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UNA PROPUESTA PARA EL DESARROLLO DE MÉXICO “Lo que México necesita es libertad económica” Ludwig Von Mises DIAGNÓSTICO El desafío número uno de México es superar la pobreza y acceder a la categoría de nación desarrollada, aquella en la cual las necesidades básicas del conjunto de los habitantes están resueltas. Pero la condición de desarrollada que una nación tenga depende del nivel de riqueza acumulada, lo cual a su vez supone un nivel dado de formación de capital lo cual por su parte supone un nivel mínimo de reconocimiento y respeto de los derechos de propiedad, libertad económica y estado de derecho. En suma, no hay manera de acceder al desarrollo más que dando el paso definitivo hacia una economía capitalista. Ninguna nación desarrollada accedió al desarrollo mediante el socialismo, el dirigismo, el estatismo o el intervencionismo estatal. La historia de México es una larga sucesión de oportunidades desaprovechadas de acceder en plenitud al capitalismo y a las libertades todas. Tras de las guerras civiles de la segunda y tercera décadas del siglo XX, y cuando se estaba restaurando el orden público, el grupo político que se impuso en la lucha armada no tenía un programa a favor del capitalismo, sino por el contrario favorable al estatismo y su ala más radical simpatizaba con el socialismo. Bajo el gobierno de Lázaro Cárdenas, México por primera vez (la segunda sería bajo el régimen de López Portillo) estuvo a un paso de despeñarse hacia el socialismo. Cárdenas ahuyentó la inversión extranjera y dificultó gravemente la formación de capital con expropiaciones, la cuasi colectivización del campo y la promoción de un sindicalismo anticapitalista (además de imponer el adoctrinamiento socialista en la incipiente educación pública). Sin embargo, tras el término del gobierno de Cárdenas y hasta el término de la administración de Gustavo Díaz Ordaz (1970), se desarrolló una política económica que no fue la mera prolongación de la política cardenista, ni mucho menos. El régimen autoritario de esos años abandonó el discurso anticapitalista y en la práctica se orientó hacia un mayor respeto por los derechos de propiedad, la moderación de los sindicatos, un manejo menos irresponsable de las finanzas públicas, un carga fiscal relativamente baja y la interferencia no tan agobiante del gobierno en la vida de las empresa privadas (además de un clima de paz social). El resultado de esta orientación conocida como el “desarrollo estabilizador” fue el llamado “milagro mexicano”, el crecimiento del Producto Interno Bruto a tasas anuales de 6% en promedio, baja inflación y carestía, ausencia de crisis económicas catastróficas, la formación de una industria nacional importante, la transformación del país de predominantemente agrícola a predominantemente urbano y una mejora general de los niveles de vida de la población, si bien la gran mayoría de los habitantes seguía viviendo en condiciones de pobreza. Aunque este esquema tenía virtudes, sus principales defectos eran la permanencia de grandes lastres que provocaban una gran ineficiencia económica y que impedían o dificultaban la formación de capital y la superación de la pobreza: el proteccionismo, las restricciones a la inversión extranjera, la reforma agraria y la propiedad ejidal de la tierra, la propiedad estatal (PEMEX en 1971 ¡empezó a importar hidrocarburos!), la corrupción gubernamentalmente rampante y todo el entramado legal que favorecía el intervencionismo y las decisiones arbitrarias contra los agentes económicos (en 1960 se estatizó la industria eléctrica, por ejemplo). Una dirigencia política juiciosa tendría que haber optado por mantener los aciertos del “desarrollo estabilizador” al tiempo que avanzaba hacia mayor libertad económica y el respeto de los derechos de propiedad, a través del explícito reconocimiento del derecho a la propiedad privada (con la consecuente abrogación de la facultad expropiatoria del Estado), una gradual apertura de la economía al mercado mundial, la disolución del ejido, la privatización de las empresas estatales y en general, la reducción del tamaño del Estado, la reducción de las regulaciones hasta su mínima expresión, la aceptación sin condiciones de la inversión extranjera y la flexibilización del mercado laboral. De haberse seguido un programa así, México ya sería una nación desarrollada. Pero en lugar de ello, la clase política dio un nuevo giro hacia el estatismo y el dirigismo, así como a la demagogia anticapitalista bajo los gobiernos de Luis Echeverría y hasta Miguel de la Madrid. Se rompió la disciplina en el manejo de las finanzas públicas, el gasto público y la deuda pública (externa e interna) crecieron en forma exponencial. Se provocó inflación y por ende carestía, además de devaluaciones abruptas y catastróficas del peso. El gasto público pasó de un promedio de menos del 15% como proporción del PIB en la época del “desarrollo estabilizador”, a 44% en 1983. Si el expansionismo estatal comenzó con Echeverría, con José López Portillo llegó a su cumbre con la expropiación de la banca y por ende, con acciones bursátiles que equivalían a la tercera parte de las empresas privadas más importantes. Con De la Madrid, la constitución fue reformada para introducir el principio de la economía centralmente planificada y para prohibir más áreas económicas a la iniciativa privada. Esta política económica causó enorme daño al país, a la formación de capital y a la tendencia a la reducción de la pobreza, que ya era clara en los años sesenta. Las consecuencias de esa política (así como de la que condujo