La OEA y Chávez: Un estudio sobre impotencia

Mary Anastasia O’Grady
The Wall Street Journal

En lo que aparecen más evidencias sobre los asesinatos del 6 de diciembre, se están planteando serias interrogantes sobre el papel y la eficacia de la OEA, presunta la multilateral defensora de la democracia hemisférica.

 Hace tres semanas, bajo un cielo nublado, me fui por la noche a dar un paseo con un amigo venezolano por la Plaza Francia en el distrito caraqueño de Altamira.

Desde que 14 oficiales del ejército se establecieran allí desde el 22 de octubre denunciando al presidente Chávez y juraran permanecer allí hasta su renuncia, la plaza ha sido el centro de la oposición venezolana. Ochenta y tantos oficiales se han sumado desde entonces a los catorce originales. Un grupo de organizaciones no gubernamentales han puesto casetas y tiendas de campaña y han afirmado su solidaridad con los militares disidentes.

La noche estaba tranquila. La multitud era de sólo unos pocos cientos de personas. Un par de antiguos oficiales estaba hablando desde una improvisada tarima. Un puñado de mujeres con pulóver rosados estaban recogiendo firmas para una petición. “Son muy valientes”, observó mi amigo. Esta plaza es un problema para Chávez y estoy seguro que le gustaría despejarla. La gente viene y permanece aquí para defenderla con su presencia”.

Hace una semana, presuntos partidarios de Chávez atacaron efectivamente la Plaza Francia. A las 7:10 p.m. de un viernes por la noche, tres civiles desarmados fueron muertos a tiros, incluyendo a muchacha de 17 años, y por lo menos otros 20 resultaron heridos.

Mientras más pruebas aparecen sobre las circunstancias alrededor de los asesinatos del 6 de diciembre, también se planteaban serias interrogantes sobre el papel y la eficacia de la Organización de Estados americanos, presunto multilateral defensor de la democracia hemisférica.

El artículo 21 de la Carta Democrática de la OEA dice que  cuando “haya una interrupción inconstitucional del orden democrático” y “las iniciativas diplomáticas fallen” el resultado debía ser la suspensión de un estado miembro. Hay amplias pruebas de que esto ya ha ocurrido. Parecería bien pasado el momento de que la OEA respalde sus palabras con acciones o corra el riesgo de ser considerada anodina y carente de significado.

Uno de los presuntos atacantes en la noche del 6 de diciembre, Joao de Gouveia, fue fácilmente capturado. Pero los críticos de Chávez sostienen que no es ningún loco que actuó aislado. Han producido un vídeo que muestra a Gouveia participando en una manifestación sólo pocos días antes con partidarios de Chávez frente a la empresa petrolera estatal PDVSA. El gobierno dice que el vídeo fue manipulado. Pero los adversarios de Chávez alegan que hay testigos presenciales. También dicen que, basado en pruebas forenses, que hubo más de un asaltante a la plaza. Chávez ha dignificado al presunto asesino refiriéndose a él como “el Señor Joao”. Más sospechoso todavía, se ha burlado de la tragedia de la Plaza Francia diciendo: “Ven a donde ha ido a parar el teatro de Altamira”.

Los opositores de Chávez están seguros de que el ataque fue parte de una represión gubernamental contra los críticos, más pruebas de las aspiraciones dictatoriales de Chávez. No es ninguna exageración. La masacre de la Plaza Francia no es la primera en su clase. En realidad, es horriblemente parecida a lo que ocurrió el 11 de abril cuando 17 manifestantes pacíficos también fueron tiroteados. Aquel día valientes periodistas se las arreglaron para filmar parte de lo que sucedió. Capturaron las imágenes de los partidarios de Chávez y empleados del gobierno disparando contra la muchedumbre y mostraba francotiradores en los edificios gubernamentales.

Los partidarios de Chávez prefieren plantear esta crisis política en términos de ricos y pobres. Alegan que los “ricos oligarcas”pretenden regresar al poder. Las estadísticas no apoyan estas alegaciones. Sólo alrededor del 20 por ciento de los venezolanos viven por sobre la línea de la pobreza. Con todo, las encuestas sólo muestran un 30% de la población apoyando a Chávez. Aunque todos sus partidarios fueran pobres, eso dejaría otro 50% de la población pobre y en su contra.

Eso no es sorprendente, aunque sólo fuera por razones económicas. El presiente ha estado en el poder desde febrero de 1999 pero su exclusiva atención a la consolidación de su poder ha provocado un grave deterioro económico.

Con todo, la incompetencia económica no es razón suficiente para deponer a un presidente democráticamente electo. Por otra parte, los asaltos contra la democracia constitucional, los derechos humanos y el imperio de la ley sí justifican su deposición, y hay muchos de estos que señalar.

Chávez ha politizado las fuerzas armadas, promoviendo a sus aliados dentro de la institución y trayendo oficiales del ejército al gobierno civil. El artículo 328 de la constitución lo prohíbe estrictamente. Usando la Guardia Nacional, se ha apoderado del Departamento de la Policía Metropolitana de Caracas, que legalmente responde al alcalde de la ciudad, no al presidente. El Tribunal Supremo, que estaba preparando un fallo sobre el asunto, suspendió sus trabajos, alegando hostigamiento gubernamental (*).

El presidente se ha movido agresivamente en contra del sector privado y de la sociedad civil. Esto incluye un intento de convertir por la fuerza toda la educación venezolana en un sistema similar al cubano e intentos por arrebatarle el control a los sindicatos. Sus ataques contra la propiedad privada o a través de una serie de leyes que hubieran permitido la toma de tierras – produjo una reacción de los agricultores y de la Cámara de Comercio conocida como FedeCámaras. Hace pocas semanas, el Tribunal Supremo declaró inconstitucionales las leyes marxistas de Chávez sobre la propiedad privada.

El gobierno también está violando los derechos humanos. El presidente regularmente ataca a los medios de comunicación y fomenta la violencia contra los mismos. En esta misma semana, los partidarios de Chávez atacaron a un número de estaciones de televisión en todo el país. Grupos paramilitares conocidos como los Círculos Bolivarianos, armados hasta los dientes, circulan por Caracas intimidando a los opositores del gobierno. Esta actividad criminal es una obvia violación del estado de derecho. Chávez ha decidido unilateralmente darle petróleo a cuba pese a que, legalmente, semejantes acuerdos requieren de ratificación del Congreso.

Chávez hubiera podido triunfar en su intento de ganar más poder si su necesidad de una autoridad absoluta no lo hubiera llevado a tratar de conseguir el control de PDVSA. Los empleados de la empresa, desde la administración hasta los obreros de los campos petroleros y el personal de los banqueros, ahora están en huelga, junto con la confederación sindical nacional, la CTV, FedeCámaras y alrededor del 80% de la fuerza de trabajo del país.

Mientras el país se hunde en el caos, la democracia se disuelve y Chávez se vuelve mas agresivo, la OA todavía filosofa sobre “negociaciones”subrayando que este líder, ahora tan detestado, fue “democráticamente electo”. El mensaje para Chávez y para Castro es que la OEA es totalmente impotente y que puede ser ignorada impunemente por cualquier dictador real o potencial.

(*) La decisión del Tribunal Supremo fue que la presidencia tenía que devolverle el control de la policía de Caracas al alcalde. El tribunal impuso un plazo de 15 días y nadie sabe si Chávez aceptara el fallo cuando se cumpla el plazo.

Traducido por AR.