Ernesto F. Betancourt

Venezuela y Cuba son dos países con historias paralelas en los últimos cincuenta años. Durante la lucha contra Batista, los cubanos nos beneficiamos del derrocamiento del dictador Pérez Jiménez un año antes que Batista. En 1958, Caracas se convirtió en un centro de apoyo a la lucha contra Batista. Además, el ejemplo de la caída del dictador venezolano fue una fuente de aliento para los que luchaban dentro de Cuba. No hay lugar a dudas de que lo mismo puede pasar ahora. Por eso es que los cubanos, de dentro y de fuera de la isla, tenemos un interés muy grande en la solución de la crisis venezolana.

Si Chávez logra mantenerse en el poder, su amigo, maestro y modelo, Fidel, se beneficiará doblemente. Por una parte, reforzará la imagen que trata de promover de que el futuro les pertenece a los izquierdistas, ahora reforzada con las victorias electorales de Lula da Silva en Brasil y Lucio Gurtiérrez en Ecuador; y, segundo, continuará recibiendo petróleo a pagar cuando le dé la gana. Pero si gana el pueblo venezolano, en una batalla épica que ha sentado precedentes de coraje, civismo y dignidad democrática, Fidel será un doble perdedor. Su imagen carismática, ya marchita, difícilmente podrá recuperarse; y, en lo económico, tendrá que pagar un petróleo cada vez más caro en efectivo, ya que Cuba no califica como sujeto de crédito. Se repetirá el patrón Pérez Jiménez/Batista.

A Chávez, al igual que a Fidel, le importa un comino el daño que su megalomanía y ambición de poder puedan causar a su pueblo. De ahí que, cínicamente, se haya apropiado de la bandera de la constitucionalidad como fuente de legitimidad de su régimen. Los gobiernos de la región se escudan en esa constitucionalidad para justificar el apoyo a la continuidad de su gobierno, escudados en la Carta Democrática aprobada en Lima, precisamente el 11 de septiembre de 2001. En realidad, lo que temen es que se rompa el precedente de que, una vez electos, tienen garantizado el poder, no importa lo corrupta e inepta que sea su gestión gubernamental.

De hecho, la situación actual de Venezuela viola los principios establecidos en el capítulo III de la Carta Democrática en cuanto a derechos de asamblea, expresión, sindicales y de democracia representativa. De acuerdo con la misma, lo que procede es aplicar el artículo 19, capítulo IV, disponiendo la suspensión del actual gobierno de Venezuela de todos los organismos de la OEA. Este artículo establece que al producirse ''una alteración del orden democrático en un estado miembro que constituye, mientras persista, un obstáculo insuperable para la participación de su gobierno en las sesiones'' de dichos órganos, se suspenderá al gobierno correspondiente.

El secretario general de la OEA, César Gaviria, ha sido remiso en el cumplimiento de sus deberes al persistir en sus gestiones mediadoras, y mantener un silencio cómplice, en presencia de flagrantes violaciones de la constitución venezolana por el presidente Hugo Chávez. Siendo la más seria la usurpación de la autoridad municipal sobre la policía de Caracas, que aun la Corte Suprema, dominada por elementos afines a Chávez, declaró inconstitucional. Eso ha dejado a los ciudadanos de Caracas que pacíficamente protestan en contra del gobierno de Chávez a merced de las turbas chavistas, al privarlos de protección policíaca.

Es sabido que el señor Gaviria fue intimidado por Castro, al inicio de su gestión como secretario general, con el secuestro de su hermano por un grupo guerrillero colombiano, que manifestó que sólo lo liberaban si se lo pedía el propio Castro. Gaviria envió a La Habana a uno de sus asesores, Ricardo Santamaría, quien había sido embajador de Colombia en Cuba, a solicitar la mediación de Fidel. Este, pintándose como noble personaje, se manifestó dispuesto a esa gestión humanitaria y encargó la tarea al notorio terrorista Jesús Arbesú Fraga, segundo del ya fallecido, siniestro comandante Manuel Piñeiro en el Departamento América. Arbesú viajó a Bogotá y regresó a La Habana con el hermano de Gaviria y los secuestradores.

Gaviria quedó avisado de que, si no se portaba bien, Fidel Castro tenía poder de vida y hacienda sobre sus familiares. Por eso, para empezar, tiene prohibido que en la secretaría de la OEA se diga que Castro ha estado envuelto en el terrorismo. Y, por eso, su gestión mediadora en Caracas se ha caracterizado por sus críticas a la oposición y su silencio cómplice ante las violaciones de derechos de la ciudadanía por parte de Chávez. Por elemental decencia debe recusarse en vez de traicionar al pueblo venezolano.

El pueblo venezolano y la consolidación de la democracia en el hemisferio requieren un apoyo incuestionado de parte de la OEA, en esta la primera prueba a que se ve sometida la Carta Democrática. Los cubanos, como en 1959, venimos ansiosos detrás de nuestros hermanos venezolanos. Y tenemos que apoyarlos.