a la crisis de 1994-1995) se siguen resintiendo hasta hoy y en parte, explican las dificultades para recuperar el ritmo de crecimiento de la época del “desarrollo estabilizador”. A partir del gobierno de Carlos Salinas se inicia un proceso de corrección, que aunque inconsecuente, insuficiente y plagado de otras deficiencias fue mejor que las anteriores políticas estatistas. Entre las medidas más destacadas del proceso de corrección se destacan: el regreso a la disciplina en el manejo de las finanzas públicas, la libertad (así sea limitada) de cambios y la libre flotación del peso (lo que ha impedido desde 1995 las macro-devaluaciones que coinciden con coyunturas políticas como las de 1976, 1982, 1987-88 y 1994), la apertura comercial (incluyendo el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica), la privatización de un millar de entidades paraestatales, incluyendo la banca, la desaparición o reducción de una serie de subsidios, la privatización parcial del sistema de retiro, la autonomía del Banco de México y su mandato de controlar la inflación, la derogación de los mayores obstáculos que imponía la ley de inversión extranjera e incluso, los cambios legales que permiten la compra-venta de tierras ejidales. Las reformas presentan una serie de insuficiencias y deficiencias entre las que cabe destacar: no existe en la constitución una disposición de disciplina en el manejo de las finanzas públicas, la privatización de los bancos no significó la devolución a sus legítimos dueños, el proceso de privatización de otras entidades paraestatales (destacadamente Telmex) estuvo viciado por decisiones de favorecer monopolios, así fuera de manera temporal, la supuesta autonomía del Banco de México se probó (bajo el gobierno de Felipe Calderón) en la práctica no ser efectiva y las modificaciones al artículo 27 constitucional y la ley reglamentaria no significaron un reconocimiento pleno de los derechos de propiedad en el campo, pues las decisiones de los ejidatarios sobre sus tierras siguen subordinadas a las del colectivo (el ejido). Además, México ya vivió su primera crisis a mediados de los noventa, provocada por la concesión de crédito a una gran cantidad de personas, que en realidad no eran sujeto del mismo y que se confirmaron como insolventes. El rescate bancario con cargo a los contribuyentes creo el pésimo precedente de premiar el mal juicio de los empresarios, en este caso de quienes adquirieron los bancos despojados a banqueros verdaderos (a quienes en su momento alabó Ludwig Von Mises por su papel en la formación de capital). Sin negar los beneficios que estas reformas trajeron, es un hecho que no parece seguro el curso del país hacia el desarrollo, el crecimiento de la economía resulta insuficiente y gran parte de la población sigue padeciendo pobreza. A la par de la economía formal se ha desarrollado un amplio y pujante sector informal, pero que enfrenta graves obstáculos para formalizarse. Asimismo, una gran franja de la población en condición de pobreza enfrenta la aparente paradoja de no carecer realmente de activos (en realidad equivalen a la mitad del PIB en un año), sino que la falta de reconocimiento de derechos de propiedad sobre sus activos, les impide que sus bienes adquieran el carácter de capital vivo. Las tres causas principales de esta situación son: la insuficiencia ya referida de las reformas de las últimas 2 décadas, la falta de reformas adicionales y las nuevas políticas intervencionistas desarrolladas en los últimos años por los gobiernos y la clase política en su conjunto. Las reformas adicionales que eran necesarias y no se han dado son: P El explícito reconocimiento constitucional del derecho a la propiedad privada y la consecuente derogación de la facultad estatal de expropiación, así como el fortalecimiento de las garantías sobre sus posesiones de los titulares de concesiones y permisos estatales. P La supresión de todas las restricciones a la extensión y uso de la propiedad de la tierra rural y no rural, así como en general a la cuantía y dimensiones de los patrimonios. P La definitiva abolición del ejido y la propiedad comunal con el consecuente pleno reconocimiento de los derechos de propiedad de los ejidatarios y comuneros sobre sus parcelas individuales (como, por cierto, era la propuesta del Partido Acción Nacional y que olvidó desde hace más de una década). P La escrituración expedita y al menor costo posible de los activos en manos de las personas de escasos recursos, como condición indispensable para que sus posesiones puedan adquirir la condición de capital vivo y puedan integrarse plenamente al mercado. P La reforma laboral que flexibilice el mercado de trabajo, quite a los sindicatos la facultad de intermediación ante los patrones sin el consentimiento de los trabajadores y permita la amplia modalidad de contratos labores y en general, garantice la libertad contractual. P La reforma energética para la reducción de precios y multiplicación de opciones del consumidor, que cuando menos permitiera la participación de la iniciativa privada en la generación y comercialización de energía eléctrica (independiente de la liquidación o no de la respectiva entidad paraestatal) y la asociación de PEMEX con empresarios privados para exploración, extracción y producción de petróleo y sus derivados. P La reforma en materia de telecomunicaciones para reducir las barreras de entrada a la industria y lograr una baja de los precios por la vía de mayor oferta y competencia. P La mejora del marco regulatorio, mediante la supresión de la gran mayoría de los trámites y requisitos para la apertura y