Lo que Estados Unidos sabía de Manuel Zelaya

Mary Anastasia O'Grady

 El último año y medio del mandato del [presidente Manuel] Zelaya será, desde mi punto de vista, extraordinariamente difícil para nuestra relación bilateral. Su búsqueda de inmunidad por las numerosas actividades criminales que se han llevado a cabo en su gobierno hará que atente contra el estado de derecho y la estabilidad institucional.

—Charles Ford, embajador de Estados Unidos en Honduras. 15 de mayo de 2008.

Se manejan muchas hipótesis para explicar por qué el año pasado el gobierno de Barack Obama fue a tales extremos para forzar a Honduras a que restituya al presidente depuesto Manuel Zelaya.

Ahora, la publicación de dos cables en WikiLeaks provenientes de la embajada estadounidense en Tegucigalpa refuerzan una de esas teorías: Estados Unidos sabía que Zelaya era una amenaza para la Honduras democrática, pero decidió que el país debía tolerar sus violaciones constitucionales a favor del realismo político (concepto de política que pone la situación y necesidades específicas de un país por encima de principios éticos o teóricos).

Pragmáticamente hablando, Hugo Chávez era el hombre a complacer. Luego de una década en el poder, la influencia del presidente venezolano sobre la región era notable. George W. Bush había chocado con él. Obama trataba de demostrar que podían llevarse bien, como quedó en evidencia en su cálido apretón de manos de abril de 2009, en la Cumbre de las Américas en Puerto España.

Honduras ofrecía una oportunidad para coincidir. Zelaya era un protegido de Chávez. Apoyarlo como un presidente democráticamente electo era una manera de congraciarse con la izquierda extrema de América Latina.

Sin embargo, Honduras no estaba dispuesta a ser el cordero del sacrificio. La remoción de Zelaya por parte del resto del gobierno, tomó desprevenido el embajador estadounidense Hugo Llorens. Salvar la dignidad se convirtió en la prioridad.

El cable de Ford, escrito cuando entregaba su puesto a Llorens luego de tres años en Tegucigalpa, apoya esa premisa. En el resumen inicial, Ford escribió: "Rebelde perpetuo, el objetivo principal de Zelaya en su mandato es enriquecerse él y a su familia y quedar públicamente como un mártir que intentó hacer el bien, pero que siempre se vio frustrado por intereses poderosos e innombrables". El Departamento de Estado dice que no hace comentarios sobre documentos clasificados.

La imagen de defensor de los pobres oprimido por la élite adinerada es precisamente la que los partidarios de Zelaya en Washington y Tegucigalpa le vendieron a la prensa durante los meses subsecuentes a su remoción del mando. Pero Ford había encontrado un fraude. "Su errático comportamiento parece más evidente cuando de manera deliberada alienta protestas callejeras en contra de políticas de su propio gobierno, sólo para resolver el asunto (quejas del magisterio, del gremio transportista, etc.) a último momento".

Aunque "gentil y encantador", escribió Ford, "también existe un Zelaya siniestro, rodeado por unos cuantos asesores con nexos tanto en Venezuela como en Cuba y el crimen organizado". Observaba inquietado lo que los opositores de Zelaya denunciarían con insistencia en privado durante el siguiente año: "Debido a su relación cercana con personas con presuntos lazos con el crimen organizado internacional", no se puede confiar en el presidente. "Soy incapaz de informar a Zelaya sobre acciones en contra del narcotráfico debido a mi preocupación de que esto pueda poner en riesgo la vida de agentes estadounidenses".

El intuitivo diplomático también reconoció el desdén de Zelaya hacia otras instituciones. Zelaya "resiente la mera existencia del Congreso, el procurador general y la Corte Suprema". Esa molestia se hizo evidente en junio de 2009 cuando la Corte Suprema decretó que un referéndum sobre su reelección era inconstitucional. Zelaya respondió llevando una turba a irrumpir en las instalaciones militares donde se almacenaban las boletas de votación de la consulta nacional eran almacenadas.

Los hondureños estaban consternados. La Corte Suprema emitió una orden de arresto, los militares lo deportaron y el Congreso votó para removerlo de su cargo.

Casi un mes después, según otro cable filtrado, Llorens envió su propio análisis legal a Washington. En dicho documento reconoce que podría haber un caso en contra de Zelaya por varias violaciones a la Constitución. Sin embargo, también afirma que "no hay duda" de que la decisión de la Corte Suprema de emitir una orden de arresto en contra de Zelaya era "una conspiración" con el Congreso y el procurador general.

Esto es absurdo. Las acciones conjuntas de dos ramas del gobierno y un procurador general independiente para hacer valer la Constitución de un país difícilmente podrían ser calificadas de "conspiración". Llorens también afirma que Zelaya tenía derecho a la "presunción de inocencia", pero incluso un estudiante de primer año de derecho sabe que esa presunción sólo aplica para casos criminales.

Otro detalle de lógica extraña se relaciona con el Artículo 239 de la Constitución que dice que un presidente puede ser removido de su cargo por cualquier intento de eliminar la prohibición constitucional de reelección. Llorens alega que el artículo "no estipula quién determina si ha sido violado o cómo". Sin embargo, considera que está más calificado que la Corte Suprema de Honduras para hacer tal determinación.

En toda la crisis constitucional en Honduras, el Departamento de Estado se rehusó a dar a conocer su análisis legal. Ahora sabemos por qué: El caso a favor de Zelaya era poco sólido y sabía muy bien que Zelaya era una amenaza para la democracia hondureña.