Mary Anastasia O’Grady

Los demócratas del Congreso, decididos a anular el Acuerdo de Libre Comercio entre Estados Unidos y Colombia, alegan que ese país suramericano, desgarrado por el terrorismo, no protege adecuadamente los derechos humanos y por tanto no merece el status de ALC (FTA, Acuerdo de Libre Comercio). En el libro de los demócratas, la forma de hacer más justa a Colombia es negándole la oportunidad de profundizar sus relaciones comerciales con Estados Unidos.

Es un pensamiento curioso y aún más viniendo de un partido que simultáneamente arguye que Estados Unidos debe levantar el embargo comercial a la dictadura cubana, como medio de ayudar al pueblo cubano. Dado el historial deprimente de Cuba en derechos humanos y el duro trabajo hecho por Colombia para defender la vida humana en los últimos seis años, es difícil cuadrar ese círculo.

Los liberales clásicos alegarían que el comercio abierto con todos los países es un derecho individual. Los partidarios de los derechos humanos pudieran objetar que hacer negocios con una dictadura sostiene al tirano. Los aislacionistas quisieran excluirlos a todos. Pero es difícil entender un sistema racional que apoye la ampliación del intercambio comercial con un dictador al mismo tiempo que rechaza relaciones comerciales más profundas con una democracia, especialmente con una que ha derramado tanta sangre en la guerra americana contra las drogas.

Patrick Leahy, senador por Vermont, es uno de muchos en el Partido Demócrata que parece tener conflictos en este asunto. Leahy ha dicho que aún no se ha decidido en cuanto a como votará en el ALC EE.UU.-Colombia. Pero justo el mes pasado, en una carta publicada en este periódico, me acusó de ver "los asesinatos de cientos de sindicalistas" en Colombia como "irrelevantes", porque estoy a favor de aumentar el comercio como forma de consolidar el capitalismo democrático y aumentar las oportunidades económicas para todos los colombianos. Todavía estoy tratando de comprender la conexión.

Es bastante gracioso que Leahy, como muchos de sus colegas, incluyendo al representante de Nueva York en la Cámara, Charles Rangel – no tenga tales escrúpulos respecto al comercio con el despótico régimen de La Habana. El senador ha dicho que Estados Unidos debería buscar un compromiso con Cuba a base de "levantar el embargo" y aumentar "los contactos entre norteamericanos y cubanos"– en otras palabras, deberíamos echar abajo las barreras entre nuestros dos países, no hacerlas aun más altas".

La Cuba a la que Leahy quiere acercarse más, no está simplemente acusada de abstenerse de procesar a los violadores de derechos humanos, como en el caso de Colombia. Es lamentable que el senador aparentemente crea irrelevante el asesinato de miles de cubanos, la tortura y encarcelamiento de otras decenas de miles, el exilio de millones y el rechazo de todos los derechos humanos, incluyendo el derecho a organizar sindicatos.

Muy aparte de esa flagrante contradicción, está el asunto de si realmente Colombia es culpable, como han sugerido los demócratas, de ignorar o ser cómplice de los asesinatos de sindicalistas colombianos. Una revisión seria del historial sugiere que la propaganda izquierdista está manipulando los hechos en la dirección del Partido Demócrata. Si la dirección del partido mantiene esa opinión, el resultado dañará no sólo a Colombia sino también, y muy fuertemente, a los intereses norteamericanos en la región.

No se sabría con todo el aspaviento de los demócratas, pero el gobierno colombiano ha sido muy explícito en cuanto a la persistencia de la violencia en el país. El presidente Uribe habla frecuentemente sobre el asunto, como lo hizo en un discurso en New York, en julio 22, sin edulcorar la tragedia.

"Aun asesinan 17,000 colombianos al año. Nos gustaría mostrar una reducción mayor, pero acostumbraban matar 35,000. Ni un solo pueblo ha sido destruido en Colombia en este año. En el año antes de mi gobierno, los grupos terroristas destruyeron 84 pueblos en Colombia.

Nuestra libertad estaba amenazada por el terrorismo. Hubo años en que mataron 15 periodistas.

Este año no han asesinado ninguno. Tuvimos años en que secuestraron 3,000 colombianos. Este año han secuestrado 107. Nos gustaría no tener ni un solo secuestro. Estamos ganando en los secuestros, pero todavía no hemos sido capaces de derrotarlos".

Ciertamente que los sindicados se han beneficiado con la mejoría de la  seguridad. Hubo años en que más de 250 sindicalistas murieron, como dijo el Presidente en New York, pero recientemente han muerto muchos menos. En el 2006, dijo, la violencia se intensificó y el número creció hasta 60, de 25 en el 2005. Este año sólo cuatro sindicados han sido muertos y el Ministerio de Justicia informó que las investigaciones preliminares indican que sus muertes no estaban ligadas al activismo sindical. El Gobierno está también investigando los asesinatos de 12 miembros del sindicato de maestros.

En Colombia, los sindicalistas son asesinados por las mismas razones que se asesina a los campesinos. Son agarrados en el fuego cruzado entre paramilitares y guerrillas. Como explicó Uribe en su discurso de New York, "los paramilitares matan a sindicalistas, acusándolos de colaborar con las guerrillas, y las guerrillas matan a  los sindicalistas, acusándolos de colaborar con los paramilitares". Ahora hasta los dos principales grupos de guerrillas, en ciertas regiones del país, están combatiéndose mutuamente.  "El grupo rebelde ELN mata a un sindicalista porque dicen que es amigo del grupo rebelde FARC y el FARC mata a otro porque dice que es amigo del ELN".

Aun así, los asesinatos de sindicalistas han descendido en dos tercios desde que Uribe tomó posesión de su cargo, y el gobierno está esforzándose en proteger a los sindicalistas. Un programa especial de protección a individuos vulnerables, que permite pedir ayuda especial a todo el que se sienta amenazado, ahora protege a más de 5,000 individuos. Según el gobierno, 1,500 de ellos son sindicalistas. El año pasado el gobierno gastó 24 millones de dólares protegiendo a dirigentes sindicales y sus familias. La oficina del secretaria de Justicia ha establecido un programa especial para investigar violaciones de derechos humanos contra los miembros de sindicatos. En cuanto a los asesinatos sin aclarar, el secretario de Justicia conferenció con dirigentes sindicales y coincidieron en cuanto a una lista de 200 casos que ahora tienen alta prioridad para investigación y procesamiento.

El Gobierno de Uribe ha desmovilizado a 43,000 combatientes ilegales. Unos 33,000 eran paramilitares y 10,000 eran guerrillas. Pero el presidente señaló que el país comenzó con 60,000 "terroristas", por lo que aún queda mucho trabajo por hacer.

Aun si tal progreso no hubiera ocurrido, no tendría sentido rechazar el ALC. Colombia necesita el Acuerdo de Libre Comercio, dijo Uribe en New York, porque así es como "podemos generar más empleos de mayor calidad, enviar más de nuestros productos al mercado estadounidense y de esta forma tendremos menos drogas ilícitas, menos terrorismo, más paz, más seguridad, y más bienestar para el pueblo colombiano". Si al menos el gobierno en La Habana se preocupara tanto por el pueblo cubano.