cierre de negocios, así como la simplificación y abaratamiento de los trámites supervivientes. P La desregulación (a supresión o disminución de regulaciones) en diversas áreas de la economía. P La reforma a la legislación mercantil y civil que permita un cumplimiento expedito de los contratos motivo de litigio y la ejecución igualmente expedita de las sentencias y las garantías. P La reforma constitucional para fijar límites al gasto público y la deuda pública. P La reforma fiscal que signifique la reducción de la carga y respeto al principio de equidad, así como que reduzca la dificultad y costo de los procesos de declaración y tributación. P La derogación de la reforma constitucional de 1983 que impuso la planificación estatalmente centralizada de la economía e impuso restricciones adicionales a la participación en actividades económicas. P La reforma al sistema de justicia penal que garantice la seguridad pública como condición indispensable de la cooperación social. Pero además de no subsanar las deficiencias de las reformas sí emprendidas y no realizar las reformas adicionales que eran indispensables, la clase política mexicana ha revelado una miopía extraordinaria al poner en práctica nuevas políticas, particularmente en los últimos 12 años, que sabotean el esfuerzo de corrección que parecía iniciarse con el gobierno de Carlos Salinas. Ese conjunto de políticas tienen como común denominador lo que podría denominarse como el triunfo del consenso socialdemócrata entre la clase política mexicana. Más allá de sus diferencias políticas tribales y de sus simuladas diferencias ideológicas, los políticos profesionales de los distintos partidos tienen una serie de coincidencias programáticas básicas. El principal punto de esta convergencia programática de la clase política, es la pretensión de poner en práctica el conjunto de políticas socialdemócratas que han primado en las naciones desarrolladas en las últimas décadas. Se trata de implantar en sus integridad el “Estado de bienestar” con el consiguiente establecimiento del “estado fiscal”, así como el aparato que hace posible una gran intervencionismo estatal mediante una ultra-regulación. La idea del establecimiento del “Estado de bienestar” ha ido arraigando a partir de la noción de la necesidad de la cobertura universal de los servicios básicos de salud, educación y “atención a grupos vulnerables”, así como de la noción de garantizar a toda persona un “ingreso mínimo” que satisfaría sus necesidades básicas mediante un subsidio. Para decirlo llanamente: se trata de mediante un decreto otorgar a todos los habitantes precisamente la característica definitoria de una nación que ha alcanzado el desarrollo. Esto no es otra cosa que, para decirlo gráficamente: pretender comerse el pastel antes de que esté hecho. Por ello, el insistente discurso de la clase política en el sentido de que la carga fiscal en México es (supuestamente) muy baja en comparación con naciones de similar nivel de desarrollo al mexicano, pero sobre todo en comparación con el de los restantes integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Y la inquietud de la clase política mexicana por imponer el “Estado fiscal” (el Estado que se apodera de la mayor parte de las rentas de los gobernados), se explica por el tendencial agotamiento de la producción petrolera, segunda fuente de recaudación después del expolio de los empresarios y en general de las personas que se sitúan en los dos primeros deciles de ingresos. Como parte de esta ofensiva de la clase política contra los contribuyentes se han dado una serie de pasos para aumentar la carga fiscal y los mecanismos de presión sobre los contribuyentes (el aumento del “terrorismo fiscal” y la consolidación de la anticonstitucional práctica de cárcel por deudas, en este caso fiscales). En tal sentido, bajo el gobierno de Felipe Calderón, se establecieron nuevos impuestos como el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU), el Impuesto a los Depósitos en Efectivo (IDE) y el Impuesto a las Telecomunicaciones y se aumentaron las tasas del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto Sobre la Renta (además de enésimos aumentos a impuestos especiales). De este modo, la carga fiscal representó hasta el 44% del PIB en 1983 y en el último año del gobierno de Ernesto Zedillo, el porcentaje ya era de menos de la mitad (19%), a partir del gobierno de Vicente Fox la carga fiscal repunta hasta alcanzar en la actualidad el 24% del PIB. El principio de redistribución de la riqueza es moralmente inaceptable, pero en las naciones desarrolladas su realización mediante el “estado de bienestar” había sido viable hasta hoy, porque precisamente esas naciones desarrolladas antes de proceder al reparto de la riqueza al menos ya se habían desarrollado, ya habían logrado la masa crítica de capital fundamental para la difusión del bienestar. Fue por ello que el bienestar se difundió, no gracias al “estado de bienestar”, sino pese a éste. Pretender, como pretende la clase política mexicana, repartir la tarta cuando apenas se está cocinado, equivale a impedir que la tarta llegue a cocerse. La redistribución pretendida sólo puede realizarse mediante la destrucción del capital larga y penosamente acumulado. La fiesta durará un día, pero al siguiente, el país será más pobre de lo que era hace décadas. Y este seguro fracaso no hará que la clase política se enmiende, sino que se radicalice y retorne a las viejas prácticas de expropiaciones, inflación y control de precios. Pero además, resulta absurdo y anacrónico pretender instaurar en México el Estado de bienestar, cuando