El colapso del mito de Guantánamo

Ratifica el Congreso demócrata la política de la era de Bush al rechazar el financiamiento de cualquier esfuerzo por cerrar la instalación carcelaria

John C. Yoo y Robert J. Delahunty

Cuando en el 2002 anunció que Estados Unidos detendría a los combatientes de Al Qaeda en la base de la bahía de Guantánamo, el entonces secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, describió la instalación como “el lugar mejor, el menos malo”. La ocurrencia de Rumsfeld expresaba una certeza: Estados Unidos capturaría a combatientes y líderes enemigos, y su detención, aunque complicada, tenía gran importancia militar.

Durante dos años, el presidente Barack Obama pretendió que el terrorismo era un delito, los prisioneros, indeseables, y la base de Guantánamo, innecesaria. Cuando era candidato a la presidencia declaró: “Ha llegado el momento de mostrar al mundo (…) que no somos un país de prisiones, que encierra a la gente sin siquiera decirle por qué están ahí y de qué se les acusa”. Al tomar posesión ordenó el cierre de Guantánamo en el curso de un año.

Pero la adhesión del presidente a las teorías izquierdistas del terrorismo como delito chocó con su responsabilidad de proteger una gran nación. Ahora, la realidad de la guerra contra el terrorismo está ayudando a destrozar el mito de Guantánamo y a poner fin a la tergiversación de nuestras estrategias antiterroristas.

Hace unos días, la comunidad de inteligencia informó al Congreso que una cuarta parte de los detenidos puestos en libertad en Guantánamo durante los pasados 8 años se reincorporaron a la lucha. Aunque Estados Unidos y sus aliados mataron o recapturaron a algunos de estos 150 terroristas, mucho más de la mitad de ellos siguen sueltos. El Departamento de Defensa dio a conocer que los alumnos de Guantánamo han estado asumiendo posiciones altas en Al Qaeda y el Talibán, atacando a los aliados en Irak y Afganistán y matando soldados norteamericanos.

Incluso esa reincidencia del 25% probablemente sea demasiado baja. Los órganos de la inteligencia reportan que por lo general pasan entre dos y dos años y medio antes de que un detenido liberado vuelva a ser detectado por sus radares. Es casi seguro que nuestras fuerzas tengan que volver a enfrentarse a la mayoría de los terroristas entre los 66 detenidos liberados hasta ahora por el Gobierno de Obama.

El Gobierno de Bush liberó a muchos más, pero es probable que los puestos en libertad por el Gobierno actual sean más peligrosos. Contrariamente al mito de Guantánamo, la base no está llena de adolescentes y pastores de cabras inocentes. El pasado mes de mayo, una comisión del Gobierno descubrió que de los 240 detenidos en Guantánamo cuando Obama tomó posesión, casi todos eran líderes, combatientes u organizadores de Al Qaeda, el Talibán y otros grupos yihadistas. Ninguno de ellos fue declarado inocente.
Todo lo expuesto ejerció influencia en el Congreso, que hace unos días votó por gran mayoría no financiar ningún intento de cerrar la prisión de Guantánamo. También prohibió que el Departamento de Justicia transfiera a los detenidos al territorio estadounidense. A pesar de los apuros del fiscal general Eric Holder por juzgar a Khalid Sheikh Mohammed en el centro de Nueva York, los que planearon los ataques del 11 de septiembre se quedarán en Guantánamo.

El Congreso está reflejando los deseos del pueblo norteamericano. Según el mito de Guantánamo, el presidente George W. Bush era una suerte de Llanero Solitario que actuaba sin permiso del Congreso, y Guantánamo, una zona al margen de la ley. Pero el pueblo de Estados Unidos nunca se opuso a capturar y detener a sus enemigos. Y ahora el Congreso demócrata ratificó la política de Bush.

La congelación del statu quo de Guantánamo impedirá la puesta en libertad de los asesinos de Al Qaeda, pero no pondrá fin a las serias distorsiones de la política de Obama contra el terror.

El Gobierno depende de aviones teledirigidos para matar a los líderes de Al Qaeda que se esconden en Afganistán y Pakistán. Leon Paneta, director de la CIA, consideró que este procedimiento era el único posible. Estos aviones no tripulados no toman prisioneros ni interrogan. El lanzamiento de estos misiles desde lejos no puede ser un sustituto de la captura e interrogatorio de los jefes de Al Qaeda para conseguir información. (Ahora el problema real es el de si los agentes de la CIA renunciarán a interrogar prisioneros, gracias a las investigaciones judiciales de las políticas de Bush).

Mientras nadie más sea enviado a Guantánamo, al Gobierno de Obama le quedan dos opciones para enfrentar a los terroristas: matarlos o capturarlos y soltarlos. La política del Presidente basada fundamentalmente en aviones teledirigidos significa que no solo serán más los terroristas que morirán, pues también perecerán inocentes civiles afganos y pakistaníes.

El mito de Guantánamo también generó los esfuerzos del Departamento de Justicia de juzgar a los jefes de Al Qaeda en tribunales civiles estadounidenses. En ningún otro lugar el verdadero carácter de la postura antiterrorista del Gobierno de Obama se vio más nítido que en su tratamiento como un problema de hacer cumplir la ley. La casi absolución de Ahmed Ghailani, —el miembro de Al Qaeda que en el 2000 facilitó el ataque contra la nave USS Cole— por un jurado neoyorquino el mes pasado mostró claramente que esa vía era un callejón sin salida, aunque Holder sigue negándolo.

La alternativa más sencilla es la de continuar encarcelando en Guantánamo. La detención es coherente con las reglas de la guerra, que permiten que los combatientes capturados sean mantenidos indefinidamente sin instruirlos de cargos. Además, concentra la misión de nuestras tropas y agentes en la búsqueda y eliminación del enemigo, y no en la recolección de pruebas e interrogatorio de los testigos.

El nuevo Congreso, empleando sus poderes constitucionales, debe seguir manteniendo en operaciones la instalación de Guantánamo y debe presionar al presidente Obama para que reanude la captura, detención e interrogatorio de los líderes de Al Qaeda. También ha de mantener informado al pueblo de la situación real en Guantánamo. Los militares han gastado millones en la creación instalaciones modélicas.

Y, lo que es muy importante, el Congreso puede utilizar sus poderes de supervisión para esclarecer la decisión que se tomó para dejar en libertad a 150 o más reincidentes. Puede hacer que las agencias militares y de inteligencia le rindan cuentas de los daños causados por la liberación de los detenidos, y puede esclarecer el alcance de los riesgos que estos errores burocráticos tendrán para las vidas de norteamericanos.

Después de la prolongada denuncia de las políticas de Bush por la izquierda, Obama debería admitir la parte de los errores que él ha cometido, de los cuales el menor no ha sido la difusión del mito de Guantánamo. Si algún detenido puesto en libertad mata a norteamericanos sabremos entonces a quién culpar.


John C. Yoo es profesor de Derecho en la Universidad de California, Berkeley, y Robert J. Delahungy lo es de la Escuela de Derecho de la Universidad de Santo Tomás en Minneapolis. Ambos trabajaron en el Departamento de Justicia durante el Gobierno de George W. Bush

Tomado del Opinion Journal del WSJ