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México: Un país de esclavos o un cementerio sin cruces La cifra, de alrededor de 27 mil desaparecidos en México es tan alta, que muchos aseguran que la mayaría están vivos. Y si se tiene en cuentas el volumen de las operaciones que realizan las organizaciones criminales es fácil comprender la necesidad que tienen de una gran fuerza de trabajo. Este fenómeno ya se tipifica como la esclavitud moderna. Los esclavos laborales se deben a la necesidad que tienen las organizaciones criminales de profesionales y personal calificado para sus labores. Esa alta cifra de secuestrados, o tal vez superior, y unos 70 mil muertos contabilizados hacen de México un país de esclavos o un cementerio sin cruces. Sin embargo, las autoridades mexicanas, incluidas las del gobierno anterior, no reconocen la violencia en México como un grave problema de la nación. Tipifican la violencia como hechos aislados, focales como dicen ellos, y que no es más que una pugna entre delincuentes. Y otros relacionan la violencia con la situación social, aspectos que muchos consideran como la principal causa, pero aunque en algo incide, no hay nada que sustituya el incentivo económico que generan las actividades del crimen organizado. Siempre la sociedad generará el potencial humano suficiente para satisfacer las necesidades estructurales de la operación criminal. La capacidad operativa y el manejo y uso de altas sumas de dinero en efectivo, hace imposible competir con el mecanismo funcional, de las organizaciones criminales. Sin embargo, la impunidad con que operan los criminales mexicanos es el mayor incentivo para seguir delinquiendo. No hay una estadística precisa y transparente de carácter público que determine la tasa de casos resueltos, pero reportes locales demuestran que el por ciento es bajísimo. En México existen 26 mil 121 personas registradas como desaparecidas, informó la subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Lía Limón. Sin embargo, hay poquísimas personas consignadas por esos hechos, si es que las hay. De igual forma, de los más de 70 mil homicidios, son muy pocos los casos resueltos, en comparación con tan elevada cifra. Y lo que más molesta es la indiferencia que todas las instituciones tratan a los familiares de las víctimas. Los testimonios son espeluznantes, y es igual en todas las dependencias del territorio nacional. Y todo eso hay sumarle el silencio, al contrario de Colombia, cuando todos los medios estaban dispuestos a divulgar todos los mensajes, incluso los comunicados de las familias. No existe una voluntad política de las autoridades mexicanas para enfrentar al crimen organizado en todas sus facetas. No es menos cierto, que los organismos internacionales, como la propia Amnistía Internacional están ejerciendo una gran presión. En un informe la organización internacional consideró necesaria la participación de organizaciones sociales y de familiares de víctimas el “en el diseño e implementación de las medidas preventivas y las investigaciones” y que se debe contar con la participación activa de organizaciones de familiares de desaparecidos y de derechos humanos para “garantizar su eficacia”. Además de que deberán ser consideradas en el “proceso de identificación de cuerpos en fosas comunes y morgues”. “ignorados y hasta criminalizados por sus esfuerzos para obtener la verdad y justicia”.
A pesar de esas recomendaciones, y nuevas estructuras creadas para
atender a los secuestros y también la promulgación de la Ley de
Victimas, la realidad es que ni las instituciones funcionan, ni los
familiares son atendidos correctamente para que jueguen ese papel
que Amnistía Internacional recomienda. En su informe Los
Desaparecidos en México. El persistente costo de una crisis
ignorada, Human Rights Watch detalla que la crisis de extraviados en
México es peor que en otros países de América Latina. Sin embargo,
la peor diferencia con respecto a otros países es que las
consecuencias del crimen organizado no constituyen un problema de
Estado en México y su tratamiento no representa un problema
político. Por tal motivo, no se trazan política para combatir ese
delito como tal. Otra manera efectiva de enfrentar al crimen organizado sería ir contra su patrimonio, pero aquí sucede lo mismo, falta el valor político para hacerlo, ya que se conoce, de empresas importantes que se financian por medio del narcotráfico y otras modalidades criminales y no pasa nada. Incluso, cuando se captura un capo de la altura de Miguel Angel Triviño Morales, no se ve que las autoridades se hayan tirado contra su patrimonio, ni de su captura se hayan desprendido grandes confiscaciones y arrestos. En otro orden, su captura no tendrá estructuralmente mayor impacto, ya que los Zetas trabajan a nivel de franquicias. A esto se suman otras evidencias, que ignorarlas sería ir contra la natural inteligencia humana. Por ejemplo, el municipio Camargo en Chihuahua está controlado totalmente por el crimen organizado mediante narco-impuestos, control a la compra y venta de ganado, metales, producción de carbón, y un control singular a la pesca y cooperativa en la presa, afirman varias fuentes en la Internet. Los desplazados son otras víctimas por la violencia del narcotráfico, a los que muy poco se les tiene en cuentas. Según el portal Animal Político, la cifra podría