este modelo está en crisis y deberá ser abandonado o seriamente limitado por las naciones desarrolladas para superar su crisis estructural. La otra faceta del consenso socialdemócrata de la clase política y que está saboteando la marcha del país hacia el estadio del desarrollo, es las ultra-regulación que difiere en dos aspectos del intervencionismo tradicional. La primera diferencia es que no está centralmente interesado en ampliar la propiedad estatal, como en tratar de controlar cada fase del funcionamiento del mercado y en general cada detalle de diversos aspectos de la vida cotidiana de los individuos. La segunda diferencia es la gran diversidad de temas para la intervención estatal, que van desde la supuesta lucha contra los monopolios hasta el control de los hábitos de los individuos y la supuesta protección del ambiente. A los nuevos discursos y prácticas intervencionistas, el ambientalismo hostil al capitalismo o claramente anticapitalista, han hecho una contribución decisiva, la mayor de las cuales es la mitología acerca del calentamiento global antropogénico. Y toda esta orientación intervencionista se ha visto reforzada con motivo de la más reciente y especialmente grave crisis económica global, provocada por el intervencionismo, pero que las clases políticas han pretendido endilgar al mercado y al capitalismo. Las principales políticas de este renovado intervencionismo desarrolladas por la clase política en los últimos años y que reproducen las políticas vigentes en las naciones desarrolladas, son:
Es decir, para los intervencionistas todos los competidores deben mantenerse en un similar nivel de mediocridad, pues de otra manera destruirán a sus contendientes ineficientes y menos competitivos y abusarán de los consumidores con precios monopólicos. La manera en que los reguladores operan esta política, constituye además un verdadero asalto contra los pilares fundamentales del estado de derecho, a saber: la presunción de inocencia (todo empresario es monopolista y reo de la justicia penal hasta que demuestre lo contrario), el debido proceso (el organismo regulador, la Comisión Federal de Competencia no tiene que probar sus acusaciones o basta con que recurra a la analogía, precisamente proscrita por el derecho penal), el derecho de audiencia, la separación entre fiscal y juzgador (la COFECO es juez y parte), la inviolabilidad de la propiedad privada, la proscripción de las incautaciones por el Estado, la libertad de comercio y la libertad contractual. La política “anti-monopolios” es profundamente anti-económica y contraria a la formación de capital, porque impide las integraciones verticales y en general las concentraciones, que son vitales para las economías de escala y la reducción de costos en beneficio del consumidor. Además somete a los empresarios a un estado de perpetua incertidumbre y terror: si suben los precios pueden ir a la cárcel, si los bajan, también.
La class action es una suerte de mecanismo que potencia el daño causado, los litigios frívolos y extorsivos que individuos venían planteando desde hace décadas contra empresas y profesionistas liberales, apoyados por abogados sin escrúpulos y jueces anticapitalistas. La diferencia es que en lugar de que sean individuos aislados los que chantajeen y extorsionen, ahora lo harán en grupo para ejercer mayor presión. De este modo, si a un grupo de enfermos de diabetes se les ocurre culpar de su enfermedad a Coca Cola, Chocolates Larín o Bimbo, se les pueden imponer a estas empresas indemnizaciones que superen varias veces su valor. El litigacionismo ha causado un enorme daño a la economía de Estados Unidos, han encarecido costos de operación que los consumidores terminan pagando y han deteriorado el “capital social”, esto es, la confianza, que es clave en la cooperación social. Por ejemplo, ahora los médicos ven en sus pacientes potenciales enemigos, de los cuales hay que protegerse mediante la exigencia de que se realicen una gran cantidad de estudios para probar que no sufren padecimientos preexistentes.
En este caso, no sólo se trata de la afectación a los derechos de los consumidores a consumir lo que le plazca, sino a las libertades contractuales, de comercio y empresa que se ven conculcadas por el creciente intervencionismo en la materia.
Si la política que se desprende de la falacia del cambio climático triunfara, esto implicaría que el cumplimiento de las regulaciones tuviera un costo colosal para las empresas y la sociedad en general, equivalente al daño y destrucción de capital que causaría una guerra mundial.
Al igual que con la redistribución de la riqueza y el “Estado de bienestar”, estas políticas intervencionistas no significan otra cosa que retrasar e impedir la formación de capital indispensable para lograr el salto cualitativo hacia el desarrollo. Es en virtud de todas estas nuevas políticas, así como de la persistencia de viejos rezagos, es que México no logra situarse entre las veinte o treinta naciones del mundo con más libertad económica y respeto a los derechos de propiedad y, por el contrario, pierde consecutivamente lugares en los respectivos rankings y pierde competitividad y oportunidades en la división mundial del trabajo. PROPUESTAS EN MATERIA ECONÓMICA Capitalismo laissez faire con un Estado mínimo La manera para que México alcance el estadio del desarrollo, se mantenga en él y observe los derechos de los individuos, es que el orden social este regido por una economía de laissez faire con un Estado mínimo o la realidad nacional se acerque lo más posible a ese modelo. La implantación de este orden social no puede ser inmediata principalmente a causa de una correlación de fuerzas desfavorable, pero en el corto plazo en un horizonte temporal de 6 años es, además de necesario, factible cuando menos: P Revertir las regresiones que se han producido con relación al (inconsecuente) proceso de corrección de los mayores excesos estatistas de los años setenta y ochenta P Frenar y revertir el proyecto de instauración del “Estado de bienestar” según el consenso socialdemócrata de la clase política. P Realizar las reformas estructurales a las que no llegó el proceso de corrección. P En general desarrollar las políticas que sitúen a México entre las 20 ó 30 naciones con mayores niveles de libertad económica y respeto a los derechos de propiedad. 