Ortega se niega a soltar el poder en Nicaragua

En un desafío a la Constitución, vuelve a buscar la presidencia. A EE.UU. le preocupa el fraude electoral.

Por MARY ANASTASIA O'GRADY

Cuando el dictador nicaragüense Daniel Ortega acordó por fin el monitoreo internacional de una elección, en febrero de 1990, la mayor parte de las encuestas proyectaban su triunfo. Sin embargo, estaban equivocadas. En un revés que sorprendió no sólo a la maquina sandinista sino también a sus simpatizantes estadounidenses, los nicaragüenses optaron por la opositora Violeta Chamorro, que obtuvo 55% de los votos frente al 41% de Ortega.

El domingo, Ortega vuelve a ser el candidato oficialista en una elección presidencial nicaragüense. Y las encuestas le vuelven a otorgar una cómoda ventaja. La oposición, no obstante, se acuerda de 1990 y no está dispuesta a darse por vencida. Considera que las encuestas no captan por completo la insatisfacción popular con el astuto y sediento de poder candidato sandinista y que su rival más cercano, Fabio Gadea, de centro-derecha y que lleva la bandera de la anticorrupción, puede salir adelante en una elección limpia, al igual que la oposición lo consiguió en 1990. Lo que más dudas despierta es si se puede realizar una elección limpia.

No sería de extrañar que la mayoría del electorado se oponga a más sandinismo. La opinión generalizada es que, como presidente en los últimos cinco años, Ortega ha usado el cargo y su alianza con el dictador venezolano Hugo Chávez para llevar adelante sus intereses comerciales personales y los de su partido. Un ejemplo es la empresa Albanisa, de capital cerrado, que utiliza una disposición estatal para importar petróleo venezolano a precios de descuento y luego lo vende a precios de mercado. Es muy difícil acceder a los libros de Albanisa, pero el diario nicaragüense La Prensa informó la semana pasada que las importaciones de petróleo de Venezuela llegaron a US$900 millones este año, y sugirió que "mientras las finanzas públicas [de Nicaragua] presionan para cumplir con el pago que toca, a su vez sigue en bonanza el negocio petrolero entre los presidentes Daniel Ortega y Hugo Chávez".

En Nicaragua, la red de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, una asociación impulsada en 2004 por Chávez y conocida como ALBA, controla también una lucrativa operación de exportación de productos agrícolas a Venezuela. Posee también el Hotel Seminole en Managua, varios canales de televisión privada y una de las mayores haciendas ganaderas del país.

Todo esto ha dependido del poder presidencial y Ortega, por supuesto, no quiere renunciar a él. A pesar de que la Constitución le impedía postularse para un segundo mandato, Ortega asegura que la Corte Suprema le ha dado luz verde.

Sin embargo, solamente el Congreso tiene la autoridad para levantar esa prohibición. Por otra parte, el hecho de que fue capaz de orquestar un "voto" entre algunos magistrados sandinistas difícilmente significa que su candidatura haya sido aprobada por la Justicia. No obstante, mediante el uso de la fuerza de su cargo y aprovechando de que la Organización de Estados Americanos se ha vuelto un actor irrelevante bajo la conducción del secretario general José Miguel Insulza, Ortega siguió adelante con su campaña por la reelección.

Tal campaña ha tenido que superar obstáculos importantes. Las elecciones municipales de 2008 estuvieron envueltas en fraude y tanto la Unión Europea como EE.UU. se negaron a reconocer los resultados y cortaron la ayuda bilateral. Las reservas petroleras de Venezuela le han permitido al presidente comprar apoyo y, gracias al alza de las materias primas, la economía está creciendo. Sin embargo, las empresas de Ortega han proporcionado un alivio muy escaso a las víctimas de la miseria absoluta de Nicaragua. La oposición señala el candidato sandinista nunca ha obtenido más de 42% de los votos en una elección libre. En 2006, sólo recibió 38%. Si ese número se mantiene, Gadea tiene una seria oportunidad de llegar a una segunda vuelta.

Entre las numerosas preocupaciones que aquejan a la oposición se encuentra la dificultad de los votantes para obtener su tarjeta de identificación electoral. La organización no gubernamental Hagamos Democracia (HD), que trabaja para conseguir un proceso limpio, calcula que casi 5% de los electores potenciales no cuentan con tal identificación. Según dicen, eso podría traducirse en unos 200.000 individuos privados de sus derechos y, en el caso de una contienda muy cerrada, sería significativo.

Le pregunté a Roberto Bendaña, presidente de la junta directiva de HD, si eso se debe a la incompetencia del registro electoral. "Sí, en parte", me respondió. "Pero sobre todo a la manipulación", añadió. De hecho, según Bendaña, en algunos casos, las identificaciones han sido repartidas por mano en los domicilios de los partidarios sandinistas. También señala que las áreas donde es más difícil conseguir las identificaciones son "principalmente donde el voto liberal (es decir, de la oposición) es más fuerte".

HD no es la única institución preocupada por la apropiación del poder. La Iglesia Católica de Nicaragua, sin dejar de ser apolítica, ha cuestionado las amenazas a la democracia provenientes del gobierno. La Unión Europea, que ha enviado una misión de observadores, y EE.UU. también están en estado de alerta. El viernes, un alto funcionario me dijo que EE.UU. está "preocupado por las aparentes irregularidades de la documentación" y otros temas como "la omisión de acreditación a ciertas organizaciones no gubernamentales locales". Por desgracia, me dijo que EE.UU. planea confiar en gran medida en la misión de observación de la OEA para defender el proceso.

HD afirma que el día de las elecciones va a distribuir unos 9.600 voluntarios que utilizan un sistema de mensajes basado en la web para informar de los totales distritales. Eso podría ser una gran ayuda para forzar un recuento honesto de los votos. Pero al mismo tiempo, el consejo electoral controlado por Ortega amenaza con descalificar a 51 candidatos de la oposición para cargos legislativos. En conclusión, Ortega no tiene la intención de repetir lo ocurrido en 1990 si es que puede evitarlo, por el medio que sea.