Editorial del Wall Street Journal

 

Hemos sabido por algún tiempo que Hugo Chávez es una amenaza contra el
bienestar económico de su propio pueblo. Pero lo que parece cada vez más
urgente es si se está convirtiendo en una amenaza a los intereses de la
seguridad de Estados Unidos, tanto en el hemisferio occidental como fuera de
él.
 

En concreto, nos gustaría saber cómo interpretan el senador Chris Dodd y
el representante Bill Delahunt la reunión de Chávez este fin de semana con
Mamud Amadineyad. El presidente iraní paró en Caracas el sábado como parte
de una gira de cuatro días en citas con los nuevos gobiernos izquierdistas.
El domingo el iraní conversó con el nuevo jefe de Nicaragua, Daniel Ortega,
y el lunes asistió a la toma de posesión del nuevo presidente pro-Chávez de
Ecuador, Daniel Correa.
 

La visita a Caracas fue la segunda de Amadineyad en cuatro meses. “Es sólo
el preludio de lo que haremos”, declaró Chávez, en un discurso televisado
que anunció la creación de un fondo conjunto de $2 mil millones para
financiar proyectos de desarrollo y otros. Y añadió, “Hermano, este fondo
grande y estratégico será convertido en un mecanismo libertador”, agregando
que se proponen construir “una red de alianzas”.
 

En Managua, el iraní también firmó un “amplio acuerdo de cooperación”
con Ortega. El año pasado Chávez costeó abiertamente la campaña presidencial
sandinista, y antes había apoyado a Evo Morales en Bolivia. Militares
venezolanos han informado que tienen órdenes de dar refugio a los rebeldes
colombianos, y Chávez firmó contratos el pasado año para comprar MiGs rusos
y abrir una fábrica de Kalashnikov en su país.
 

 Mientras tanto, el venezolano usa su reciente victoria electoral para
consolidar su dominio sobre la economía. Hace una semana anunció que
nacionalizaría las empresas de electricidad y teléfonos del país; ya
controla la producción petrolera. Su meta es redistribuir el ingreso pero
especialmente reducir la economía privada a fin de disminuir el espacio en
que pueda funcionar la oposición política.
 

El índice de la Bolsa de Valores de Caracas cayó 16 % la semana pasada,
y pidió al Congreso facultades ejecutivas provisionales para gobernar por
decreto. “El mundo debe saber que nuestra revolución no retrocederá”, dijo;
“Nuestra senda es el socialismo; patria, socialismo, o muerte”.
El mundo debiera haberlo sabido desde hace largo tiempo, pero demasiada
gente prefirió ignorarlo. Chávez asumió el poder en 1999 prometiendo acabar
con la corrupción y la injusticia. En el 2000, grupos pro derechos humanos
advirtieron que se deterioraban las protecciones constitucionales, y Chávez
comenzó a importar agentes de seguridad de Castro así como médicos y
maestros cubanos para hacer propaganda.
 

 Cada vez que Chávez ha encontrado resistencia, ha apretado las tuercas.
Los controles de precios y sobre el capital se han vuelto política del Estado.
Empleados y contratistas de la empresa petrolera estatal han sido despedidos
si se oponen al gobierno; opositores políticos han sido encarcelados.
Todo este tiempo Chávez ha tenido facilitadores estadounidenses que han
excusado su creciente represión, o que la han achacado a las políticas de
Estados Unidos. El principal de ellos ha sido Dodd, quien ha defendido a
Chávez como “democráticamente electo” pese a su clara tendencia al
autoritarismo. En 2004, las circunstancias de un referendo revocatorio
fueron tan antidemocráticas que la Unión Europea rehusó servir de
observador. Pero Jimmy Carter bendijo el resultado en medio de graves
irregularidades, y la Secretaría de Estado dio su visto bueno al proceso.
Otros políticos, como Delahunt, abrazaron y elogiaron a Chávez por su ardid
pub lirrelacionista de ofrecer petróleo barato a gente pobre de este país.
Tal vez sea hora de que dichos estadounidenses pongan atención en la
clase de “socialismo” y “revolución” que, con su apoyo, construye Chávez.