1. Plena vigencia de los derechos de propiedad, por una sociedad de propietarios Un orden social liberal supone la absoluta vigencia de los derechos del individuo, en primer lugar el derecho a la propiedad como fundamento de los restantes. Todo individuo es en principio un propietario y la comunidad es una sociedad de propietarios, quienes libremente intercambian derechos de propiedad. Bajo un orden así el Estado no se proclama propietario originario de nada y no posee más propiedad que los bienes indispensables para cumplir sus tareas mínimas (seguridad pública, defensa nacional e impartición de justicia penal, civil y mercantil para hacer cumplir los contratos en casos de litigio a petición de una o más de las partes). Pero en el corto plazo es cuando menos viable lograr el reconocimiento constitucional explícito del derecho a la propiedad privada y la derogación de todas las disposiciones y mecanismos estatales que a ésta coartan, a saber: 1.1 Incluir en la Constitución el derecho a la propiedad privada como un derecho fundamental imprescriptible, inviolable, irreversible y no sujeto al “interés público” ni a ninguna otra consideración. La propiedad, debe establecer la Constitución, es un derecho inherente al ser humano, no una concesión del poder público. La propiedad privada no puede ser expropiada, ni incautada ni objeto de extinción de dominio; sólo puede afectarse mediante resolución judicial en los casos de responsabilidad penal o civil. 1.2 Consecuentemente abrogar la Ley de Expropiación y disposiciones análogas, similares y conexas, como las multas incautatorias (verbigracia las que impone la Ley Federal de Competencia por supuestas prácticas monopólicas). 1.3 Modificar el artículo 27 de la Constitución a fin de proscribir la propiedad ejidal y comunal y reconocer la propiedad privada de cada ejidatario y comunero a las tierras que poseen, de modo que con derechos de propiedad plenos sean sujetos de crédito o bien vendan sus parcelas para emprender diversos negocios. 1.4 Modificar el artículo 27 de la Constitución a fin de proscribir: la determinación por parte del Estado respecto a la extensión de la propiedad rural; la afectación de la propiedad y el reparto de tierras; la prohibición a extranjeros a poseer tierras rústicas. 1.5 Desarrollar una campaña para escriturar y registrar (de manera expedita, sencilla y al menor costo posible) los activos en posesión de las personas de escasos recursos, de modo que los mismos puedan convertirse en capital vivo y de esa manera se produzca una amplia difusión de la formación de capital en la sociedad. 1.6 Derogación de la legislación penal sobre extinción de dominio. El uso de una propiedad para actividades criminales no suprime sobre la misma el derecho de su legítimo propietario y no puede ser parte de la sanción penal (salvo para garantizar la reparación del daño). 1.7 Duplicar el término de vigencia de las concesiones y permisos concedidos por el gobierno a diversas actividades e incrementar la seguridad jurídica de concesionarios y permisionarios, de tal suerte que cancelación sólo proceda por faltas graves y reiteradas a los términos de las concesiones y permisos. 1.8 Desarrollar una política de cero tolerancia ante el delito de despojo de tal suerte de la tasa de castigo pase del insignificante 6% al 100%, pues se trata de un delito en el que la denuncia se presenta cuando el delito está en progreso y es factible la detención en flagrancia. 1.9 Garantizar la protección de la propiedad intelectual mediante su inclusión en el apartado respectivo en la Constitución y disposiciones tales como: mantener los términos de las patentes a cuando menos lo que actualmente reconoce la ley, impedir que Internet sea un espacio de impunidad para la copia ilegal (sin que tampoco se pretenda convertir a los prestadores de servicios en gendarmes) y reconocer al alquiler de organismos genéticamente modificados el status que se reconoce para todo alquiler (no da derecho a apoderarse de la cosa alquilada). 1.10 Establecer en la Constitución con carácter irreversible la prohibición a que el estado disponga de los ahorros de los particulares, ya se trate de los fondos para retiro y pensiones y demás formas de ahorro e inversión. 2. Quitar los vetos a la iniciativa privada. Para alcanzar el desarrollo y hacer valer realmente los derechos de propiedad es menester que haya la más amplia libertad para hacer con la propiedad lo que se desee: producir, comerciar, consumir, ahorrar. Sin estas libertades el derecho de propiedad es prerrogativa vacía. La libertad económica plena supone que ninguna área de actividad económica esté vedada a la iniciativa privada y que las áreas en donde la iniciativa privada ya existe, se levanten todas las restricciones respectivas. Para avanzar hacia ese gran propósito, en el corto plazo son viables las siguientes acciones: 2.1 Derogar las prohibiciones constitucionales a la participación de los particulares (ya se traten de nacionales o de extranjeros) en: la producción y comercialización de energía eléctrica; la exploración, explotación, producción y comercialización de hidrocarburos; el aprovechamiento de los combustibles nucleares para la generación de energía nuclear; correos, telégrafos y radiotelegrafía y en general a cualquier área de actividad económica. 