos que apenas se empieza a abrir, pero que cuando se abra por completo su hedor será insoportable.

En este proceso de empoderamiento de los grupos criminales, sus jefes fueron descubriendo que mediante la violencia podrían obtener cuanto quisieran ¿Por qué entonces se iban a limitar a las rentas del narcotráfico?

Si se les permite, estos jefes criminales y su socios políticos se van a apoderar del país entero. No se van a contentar con imponernos “impuestos” ilegales que vendrían a sumarse a los del expolio fiscal (legal) del Estado, sino despojar a todas las personas que les sea posible de la totalidad de sus patrimonios y rentas.

Ese es el mayor peligro para México hoy día, que ese proceso en marcha se profundice y que el nuevo gobierno lejos de revertirlo sea su catalizador. De materializarse ese escenario, los mexicanos terminarán por ser gobernados por criminales en el sentido más literal.

Por eso resulta tan ingenua la suposición que con el mero poner fin a la prohibición a las drogas, la violencia desaparecerá instantáneamente.

Aun con la legalización, los grupos criminales o una parte de ellos harían contra los narcotraficantes legalizados lo que ya hacen contra los ciudadanos dedicados a actividades lícitas: aterrorizarlos y extorsionarlos.

Con base en lo hasta aquí expuesto la solución no es otra que hacer que el Estado cumpla su misión, la única legítima en tanto no encontremos un sustituto del Estado: controlar la violencia, no tolerar a los violentos y aplicarles la ley al igual que a los gobernantes que han sido sus protectores y socios.

La política de Calderón para enfrentar la violencia (que él no provocó) fue desastrosa a la luz de los resultados, pero precisamente por fallar en hacer valer el monopolio estatal de la violencia y en su obligación de garantizar la seguridad pública.

Pero la actuación de Calderón no fue homogénea a lo largo de su mandato. En una primera fase siguió la atroz política de dejar correr la matanza, con algunas intervenciones que favorecieron más a quien fue el capo favorito de las dos administraciones anteriores a la que ahora se inicia. Ello fue especialmente evidente en los casos de Tijuana y Juárez. El resultado fue el crecimiento vertiginoso de la violencia y el caos, así como la acentuación de la tendencia a que los grupos criminales se diversificarán hacia otros a giros delictivos más allá del narcotráfico.

En la segunda parte de su mandato, Calderón aplicó algunas correcciones en el sentido acertado. No abandonó por completo la política de dejar que los criminales se maten entre sí, pero las fuerzas federales fueron menos pasivas ante las matanzas en Tamaulipas, Nuevo León y Veracruz; finalmente se intervino en la región de La Laguna y en Guerrero y sobre todo se actuó en Juárez para precipitar la derrota del grupo criminal que había tenido el control de la “plaza” (ahora pertenece a Joaquín Guzmán).

Por todo ello la violencia empezó a declinar en el segundo semestre de 2011 y durante todo 2012. Esta fue una demostración práctica de la falsedad de los mitos y sus políticas implícitas y, por ende, de la pertinencia de la visión y la política alternativas aquí esbozadas.

Yo no digo que no se despenalice el narcotráfico, lo que digo que esa medida no basta, pues el problema es más profundo, pues sus raíces no son la prohibición en sí, que tiene ya mucho tiempo, sin que por ello hubiera producido un nivel de violencia como el actual.

Pugnar por esta solución, la de restablecer la autoridad del Estado para garantizar la seguridad pública, es lo que debería ser la agenda de los partidarios de la libertad, en lugar de quedarse en el simplismo de sólo demandar el fin de la prohibición o asumir el discurso de los enemigos de la libertad, esto es, los mitos de la izquierda.

NOTAS

                         
 

[1] Ortega Sánchez, José Antonio; México: ¿rumbo al Estado fallido?; 2010; México; Planeta; p. 16

[1] National Drug Intelligence Center; National Drug Threat Assessment 2011; agosto de 2011; p.32

[1] Reuter, Peter; XI. Después de selladas las fronteras: ¿podrán las fuentes nacionales sustituir las drogas importadas?;en: Smith, Peter H (compilador), El combate a las drogas en América, 1993, México, Fondo de Cultura Económica, p. 228

