Se agudizan las presiones inflacionarias en Argentina

·     Matthew Moffett

BUENOS AIRES—Argentina atraviesa por su mayor brote inflacionario a inicios de año en dos décadas, lo que constituye un desafío para la recién nombrada presidenta del banco central, Mercedes Marcó del Pont, quien ha sido recibida con escepticismo en los mercados financieros.

Los economistas privados calculan que la inflación subió más de 2% el mes pasado, el nivel más alto para enero desde 1992, aunque la tasa oficial es menor. Un golpe especialmente doloroso para un país con el consumo de carne per cápita más alto del mundo son los aumentos de aproximadamente 25% en los precios de la carne de vacuno en lo que va del año. Un grupo de consumidores de Buenos Aires ha puesto en marcha un boicot a la carne de vacuno en señal de protesta.

Los economistas atribuyen la espiral de precios al exceso de gasto crónico del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, así como a políticas intervencionistas como los controles sobre los precios y la exportación de la carne.

Associated Press

La presidente argentina, Cristina Kirchner, culpó a los ganaderos por el salto en los precios de la carne. Arriba, la mandataria visita un frigorífico en Buenos Aires.

Un factor que ha añadido más incertidumbre a las perspectivas de inflación es la decisión reciente de Kirchner de sustituir a Martín Redrado, que desde hace mucho tiempo presidía el banco central, por Marcó del Pont. Redrado dejó el cargo en enero, después de oponerse al plan de Kirchner de utilizar una parte de las reservas de divisas para pagar la deuda nacional.

Si bien muchos economistas acusaron a Redrado de haber contribuido a la inflación al mantener el peso débil en los últimos años, las preocupaciones de los inversionistas acerca de la Marcó del Pont, una graduada de la Universidad de Yale, son mucho más profundas.

Al comentar sobre la inflación antes de asumir el puesto, Marcó del Pont a menudo no hacía hincapié en la política monetaria, sino en las prácticas monopolísticas que, a su modo de ver, otorgaban a unas pocas empresas argentinas un excesivo poder sobre los precios. También ha respaldado el plan del gobierno para pagar la deuda con las reservas del banco central, que aún debe ser aprobado por el Congreso.

Los economistas han manifestado su preocupación de que el acceso a las reservas alentaría a Kirchner a mantener el ritmo acelerado del gasto público, que el año pasado creció cerca de 30% y ha ayudado a impulsar presiones inflacionarias.

Las posturas de Marcó del Pont sugieren "que cree que la prioridad del banco central no es defender el valor del peso, sino ayudar a financiar el gobierno", manifestó Aldo Abram, economista de la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas en Buenos Aires.

En una conferencia de prensa realizada el jueves, Del Pont aseguró que "no va a haber ninguna sorpresa" en la política del peso argentino, pero añadió que quiere integrar más el banco central en la política económica del gobierno de Kirchner.

Un fantasma antiguo

La inflación ha sido un problema para Argentina en los últimos años, pero se ha agudizado en los últimos meses a medida que la actividad económica ha repuntado tras la recesión mundial del año pasado.

Kirchner, por su parte, culpa a los ganaderos por el incremento en los precios de la carne y los ha acusado de no estar llevando suficiente ganado al mercado.

Eduardo Buzzi, presidente de la Federación Agraria Argentina, un grupo que representa a la industria, calificó los comentarios de Kirchner de "tragicómicos".

Buzzi sostiene que la culpa es de las políticas agrícolas "antiproductivas" del gobierno, como los controles sobre los precios de la carne de vacuno nacional y la cantidad de carne que se puede exportar.

Los economistas dicen que la injerencia gubernamental en el mercado cárnico ha sido tan perturbadora que muchos ganaderos han liquidado sus rebaños y se han dedicado a la agricultura.

La sequía del año pasado también perjudicó a los ganaderos. El total de cabezas de ganado de Argentina ha caído de alrededor de 61 millones en 2007 a unos 50 millones en la actualidad, según los datos de la Sociedad Rural Argentina.

Los economistas privados también señalan que el gobierno ha tratado de barrer bajo la alfombra la inflación mediante la manipulación de las estadísticas oficiales y estiman que los índices representan sólo la mitad o un tercio del nivel real. Agregan que la práctica fue iniciada en 2007, cuando el marido y antecesor de Cristina Kirchner, Néstor, reemplazó a tecnócratas en la agencia de estadísticas con sus propios partidarios.

Buenos Aires City, un instituto de investigación afiliado a la Universidad de Buenos Aires, creó su propio índice de inflación que es compilado por el jefe de estadísticas despedido por Néstor Kirchner. La universidad detectó una inflación de 2,3% en enero, frente a una tasa oficial de 1%.

Ningún tipo de ingeniería estadística esconde la realidad de los trabajadores argentinos, incluso los sindicatos leales al partido peronista de la presidenta Kirchner.

Hugo Moyano, líder de la Confederación General del Trabajo (CGT), el mayor grupo sindical que apoya el gobierno, contradijo públicamente la semana pasada la opinión del ministro de Economía, Amado Boudou, quien restó importancia a la inflación como "un reacomadamiento de los precios relativos a algunos productos".

Moyano contestó que "hay cosas que no se puede negar. Es como si estuviera lloviendo y dicen: 'No está lloviendo, es una nube pasajera'".