2.2 Reformar las disposiciones constitucionales en materia de monopolios. Sostener la prohibición de los monopolios, pero definir a estos como las concesiones de explotación exclusiva de una actividad económica que el Estado otorga a particulares o a sí mismo. Derogar por tanto de Ley Federal de Competencia Económica y las sanciones contra supuestas prácticas monopólicas absolutas o relativas. Como parte de esta reforma deben derogarse todas las prohibiciones a procesos concentración de empresas. 2.3 Revisar exhaustivamente el marco legal y las normas administrativas a fin de reducir drásticamente las barreras de entrada a actividades económicas que aún sigan reguladas, particularmente en materia de telecomunicaciones. 2.4 Derogar toda prohibición contra la libre competencia, como la apertura y operación de empresas comerciales para favorecer a otras y establecer en la Constitución la prohibición a autoridades federales y locales a imponer tales prohibiciones. 2.5 Realizar las reformas necesarias para que el aparato de justicia imponga un cumplimiento expedito de los contratos motivo de litigio y la ejecución igualmente expedita de las sentencias y las garantías. 3. Avanzar hacia la plena liberalización del mercado y el abatimiento del intervencionismo estatal El mercado es orden espontáneo por el cual los seres humanos desarrollan sus relaciones económicas de manera voluntaria y mutuamente beneficiosa para las partes. Una sociedad libre supone entonces que el mercado se desenvuelva sin injerencias del Estado y se autoregule. Para avanzar a esa condición, en el corto plazo son necesarias y viables las siguientes acciones: 3.1 Establecer en la Constitución como derechos fundamentales, imprescriptibles e irreversibles, los relativos a la libertad de los individuos para producir, comerciar, consumir y ahorrar sin más restricciones que el respeto a los derechos de los demás individuos. Sólo las actividades propias de un Estado mínimo (seguridad pública, defensa, impartición de justicia) se consideran restringidas y son en principio monopolio estatal. Esto implica cesar el proceso de inflación de leyes y normas administrativas (que además acrecienta la incertidumbre jurídica) y desarrollar un proceso creciente de desregulación. 3.2 Supresión de la gran mayoría de los trámites y requisitos para la apertura, operación y cierre de negocios, así como la simplificación y abaratamiento de los trámites supervivientes. 3.3 El proceso desregulación completa o parcial de actividades económicas, la reducción de trámites y la simplificación de los supervivientes debe partir de tres principios fundamentales: P Los propósitos de las regulaciones no pueden ser el tratar de inducir la producción, el consumo, el intercambio y el ahorro en un determinado sentido. P Salvo las regulaciones relativas a sanidad y protección civil o que pueden tener impacto en la tributación, pueden considerarse en principio como necesarias. P Base cero, esto es, partir de que toda regulación, norma o requisito no es válida hasta demostrar su utilidad. 3.4 Establecer en la Constitución y leyes derivadas la prohibición expresa al control de precios en todas sus formas. Consecuente derogación de la fijación de un precio único para el libro. Supresión del requisito de registro de precios a los productores, comerciantes y prestadores de servicios. 3.5 Implantación del patrón oro como medida previa hacia la final privatización de la moneda 3.6 Mantener el mandato legal del Banco de México de controlar la inflación e imponer restricciones severas a la expansión monetaria y crediticia. 3.7 Abandono definitivo de toda forma de control de cambios y las intervenciones del Banco de México para sostener el peso. 3.8 Abandono definitivo de fijación estatal de tasas de interés y de disposiciones para que el estado induzca u obligue a las instituciones financieras a conceder créditos. 3.9 En un periodo de transición previo a la desregulación total, la regulación estatal de los bancos e instituciones financieras debe orientarse a fijar como requisito fundamental del crédito el que mantengan una reserva 100% sobre los depósitos, pero bajo las formas de oro y letras de cambio. 3.10 Prohibición constitucional de rescates de bancos y de cualquier otra empresa por parte del Estado. 3.11 Reducción progresiva hasta su desaparición de aranceles y restricciones no arancelarias del comercio exterior, incluyendo las cuotas o cupos, a sí como los permisos de importación. La proliferación de acuerdos de libre comercio debe ceder su paso paulatinamente a la apertura comercial completa y unilateral. 3.12 Reducción progresiva hasta su desaparición de las Normas Oficiales Mexicanas y las disposiciones relativas al etiquetado, envasado y embalaje de los productos. 3.13 Abolición de las facultades de registro e incorporación de escuelas, determinación del curriculum, supervisión, acreditación y certificación profesional de la educación privada, para que ahora si lo sea y no mera educación de paga. 3.14 Levantamiento a la prohibición de la libre compra-venta de medicamentos. 3.15 Levantamiento de prohibiciones relativas a la venta y consumo en locales comerciales de alimentos, alcohol y tabaco. 