Brasil regresó a la democracia en 1985. Se redactó una nueva constitución en 1988 (a favor de la intervención en la economía, ahora con 53 enmiendas), pero la vida económica brasileña empezó a cambiar en 1990, cuando tomó posesión el presidente Fernando Collor de Mello. Fue encausado dos años después. La noción prevaleciente es que fue encausado por corrupción, pero un análisis más profundo muestra que perdió el poder por su inhabilidad para negociar con el Congreso y especialmente a causa de las profundas reformas que estaba implementando para abrir la economía. Por primera vez en la historia de Brasil, el país estaba vendiendo compañías pertenecientes al estado y reformando el gobierno federal con la eliminación de viejos e ineficientes ministerios y secretarías.

Muchos empleados gubernamentales fueron cesanteados y comenzó un rígido control de gasto s gubernamentales, seguido de reducción de impuestos. Ese fue el principio de algunas reformas liberales. Sin embargo, el encausamiento vino esencialmente porque los políticos estaban perdiendo poder con las  reformas. El sistema empezó a obstaculizar la corrupción endémica y “la ayuda a cambio de votos” en las áreas más pobres del país. Al final de su mandato, había reducido el impuesto promedio estatal del 24 al 22% del Producto Nacional Bruto.

El control de la inflación seguía siendo el tema principal en la economía brasileña. El vicepresidente asumió el poder y nombró a Fernando Enrique Cardoso (que sería el nuevo presidente) como ministro de Economía. El introdujo el “Plan Real” a fin de detener la inflación. El plan fue exitoso en controlar la inflación y él fue electo como nuevo Presidente.  

En su presidencia, Cardoso continuó con algunas de las reformas iniciadas por el presidente Collor, pero no todas. Además, supo negociar con el congreso brasileño, “permitiendo” la corrupción en algunas áreas, a cambio de votos y estabilidad. La reforma más importante fue el proceso de privatización de las compañías estatales, llamadas PND. Se diseñaron dos leyes para establecer el proceso de privatización: La ley 8,987 (en 1995) y la ley 9,074 (en 1995).

Durante la presidencia de Cardoso se vendieron muchas compañías estatales, como Embraer (Industria aeronáutica), Compañía Vale do Rio Doce –CVRD (Industria minera), Embratel (telecomunicaciones), y parte del sector eléctrico. El sector petrolero también fue parte de las reformas. Se reformó la constitución para permitir que compañías extranjeras hicieran investigaciones y extrajeran petróleo en Brasil . Petrobrás, la compañía petrolera propiedad del estado, no fue vendida y siguió en manos del gobierno.  

El concepto del modelo económico brasileño ha cambiado en los 1990s. Antes de las reformas, había muchas compañías estatales y los sectores estaban regulados por los ministerios, que seguían regulaciones gubernamentales que podían cambiar de tiempo en tiempo.

Después del proceso de privatización, se crearon agencias reguladoras para representar el estado, independientes del gobierno. Antes que nada se crearon tres agencias: ANP (petróleo y gas), ANEEL (energía eléctrica) y ANATEL (telecomunicaciones). Más tarde, con la privatización de los caminos y la desaparición de algunas estructuras gubernamentales,  se crearon ANTT (Caminos y trasporte), ANAQ (Suministro de agua), ANA (Agua), ANAC (Transporte aéreo), ANS (Salud), y ANVISA (Asuntos sanitarios). El concepto primario era el de dejar al gobierno y sus minis terios con la carga de establecer las políticas, y a las agencias con el deber de la regulación y el control fiscales.         

Después de eso, el Congreso sólo adoptó pequeñas reformas. Una vez reelecto, el presidente Cardoso tuvo un segundo término difícil, debido a crisis energéticas y la devaluación de la moneda brasileña (el real). 

No debemos olvidar que Cardoso es un social demócrata y que muchas de sus reformas eran urgentes para la economía, porque el estado no podía permitirse financiar sus propias compañías. Las reformas eran indispensables pero ideológicamente no eran convicciones de un social demócrata brasileño como  Cardoso.

Como prueba está el hecho de que su gobierno no preparó ni propuso reforma alguna de las leyes sindicales ni de cualquier otro sector para reducir la intervención estatal.  

Durante los años de Cardoso, el congreso aprobó una reforma de la seguridad social en el sector privado, pero no pudo aprobar la reforma de las pensiones públicas. Al final de su segundo término, el estado gravaba el 36% del Producto Nacional Bruto.  

El segundo término de Cardoso no fue muy exitoso. Su candidato, un economista social demócrata de su partido (PSDB) y exministro de Salud que favorecía la intervención, perdió las elecciones presidenciales contra Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT). 