alcanzar unas 141 mil 900 personas desplazadas producto de la violencia. Estos desplazados dejan su territorio en manos de los delincuentes y sus bienes se convierten en botín para los malhechores, tanto de la delincuencia común como del crimen organizado. Unas de las variables que sustenta la teoría del secuestro laboral son los volúmenes de dragas y la infraestructura productiva de las bandas criminales. Según un informe de la Sedena, del 1 de diciembre de 2012 al 14 de julio del presente año fueron asegurados más de 454 mil kilos de marihuana y dos mil 223 kilos de semilla. Además se destruyeron 20 mil 322 plantíos de esta planta, ubicados en dos mil 866 hectáreas. El informe detalló, además, que fueron asegurados 472 kilogramos de semilla de amapola, 65 kilos de heroína y 201 kilos de goma de opio y fueron destruidos 73 mil 958 plantíos de amapola, ubicados en 11 mil 327 hectáreas. En ese mismo período, la Secretaría de la Defensa aseguró mil 690 kilos de cocaína, tres mil 429 kilos de metanfetaminas y 72 laboratorios clandestinos, donde se elaboraban sustancias ilegales. A todo eso se suma el decomiso de cinco mil 918 vehículos terrestres, 17 aeronaves, 19 embarcaciones y 120 pistas clandestinas de aterrizaje, como parte de los resultados obtenidos en la lucha contra el narcotráfico. Durante el referido período, también fueron confiscados dos millones 620 mil 66 dólares americanos y 13 millones 348 mil 616 pesos mexicanos. Rebeló el informe de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Un simple análisis de dichos datos demuestra la capacidad económica
y productiva de los carteles mexicanos, su diversidad y empleo de
fuerza laboral y tecnológica. Ese es uno de los argumentos, en los
que las familias de los desaparecidos se sustentan, para pensar que
su familiar es uno más, de los que posiblemente se encuentran
sometidos laboralmente al crimen organizado. Los trabajos de ingenierías son precisos, para que los túneles salgan exactamente en el punto correcto en EU. Se cree que utilizan brújulas para ayudar a guiar su trabajo, pero la intriga está en cómo se las ingenian para lograrlo, sin equipos de posicionamiento global y que además, no funcionarían en el subsuelo. Lo que sí es seguro, que detrás de todo esto hay un personal bien calificado, y muchos de los ingenieros desaparecidos, pudieran ser parte de esta ingeniosa construcción de túneles. Sin embargo, los túneles no son la única actividad a la que no se le encuentra una interpretación lógica. El crimen organizado ha extendido sus redes a otras áreas totalmente impensables. Se trata de los hidrocarburos, del saqueo del “condensado” de gas natural. Desde hace años, se ha montado una compleja red en México y Estados Unidos, mediante la cual se roban y contrabandean millones de litros de ese producto petrolero. Por tal razón, Pemex presentó demandas contra más de 20 empresas estadounidenses, entre ellas la filial de Basf, que se nutrían con condensado robado por Los Zetas. Y aunque son números estimados, el daño económico de esa exportación ilegal se calcula en 3 mil millones de pesos. El saqueo podría ser mayor, pues es un problema creciente. Tanto que el propio Pemex alertó en un reporte oficial: “Los sistemas de ductos en el país están tomados, prácticamente, por bandas del crimen organizado, asociadas a grupos fuertemente armados”. Algunos portales de Internet aseguran que los millones de barriles de hidrocarburos robados permanecen poco tiempo en México. En cuestión de días, a veces de horas, el condensado es transportado hacia Estados Unidos y los compradores no son desconocidos, sino empresarios con carreras sobresalientes, algunos ex empleados de alto nivel, o representantes de grandes consorcios petroleros. En las demandas se muestra cómo funciona el esquema de saqueo a las instalaciones de Pemex, mediante una red de distribución y venta ilegal de hidrocarburos que, al igual que otros negocios exitosos del crimen organizado, tienen estrategas operando en la frontera entre los dos países, México y Estados Unidos. Un grupo liderado por Los Zetas aprovecha la extensión del complejo de Burgos, para extraer millones de litros de este producto y transportarlo a la frontera con los Estados Unidos, sin ser descubiertos. “En ocasiones el volumen sustraído por estos grupos criminales ha llegado a representar el 40 por ciento de la producción anual de Burgos”, según la acusación de Pemex presentada en la Corte del Distrito Sur de Texas, el 7 de junio de 2010.
La magnitud del crimen organizado en México y su entramado con los Estados Unidos es evidencia suficiente para entender que detrás de todo esto algo se oculta, por intención o por omisión. Es notable, que no existe la voluntad para erradicarlo, pues de quererlo les sería imposible a las organizaciones delictivas mantener este nivel de operaciones. Finalmente se puede apreciar que es un gran problema, que si se quiere resolver se debe encarar con valentía política, compasión humana e inteligencia, pues los recursos para lograrlo existen. Y desvirtuar la atención con discusiones tontas como despenalizar o no la mariguana, que es lo de menor importancia en todo este asunto. De lo contrario, México seguirá siendo un Estado fallido, y Estados Unidos, que ponga sus bardas en remojo. 12 de agosto del 2013
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