3.16 Levantamiento de prohibiciones relativas a la publicidad. 3.17 Reforma a la legislación laboral a fin de abolir: las cláusulas de exclusividad y exclusión de los sindicatos; la afiliación no voluntaria a los sindicatos; el impedimento de la negociación individual entre empleados y empleadores; el descuento al salario de cuotas sindicales; el registro de asociaciones sindicales ante el gobierno; el arbitraje obligatorio en los conflictos laborales; los contratos-ley; el registro de los contratos colectivos por el Estado; el salario mínimo obligatorio; las restricciones a las diversas modalidades de contratación y al despedido según decisión discrecional del empleador; la enajenación temporal de los centros de trabajo durante las huelgas y la prohibición a los patrones de contratar empleados sustitutos; la obligatoriedad de la capacitación del empleado con cargo al empleador. Derogación del principio de inamovilidad de los burócratas, que impide su despido. 3.18 Supresión de todas las prohibiciones a los juegos de azar y las apuestas. 3.19 Derogar los artículos del código penal que tipifican los llamados “delitos contra la economía popular” y la usura. 3.20 Preservar y mejorar todas las actuales disposiciones y prácticas favorables a la libertad económica. 4. Reducir sustancialmente el tamaño y costo del Estado En orden liberal genuino el Estado se reduce a su mínima expresión, a las únicas tareas legítimas de la seguridad pública, la defensa nacional y la impartición de justicia. Pero este proceso no puede ser inmediato porque la correlación de fuerzas no lo permite, porque la expansión del Estado ha desarrollado una vasta red de intereses creados que ven en los subsidios un “derecho”, una conquista irrenunciable. Por tanto, en el corto plazo lo que es viable es contrarrestar la tendencia hacia el expansionismo estatal (que se expresa principalmente mediante la construcción del Estado de bienestar) e ir reduciendo las dimensiones de la administración pública. Las medidas en tal sentido son de dos tipos principales: por un lado, la reducción del aparato burocrático como resultado de las privatizaciones, desregulaciones y la austeridad y, otro, la entrega directa de los subsidios, sin la mediación de la burocracia y la clase política: 4.1 Derogar de la Constitución los artículos 25 y 26 que establecen la rectoría del Estado sobre la economía y la planeación central de ésta. 4.2 Reformar la Constitución de tal suerte de que sean suprimidos los falsos derechos sociales como los relativos a la salud, la educación, la alimentación, la vivienda o al trabajo y que no son otra cosa que la imposición de la obligación a una parte de la sociedad de subsidiar a otra de manera permanente. La reforma debe estipular en un artículo transitorio que los subsidios entrarán en un proceso gradual pero irreversible de reducción hasta su completa desaparición, sin posibilidad de restauración. 4.3 Privatizar PEMEX sobre la base de la emisión de un número de acciones equivalente a la cifra de mexicanos adultos y la entrega de una a cada uno, con lo cual serán accionistas con pleno derecho. Las acciones darán derecho a una participación alícuota en los rendimientos de la empresa, la cual deberá operar como toda empresa privada rentable que ni recibe ni otorga subsidios. La ley de privatización de PEMEX debe establecer los mecanismos por los cuales accionistas pueden constituir nuevas empresas de hidrocarburos. 4.4 Establecer el bono educativo como mecanismo para la entrega directa a los beneficiarios (o sus padres) del subsidio para educación (descontando la parte que ya recibieron por vía de la participación de las ganancias de PEMEX). 4.5 Establecer el bono de salud como mecanismo para la entrega directa a los beneficiarios (o sus padres) del subsidio para la salud (descontando la parte que ya recibieron por vía de la participación de las ganancias de PEMEX). 4.6 Establecer un mecanismo de entrega directa del subsidio específico para personas en condiciones de pobreza extrema (descontando la parte que ya recibieron por vía de la participación de las ganancias de PEMEX). 4.7 Privatizar del sistema de seguridad social y entregar las instalaciones y equipo de las actuales instituciones de seguridad social sus trabajadores, para que constituyan empresas que compitan por el favor de los asegurados. 4.8 Proceder a la liquidación o supresión gradual de todas las entidades paraestatales y organismos descentralizados, en primer lugar y con especial urgencia: Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Comisión Federal de Competencia, Comisión Intersecretarial del Cambio Climático, Comisión Nacional para el Ahorro de Energía, Comisión Nacional de Salarios Mínimos, Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Instituto Nacional de las Mujeres, Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Agencia Espacial Mexicana y todos los fideicomisos. 4.9 Supresión de las secretarías de estado de Turismo, Desarrollo Social (que se convertiría en un departamento administrativo para el registro de beneficiarios de subsidios), Energía, Trabajo y Previsión Social, Reforma Agraria y Economía, en virtud de su inutilidad en las condiciones de liberalización de la economía. 4.10 Realizar una revisión exhaustiva de la justificación de cada órgano y puesto de la estructura superviviente al proceso de supresión de secretarías de estado. 4.11 En consonancia con la desregulación, la simplificación y la evaluación de la justificación de cada órgano y puesto, proceder a la supresión de la mayor parte de los órganos de las secretarías supervivientes, mediante desaparición, fusión o disminución del nivel jerárquico. 