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Venezuela: cuatro preguntas frecuentes Elsa
Cardozo da Silva
Poco se comprende desde el mundo la gravedad y las consecuencias de lo que está ocurriendo en Venezuela. A pesar de los discursos, documentos y compromisos sobre lo que es esencial para la vida democrática - más allá del acto electoral- el gobierno venezolano disfruta del beneficio de la duda, mientras que las denuncias y actividades de quienes se le oponen son objeto de escrupuloso escrutinio. Hay cuatro preguntas que una y otra vez sirven para someter a crítica a la actitud y a las propuestas de la oposición. Examinémoslas, con la esperanza de ayudar a un mejor entendimiento y compromiso internacional con lo que sucede en Venezuela. 1. ¿Por qué tanta presión para oponerse a un gobierno que, como otros, ha perdido popularidad en el ejercicio del poder? El gobierno del presidente Hugo Chávez no es simplemente otro gobierno impopular, ni tan sólo uno ineficiente y plagado de corrupción e impunidad,que lo es y en grado sumo. La razón fundamental de la creciente presión social es que se trata de un gobierno que ha violentado el estado de derecho y desmantelado los cimientos mismos de la vida democrática hasta el punto en que no funciona ningún control ni contrapeso institucional; el descalabro y la politización sin precedentes alcanzaron al sector militar, a los cuerpos de seguridad del Estado y a la industria petrolera; mientras día a día disminuyen las garantías para que los mecanismos electorales aseguren los principios democráticos mínimos. 2. ¿Por qué no dar tiempo a las rectificaciones en lugar de presionar por elecciones anticipadas? A pesar del paréntesis para la reflexión y la rectificación que se abrió en el mes de abril, y no obstante la instalación de una Mesa de Negociación y Acuerdos a comienzos de noviembre bajo el patrocinio de la OEA, el Centro Carter y el PNUD, el gobierno no ha tenido disposición franca para garantizar el estado de derecho y el régimen de libertades. Los ha negado una y otra vez, de palabra, acción y omisión, tal y como lo evidencian documentos de respetables entidades internacionales en materia de derechos humanos en general, y libertades sindical y de expresión en particular. Un vistazo al Informe (10-5-2002) y al Comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (12-12-2002) ofrece un buen muestrario. 3. ¿Qué cuesta esperar hasta agosto para activar el referendo revocatorio que el gobierno sí acepta?; ¿no se corren demasiados riesgos al urgir por una salida anticipada? En medio del acelerado deterioro socioeconómico e institucional que se vive en Venezuela esperar a agosto es muy costoso y arriesgado, por eso la oposición se planteó como primera propuesta la de un referéndum consultivo, previsto en la Constitución y ya en proceso en el Consejo Nacional Electoral. Esta vía ha sido obstaculizada por el gobierno de diversas maneras, negándose directamente y a través de sus representantes en la Mesa de Negociación y Acuerdos, sin plantear ni aceptar alternativas, sin asumir la negociación con la sinceridad e intensidad debidas. Por eso la oposición se ha mostrado dispuesta a pagar los costos y asumir los riesgos de un paro activo incluso en el vital sector petrolero, de su movilización en las calles, y de la utilización intensiva de los medios de comunicación, único canal social confiable y expedito que le queda para expresar inconformidad, hacer denuncias y presentar sus exigencias. 4. ¿Por qué y cómo debe actuar la comunidad internacional?; ¿qué más se espera si ya se cuenta con la facilitación del propio Secretario General de la OEA en Caracas? La permanencia y consolidación del régimen que el gobierno del presidente Chávez viene imponiendo en Venezuela, en tanto atenta contra los elementos que son esenciales para la vida democrática, no sólo amenaza la paz, la estabilidad y la seguridad de los venezolanos, sino la del vecindario regional, en el que hay situaciones muy delicadas de gobernabilidad y necesitadas de genuina voluntad de diálogo. La retórica y la práctica política del Presidente Chávez es tanto un factor de irritación y polarización nacional como regional. La comunidad internacional, que cuenta con un conjunto impresionante de compromisos y cláusulas democráticas, debe apoyar sin ambigüedades y con mayor determinación lo que ya la OEA ha acordado: que se mantenga la aplicación de la Carta Democrática –en los términos de la Resolución 833- y que se avance hacia un esquema de seguimiento y mediación. Es la vida en democracia lo que está en juego para los venezolanos y para las sociedades latinoamericanas y del Caribe.
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