Lula, durante su primer término, aprobó la nueva ley de Bancarrota y dos reformas: el sistema de pensiones públicas y la reforma fiscal. Ambas eran muy tímidas. Las agencias reguladores perdieron mucho poder, se lo retornaron a los ministerios, y el escenario cambió para algunos inversionistas. Después de eso, su gobierno se vio involucrado en una fuerte crisis política, cuando su jefe de Despacho fue acusado de comprar el apoyo del congreso mediante sobornos y dinero sucio.

Comisiones especiales investigaron y probaron muchas de las acusaciones. Su Jefe de Personal fue acusado por el Fiscal General y perdió su mandato en el Congreso. Muchos de los otros miembros involucrados, incluyendo el ministro de Finanzas, fueron reelectos para el Congreso en 2006, cuando Lula fue reelecto por cuatro años más, hasta el 2010. En enero de 2006, el Partido de los Tr abajadores del presidente ganó la elección interna en el congreso y ahora controla la Cámara de Representantes (Cámara dos Deputados). 

Definitivamente, no se esperan reformas liberales como reformas de libre mercado y acuerdos de libre comercio con Estados Unidos durante el segundo término de Lula. Acaba de anunciar un programa para la aceleración económica, basado en iniciativas  estatales, para mejorar la economía brasileña. Sus iniciativas no incluyen eliminar regulaciones, reformas constitucionales o privatizaciones. Al final de su primer término, el estado gravaba entre el 39 y el  40% del Producto Nacional ruto. En algunos sectores alcanza del 55 al 60%. 

El gobierno federal sigue siendo propietario del mayor banco del país, el Banco do Brasil, y de la mayor compañía  petrolera, Petrobras.  Lula tiene 34 ministerios (Collor tenía 12 y Cardoso 24), y el estado abre más vacantes cada año. Durante el primer término de Lula, se crearon más de una docena de compañías pertenecientes al Estado.   

Para mejorar la economía, Brasil necesita desesperadamente algunas reformas que Lula no va a proponer ni a permitir. 

 

Independencia del Banco Central.

 Reforma de leyes laborales

 Reforma de leyes sindicales.                                                                                       

 Reforma de leyes fiscales (Reducción de impuestos y racionalización de los tres niveles, local, estatal y federal) – Actualmente hay 74 diferentes clases de impuestos en Brasil.

 

Privatización.

Reforma política.

Reforma de la seguridad social.

Abolición de regulaciones y reducción de la intervención estatal (reducción de la corrupción y burocracia).

Reducción del Estado (reducción de la corrupción).

Reforma Jurídica (actualmente cualquier proceso puede tomar 15 años, debido a las diferentes clases de apelaciones en los distintos niveles).

 

Racionalización de las leyes ambientales. (Actualmente ocasionan intervenciones a distintos niveles, locales, estatales y federales, puesto que la obtención de permisos para iniciar negocios  puede tomar más de tres años.)

 

Más independencia para las agencias reguladoras. 

Desde el regreso a la democracia, de 1985 a 2005, Brasil está creciendo a un promedio de 2.62% anual. A continuación, los promedios desde 1985: 

1985-1989: 4,39%
1990-1994: 1,18%
1995-2002: 2,33% 

Sólo para constancia, estos son los promedios desde 1952 a 1984:

1952-1963: 6,99% (gobierno democrático)
1964-1984: 6,22% (gobierno militar)

 

El mercado de trabajo brasileño tiene serios problemas. Alrededor del 55% del mercado laboral de Brasil es informal. El otro 45% está copado por la CLT (Concolidacao das Leis Trabalhistas), la ley laboral brasileña, escrita en los 1940s e inspirada en la “Carta di Lavoro” (Carta del Trabajo), la ley laboral italiana durante los años de Mussolini. Las regulaciones de la ley laboral brasileña aumentan los costos a un nivel del 103.46%. Así que a cualquier empleador un trabajador  le cuesta un 103.46% más que su propia remuneración. Cuando se ocupa una plaza laboral, el estado gana más en ella que el propio trabajador. Como resultado, hoy en día el sector informal es mayor que el formal. A principios de 2006, el desempleo bajó de 9.8% a 9.2%.  

 

Brasil no es atractivo ni para los inversionistas extranjeros ni para los nacionales. La tasa real de interés anunciada por el Banco Central en enero es de 13.19%, una de las más altas del mundo. Algunos dicen que la estabilidad de Brasil está basada en tasas altas de interés que evitan el consumo y controlan la inflación. En tal caso, el país debía efectuar reformas estructurales liberales y abolir regulaciones a fin de crear empleos y promover inversiones foráneas y domésticas y, al mismo tiempo, reducir lentamente las tasas de interés.