4.12 Establecer una política de no creación de nuevos órganos y puestos, así como de reducción en un 30% de la plantilla administración pública federal en un plazo de seis años. Como parte de ello promover la jubilación anticipada del personal de base. 4.13 Realizar una evaluación exhaustiva a fin de eliminar todo gasto superfluo en la administración pública local y en primer lugar el gasto en propaganda, rubro que corresponde a los egresos de un régimen totalitario. 4.14 Realizar una revisión exhaustiva de todas las normas administrativas a fin de suprimir todas las estipulaciones innecesarias, injustificadas, contradictorias y reiterativas, de modo que se concrete una completa simplificación de la administración pública. 4.15 Reforma constitucional para imponer límites claros al gasto público y el endeudamiento público. 4.16 Aprobar, con propósitos de austeridad, una ley general en materia de salarios, prestaciones y servicios personales para los poderes federales y locales y los tres niveles de gobierno. 4.17 Como parte tanto de la reforma política como de la estrategia de austeridad, realizar la reforma constitucional y legal para suprimir el sistema bicameral del Congreso de la Unión, contar con un solo cuerpo de representantes exclusivamente de mayoría y en un número de 175 (este es el número de veces en que la población del estado menos poblado –Colima- cabe en la población nacional). 4.18 Desarrollar un política anti-corrupción basada en la desintervención estatal, la desregulación, la simplificación administrativa, la disminución del tamaño del Estado y de su gasto, la privatización del mayor número de servicios que sea posible, la transparencia y máxima publicidad, la cero tolerancia a la falta de integridad, la creación de “ínsulas de integridad” y la supervisión vigilancia internas de carácter pro-activo. 5. Disminuir la carga fiscal para alentar el crecimiento y favorecer la formación de capital En un orden liberal pleno la carga fiscal es la estrictamente necesaria para sostener a un Estado mínimo y la forma de tributación indica es un impuesto único de tasa única al consumo. Para avanzar hacia tal objetivo estratégico, en el corto plazo las políticas viables son: 5.1 Establecer como principio constitucional irreversible un límite máximo a la carga fiscal y las obligaciones del contribuyente. 5.2 Establecer como principio constitucional imprescriptible e irreversible que los adeudos fiscales, como cualquier otra deuda, no son materia de derecho penal y por ende no se pueden castigar con pena corporal. 5.3 Introducir como principio de política fiscal la previa justificación del gasto y la estrategia de reducción gradual de los subsidios (hasta lograr la supresión total en 30 años). 5.4 Disminuir el gasto público en proporción a la participación de los habitantes en las utilidades de PEMEX, en su calidad de socios de la empresa. 5.5 Derogar los impuestos existentes con excepción del IVA y del ISR y no crear nuevos impuestos. 5.6 Reducir paulatinamente la tasa del ISR hasta su supresión y sostener exclusivamente un impuesto generalizado sobre el consumo en tasa suficiente para sostener el gasto público sin déficit, sin endeudamiento y sin recurrir al señoriaje. 6. Proteger ambiente y salud mediante una amplia difusión de los derechos de propiedad La mejor manera de preservar el ambiente a fin de que sea aprovechado por el hombre, es la máxima difusión de los derechos de propiedad, para así superar la “tragedia de los comunes”. En un orden liberal la totalidad o la mayor parte de los recursos naturales tienen propietarios, quienes los preservan. La protección de los derechos de propiedad y otros derechos del individuo que de los primeros se desprende, es también la mejor manera de proteger la salud y demás intereses de las personas contra la contaminación ambiental. En el corto plazo, el avance hacia esos objetivos estratégicos se da mediante las siguientes políticas: 6.1 Realizar un amplio programa de transferencia de recursos naturales “propiedad de la Nación” (bosques, selvas, litorales, pesquerías, parques nacionales) a los particulares o cuando menos establecer concesiones de duración de 99 años que pueden ser refrendables. 6.2 Consolidar la justiciabilidad de la protección del individuo contra la contaminación y la afectación de salud, como parte de sus derechos fundamentales a la vida, la integridad personal y la propiedad (y siempre sobre la base de la demostración científica de los daños causados) y no como parte de los falsos derechos “económicos, sociales, culturales y ambientales”. 6.3 Denunciar los pactos internacionales signados por México relativos al calentamiento global y otros contrarios al progreso, los cuales están basados en mitos y “ciencia” basura y son parte de la agenda colectivista y totalitaria que pretende el establecimiento de un gobierno mundial. 6.4 Abrogación de las obligaciones impuestas a escuelas y empresas privadas, así como padres de familia, de uso de transporte colectivo con pretextos de protección del ambiente y la salud. 6.5 Abrogación de las prohibiciones y restricciones a la fabricación y uso de vehículos automotores a gasolina como parte de la política contra el inexistente cambio climático antropogénico y demás medidas de ahorro compulsivo de energía y uso de hidrocarburos como combustibles. 6.6 Abrogación de las prohibiciones impuestas contra el uso de pesticidas. 6.7 Abrogación de las prohibiciones impuestas contra el plástico. 6.8 Sostener la autorización a la producción conforme a organismos genéticos modificados. |