[1] Ruiz-Cabañas, Miguel; X. La Campaña Permanente de México: costos, beneficios, consecuencias; en: Smith, Peter H (compilador), El combate a las drogas en América, 1993, México, Fondo de Cultura Económica, pp 212-213

[1] Guerrero Gutiérrez, Eduardo; La raíz de la violencia, 1 de junio de 2011, Revista Nexos, en: http://www.nexos.com.mx/?P=leerarticulo&Article=2099328

[1] López Portillo, Ernesto; Los “negacionistas”, El Universal, 9 de enero de 2011

[1] El Universal, “Piden fuerza federales para frenar asesinatos en Cd. Juárez”, 17 de enero de 2008

[1] La Jornada, “El Ejército se siente cómodo al dejar que cárteles hagan la guerra, 16 de marzo de 2011, ”http://enlinea.jornada.com.mx/s02/wikileaks/notas/201cel-ejercito-se-siente-comodo-al-dejar-que-carteles-hagan-la-guerra201d/?searchterm=None

[1] El Universal, “Más de 9 mil militares atacan al narco en ´triángulo dorado´” 22 de enero de 2007

[1] Wikipedia, Operativo Conjunto Sinaloa y El Sol de México, Operativo Culiacán-Navolato; 2 mil 723 elementos federales, 14 de mayo de 2008

[1] José López Portillo, Tercer Informe de Gobierno, 1 de septiembre de 1979

[1] Miguel de la Madrid Hurtado, Sexto Informe de Gobierno, 1 de septiembre de 1988

[1] Carlos Salinas de Gortari, Quinto Informe de Gobierno, 1 de septiembre de 1993

[1] Ernesto Zedillo Ponce de León, Tercer Informe de Gobierno, 1 de septiembre de 1997

[1] Vicente Fox Quezada, Sexto Informe de Gobierno, 1 de septiembre de 2006, sección “3. Seguridad, Orden y Respeto”

[1] El Universal, Pone Gobierno federal en marcha Operativo Tijuana, 2 de enero de 2007

[1] Ortega Sánchez, José Antonio; “¿Pobreza = crimen?”; 2010; México; CODHEM; se puede descargar completo en: http://archipielagolibertad.org/upload/files/007%20Estado%20de%20derecho/7.6%20Criminologia%20y%20politica%20criminal/0005%20%20Ortega%20-%20Pobreza%20igual%20a%20delito.pdf

[1] Excélsior, “El Ejército mexicano admite 47 muertes colaterales”, 28 de junio de 2012

[1] La Policíaca, “Suma Sedena 100 recomendaciones de CNDH por violaciones a DH”, 7 de abril de 2012

Animal Político, “Hay 600 quejas ante la CNDH: Semar”, 25 de enero de 2012

Reforma, “Crecen torturas de PF y Ejército”, 7 de octubre de 2012

[1] Notimex, “El ejército ha matado más de 2 mil delincuentes: SEDENA”, 27 de diciembre de 2011

[1] Sanjuana Martínez, La frontera del narco, 2011, México, Editorial Planeta p. 13

[1] En: http://desaparecidosencoahuila.wordpress.com/estadistica/

[1] Reforma, “Contabiliza ONG 20 mil desaparecidos”, 21 de diciembre de 2012

[1] El Universal, “Al menos 25 mil sicarios son menores: PRD”, 24 de noviembre de 2010

[1] ACNUR, 2011-GlobalTrends-annex-tables.xls, en: http://www.acnur.org/t3/recursos/estadisticas/

[1] José Reveles, El Cártel incómodo, 2009, México, Grijalbo, pp 190-191, 193

[1] Op. Cit., p. 176

[1] Eland, Ivan; “La Guerra contra las Drogas en México: La corrupción es mejor que la matanza”, 9 de julio de 2012, en: http://www.elindependent.org/articulos/article.asp?id=3382

[1] Reforma, “Urgen pacto político contra la impunidad”, 17 de abril de 2011, en: http://www.reforma.com/enfoque/articulo/604/1206371/default.asp

[1] Mary Anastasia O'Grady, “Una nueva muerte en la guerra contra las drogas”, 28 de febrero de 2011, en: http://www.elcato.org/una-nueva-muerte-en-la-guerra-contra-las-drogas

[1] Leopoldo Escobar, “¿Cómo vencer la violencia en México?, marzo de 2011, en: http://www.neoliberalismo.com/Violencia-Mexico.htm